El copago redentor

El 22 de mayo marcará un antes y un después en la relación de las Administraciones locales y autónomas con los ciudadanos. A partir de esa fecha los Ayuntamientos y comunidades tendrán que destapar sus miserias económicas y gobernar con el hiperrealismo que exige la situación. Hasta hoy, quien más y quien menos ha procurado aliviar las apreturas al electorado esperando las elecciones. La morosidad en la Administración municipal es de tal naturaleza que muchas empresas se niegan a prestar servicio a los Ayuntamientos porque han perdido la esperanza de cobrar. La situación exige una analítica severa sobre los servicios públicos que son imprescindibles y los que podemos o no nos podemos permitir.

Los 15.000 millones del déficit reconocido en el sistema sanitario pueden ser 22.000

Ya no valen parapetos ideológicos ni demagogias populistas, las matemáticas son una ciencia exacta y de donde no hay no se puede sacar. Antes que cerrar un polideportivo, una piscina o un centro cultural siempre será mejor aproximar sus tarifas al coste real del servicio que prestan. Lo que no se puede hacer es apretar las tuercas a la gente disparando un impuesto como el IBI para abrir una escuela de música. Esto que han perpetrado en un municipio madrileño de 2.000 habitantes demuestra hasta qué punto la gestión pública adolece de sensatez y realismo. Virtudes ambas que de momento tampoco aparecen en los pronunciamientos preelectorales de los partidos sobre la principal partida de gasto, la de la sanidad pública. Tanto el Gobierno como la oposición hablan todavía de ella como si viviéramos en el país de las maravillas y el déficit sanitario no la abocara a la quiebra.

El candidato del PSOE a la Comunidad de Madrid, Tomas Gómez, está empeñado en una operación de acoso a la Consejería de Sanidad por los recortes en las prestaciones y por entender que algunas de sus iniciativas son propias del copago. Gómez refuerza su convicción en la existencia de un informe interno de la propia Consejería en el que se analiza esa fórmula de financiación complementaria del sistema público de salud. El consejero Lasquetty no solo ha negado haber emprendido cualquier iniciativa que tenga que ver con dicho copago, sino que reniega del mismo en línea con la posición oficial de su partido. Lo que no obsta para que tanto en la dirección del PP como en la del PSOE exista la convicción de que el copago sanitario es una de las pocas vías claras de salvación para la sanidad pública.

Unos y otros, sin embargo, la demonizan públicamente por temor a que el contrario la utilice como arma electoral en sus contra. Prefieren en cambio asistir impasibles a la progresiva degradación del servicio, unos planteando propuestas irrealizables y otros trampeando las penurias con paños calientes. Pero así esto no aguantará mucho más. Los 15.000 millones de euros del déficit reconocido en el sistema sanitario pueden ser 22.000 por las facturas ocultas en el cajón y los manejos contables de las comunidades autónomas. Cifras insostenibles que ponen en peligro la viabilidad de la sanidad pública tal y como ahora la entendemos. Habrá que revisar de forma urgente la relación de prestaciones gratuitas, mejorar la logística entre comunidades y abaratar las compras sanitarias. Y se llame copago o como quieran llamarlo tendrán que buscar formas de financiación complementaria ligadas al nivel de renta que garanticen la sostenibilidad del sistema público de salud. Está implantado en países como Francia, Alemania, Reino Unido o Suecia donde pequeños pagos casi simbólicos, además de cuadrar las cuentas, conjuran el uso abusivo de los servicios sanitarios.

Es mejor pagar un poco y en consonancia con las posibilidades de cada cual que asistir a los recortes en consultas y especialidades o al cierre de quirófanos y camas de hospital. Eso ya está pasando y no solo en Cataluña, donde el tijeretazo de hasta el 16% está provocando una rebelión. Puede que el copago no dé votos, pero salvaría la sanidad pública.