Imputados 'sine die'

El exgerente de Urbanismo y vicepresidente de la Asociación de Interés Económico (AIE) de Sevilla, Manuel Marchena, está oficialmente implicado en el caso Mercasevilla desde el 12 de febrero de 2010. Pero 14 meses después, Marchena, el primer ex alto cargo del Ayuntamiento de Sevilla implicado en el caso y colaborador de máxima confianza del alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín (PSOE), todavía no ha sido llamado a declarar. Su caso es el más llamativo, pero no el único, de una fórmula que ha repetido la juez Mercedes Alaya con los imputados de más peso político en las investigaciones de Mercasevilla y de los ERE y que ha hecho que algunos implicados se quejen de estar sometidos a una "imputación mediática".

El exgerente de Urbanismo aguarda comparecer desde hace seis meses

El exconsejero de Empleo solo ha recibido un burofax del juzgado

El último en sumarse a esta lista es el teniente alcalde de Sevilla y candidato municipal por IU, Antonio Rodrigo Torrijos. La juez avisó en octubre de 2010 de que lo citaría, ya fuera en calidad de testigo o de imputado. Hasta el pasado 7 de abril no despejó las dudas. Ese día firmó el auto para imputarle formalmente por una trama del caso Mercasevilla y, desde entonces, Torrijos ha criticado la forma de actuar de Alaya, que ha tardado más de 10 días en notificarle la imputación y que no concreta los delitos que le atribuye.

Marchena, imputado formalmente desde hace seis meses, tampoco sabe de qué se le acusa. Al contrario de lo que suele ser habitual, la magistrada no detalló los delitos en el auto de imputación ni su supuesta relación con la venta irregular de los suelos. Su abogado, José Ignacio Manzaneque, admite que la juez no tiene un plazo máximo que cumplir desde que implica a alguien hasta que lo cita a declarar, pero asegura que la situación que está viviendo el exgerente de Urbanismo "no es normal". "Somos muy respetuosos con las decisiones de la juez. Entiendo que es un caso complejo, con muchas ramificaciones y toma de testimonios, pero no parece lógica esta situación", afirma el abogado, que cree que existe una "dilación" que está produciendo en su cliente "cierta inseguridad jurídica".

La primera implicación de Marchena en el caso Mercasevilla se produjo el viernes 12 de febrero de 2010, cuando Alaya pidió a la policía judicial que lo investigara después de que el promotor de Larena98, Antonio Pardal, le acusara de ofrecerle el amaño de concursos para construir viviendas de protección oficial (VPO). Marchena se presentó en el Juzgado de Instrucción 6 el lunes siguiente para ofrecerse a declarar, pero la magistrada no pudo recibirle.

La policía judicial tampoco le llamó y el exgerente de Urbanismo no tuvo más noticias del juzgado hasta octubre, cuando se produjo su imputación formal por las presuntas irregularidades cometidas en la venta de suelo de Mercasevilla. En el mismo auto, Alaya imputó a la subjefa del Servicio de Licencias de Urbanismo, Emilia Barrial, que sí fue ya citada para prestar declaración. Lo hizo el 23 de diciembre, un día después del que Alaya había señalado para que Marchena compareciera, según un auto hecho público en noviembre por la juez. Sin embargo, la instructora avisó al exgerente de Urbanismo de que su declaración se posponía "sine die", sin especificar por qué. Desde entonces, el entorno de Marchena asegura que no ha vuelto a recibir ningún escrito del juzgado.

Su abogado prefiere mostrarse cauto y dejar que el tema "siga su curso". En lo que sí se muestra tajante Manzaneque es en subrayar que no hay pruebas que sostengan la imputación de su cliente. "No hay nada y estamos tranquilos, pero cuanto antes se despejen las dudas, mejor", señala el abogado, que admite que la situación no es cómoda para el exgerente de Urbanismo, que ha sufrido ya alguna consecuencia directa de la imputación, como es la decisión del Ateneo de Sevilla de apartarle de la cabalgata de los Reyes Magos, en la que iba a encarnar a Melchor.

Para el entorno de Marchena tampoco pasa desapercibido que la juez no está actuando igual en todos los casos. Además de Barrial, desde que Marchena fue imputado han sido llamados a declarar otros técnicos o cargos políticos señalados en la causa después que él, incluido el actual gerente de Urbanismo, Miguel Ángel Millán. Alaya le comunicó su imputación en un auto hecho público el 21 de febrero y le citó para el 16 de marzo.

La demora en la toma de declaración por parte de la juez Alaya la está viviendo también el exconsejero de Empleo Antonio Fernández. La magistrada le envió el 14 de marzo un burofax para informarle de su próxima imputación por su presunta implicación en el caso del fraude de los expedientexs de regulación de empleo (ERE) pagados con fondos públicos. Fuentes próximas a Fernández aseguran que, desde entonces, no ha recibido ninguna notificación más del juzgado.