El PP intenta endurecer más los criterios de acceso a las ayudas sociales

El presidente del PP en Euskadi, Antonio Basagoiti, retomó ayer una antigua reivindicación del PP: exigir a los solicitantes de ayudas sociales que estén un mínimo de cinco años empadronados en Euskadi antes de poder recibirlas. En el acto de presentación de la candidatura del PP para la alcaldía de Bilbao, Basagoiti lanzó la primera piedra para endurecer aún más los requisitos de acceso a las ayudas -propondrán enmiendas en este sentido al cambio de la ley que las regula-, un ejercicio que el Departamento de Empleo y Asuntos Sociales ya está haciendo en menor medida con las Ayudas de Emergencia Social (AES).

Para acceder a esta prestación es necesario estar empadronado en Euskadi desde seis meses antes de la solicitud. En el caso de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV), el requisito está fijado en un año. Según explicó el líder del PP vasco, el cambio serviría "para que cobren sólo los que más lo necesitan y para que las ayudas sociales sean para las personas que miran hacia delante y no sólo para quienes se empadronan en unas comunidades u otras para recibir ayudas".

Zabaleta apunta que la decisión debería contar con un "alto grado de consenso"

El PSE ve en la iniciativa una idea surgida "al calor del electoralismo"

Con el cambio propuesto por el PP, se dificultaría el acceso de personas inmigrantes a las ayudas sociales, sobre todo la RGI, que cuenta con un presupuesto de 281 millones de euros -ampliables, porque la ayuda es un derecho subjetivo y, por tanto, aunque la partida se agote el Gobierno está obligado a pagar a quienes cumplan las condiciones-. La restricción también afectaría a vascos que salieron de Euskadi a trabajar o a estudiar y que vuelven a la comunidad autónoma.

El fondo de las palabras de Basagoiti fue corroborado ayer por la portavoz del PP en materia de asuntos sociales en el Parlamento, Laura Garrido, que confirmó a este periódico que su partido tratará de endurecer el acceso a las tres ayudas. Esta declaración de intenciones viene acompañada de una oportunidad de ser materializada. Y es que coincide en el tiempo con el proceso que comenzó a principios de año de modificar la ley que regula las ayudas, la Ley para la Garantía de Ingresos y la Inclusión Social de 2008 -el plazo de enmiendas, tras ser prorrogado por segunda vez, finaliza el cinco de mayo-.

El proyecto de modificación llegó a la Cámara para realizar el cambio que permita al Ejecutivo tramitar la RGI en Lanbide -hasta ahora el proceso se ha dividido entre ayuntamientos, diputaciones y Gobierno-, pero no cierra la puerta a otros cambios. El PP quiere aprovechar para tratar de que se reflejen en la ley criterios que el partido quiso introducir en 2008 pero no pudo por falta de apoyos. Ahora, un nuevo escenario como socio preferente del Gobierno podría posibilitar la aprobación de la enmienda.

El líder del PP vasco se adelantó ofreciendo un acuerdo en este sentido a PNV y PSE. Y la consejera de Empleo y Asuntos Sociales, Gemma Zabaleta, dio su opinión en una entrevista en Irekia, con la que advirtió que es necesario un "alto grado de consenso político" para realizar semejante cambio legal. La consejera optó por la cautela, pero sí apuntó que "la decisión se debe adoptar meditadamente, rigurosamente, tomando en consideración las consecuencias" que esta podría tener de cara a los perceptores.

La portavoz socialista en materia de asuntos sociales en el Parlamento, Teresa Laespada, criticó que no hay estudios sobre las consecuencias que traería aumentar el requisito de empadronamiento a cinco años: "¿cuánta gente quedaría fuera de las ayudas? ¿cómo habría que atenderles?", se preguntó, mientras censuraba una medida planteada "al calor del electoralismo". ¿Negociaría estos requisitos para lograr un acuerdo con el PP en el cambio de la ley? "Esto necesita un estudio profundo y otro debate parlamentario porque la modificación de la ley habla sobre otro tipo de cambios; no es el momento", sentenció.