Los exgestores de Miñano rechazan las preguntas del Parlamento

Acompañados por sus respectivos abogados, dos de los imputados por su implicación en la supuesta trama corrupta del caso De Miguel comparecieron ayer ante la comisión del Parlamento que investiga la red destapada tras la denuncia de la letrada Ainhoa Alberdi por un presunto intento de extorsión. El entonces presidente de la Red de Parques Tecnológicos, Julián Sánchez Alegría, y quien fuera director del Parque Tecnológico de Miñano, Alfonso Arriola, insistieron en proclamar su inocencia ante los miembros de la comisión.

El primero estuvo poco tiempo en la Cámara y se negó a responder a las preguntas planteadas por los parlamentarios. El segundo, pese a pasar 45 minutos ante la comisión, se negó a responder a la mayoría de las cuestiones planteadas, repitiendo a grandes rasgos sus declaraciones judiciales y llegando a cargar contra el Parlamento y los medios de comunicación. A su salida, eludió aclarar a los periodistas si había colaborado con la comisión. "Como sabéis, las comparecencias son secretas. Tengo mucho respeto al Parlamento y no seré yo quien incumpla su Reglamento", se limitó a decir.

Sánchez Alegría salió rápidamente y Arriola compareció durante 45 minutos

El exdirector del parque tecnológico ataca a la Cámara y a los medios

De momento, la implicación de Arriola y Sánchez Alegría se limita exclusivamente a lo ocurrido en el parque tecnológico alavés. La denuncia de la abogada Ainhoa Alberdi por un supuesto intento de cobro de comisiones por dos dirigentes del PNV alavés, Alfredo de Miguel y Aitor Tellería, puso a Sánchez Alegría y Arriola en el ojo del huracán. La empresa de la letrada, Urbanorma Consulting, logró un contrato, sin pasar por ningún proceso de adjudicación, para asesorar en la compra de terrenos en el proceso de ampliación de Miñano. Alberdi cobró 441.000 euros por ese contrato, suscrito entre ella y Sánchez Alegria en noviembre de 2006.

La denunciante aseguró que los términos del contrato antes de su firma fueron negociados con De Miguel, entonces secretario general de la ejecutiva alavesa del PNV y gerente de dos industrialdeas. Tras su nombramiento como diputado alavés de Administración Local y Equilibrio Territorial, entró en el Consejo de Administración del parque.

En su declaración judicial, Arriola señaló a De Miguel como la persona que puso el nombre de Urbanorma sobre la mesa para hacerse con el contrato. Arriola también admitió que la adjudicación era ilegal y que "todos" lo sabían. La ley de Contratos del Sector Público impide que los contratos de esa cuantía se adjudiquen de forma directa. Justificó dicha actuación alegando que no querían publicitar el contrato para evitar que el precio de los terrenos aumentase al saberse que el comprador final era el parque tecnológico.

En un escrito que envió a los medios informativos en abril de 2010, un mes después de su detención y posterior imputación por el caso De Miguel, Arriola negó haber participado en cualquier intento de cobro de comisiones.

Sánchez Alegría, por su parte, afirmó en su declaración en sede judicial que, tras ser avisado por Alberdi del supuesto intento de extorsión, contactó con su superior, el entonces director de la SPRI, Mauri Lazkano. Este declaró como testigo que la información facilitada por Sánchez Alegría resultaba demasiado inconcreta, limitándose a señalar que algo grave podía estar ocurriendo en el parque, sin ofrecer r demasiados detalles.

La abogada aportó al juzgado una grabación de sus conversaciones con Sánchez Alegría. En ella, Alberdi le habla de la "situación paralela", en alusión a la supuesta comisión. El presidente de la Red de Parques Tecnológicos optó entonces por no entrar en la cuestión y desviar la conversación hacia la liquidación a Urbanorma por el trabajo que había efectuado.

La casualidad ha querido que Sánchez Alegría y Arriola compareciesen ayer apenas tres días después de que el consejero de Industria, Bernabé Unda, adelantara en la Cámara que su departamento está a la espera de un informe jurídico para determinar la posible responsabilidad de los gestores y administradores del parque, es decir, Sánchez Alegría y Arriola, en la concesión de unas ayudas supuestamente irregulares al equipo automovilístico Epsilon. "Sí parece que se han incumplido los requisitos legales", adelantó.

Arriola, quien tuvo que dimitir de su puesto de asesor en el Tribunal Vasco de Cuentas Públca, trabaja actualmente en el Departamento de Sanidad.

La comisión recibirá el viernes el testimonio de otra persona imputada por la trama de Miñano. Será el turno de la entonces directora técnica Miren Bilbao, acusada de participar junto a Arriola en la manipulación de un proceso de adjudicación en favor de Stoa, otra empresa de la máxima confianza de De Miguel.