La Fiscalía Anticorrupción de Sevilla asume la investigación de los ERE fraudulentos

La Fiscalía Anticorrupción de Sevilla se ha sumado a la investigación de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos que subvencionó la Junta andaluza, después de que el fiscal Carlos Bedate iniciara el seguimiento de las investigaciones como fiscal adscrito al Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, que dirige el caso, informó Efe. Las normas internas del Ministerio Público prevén la responsabilidad de la Fiscalía Anticorrupción para casos de corrupción de elevada cuantía, como ocurre con los ERE, cuya cifra inicial de dinero malversado asciende a nueve millones de euros, según la investigación interna del Ejecutivo andaluz. De este modo, el fiscal Juan Enrique Egocheaga, que investiga el caso Mercasevilla -del que surgió el caso de los ERE- se ha sumado a las nuevas diligencias, que acumulan cuatro tomos y 1.600 folios.

Desde el inicio hace dos años del caso Mercasevilla, el Partido Popular ha mantenido una estrategia de acusaciones continuas hacia la fiscalía por una supuesta inactividad. Sin embargo, el Ministerio Público inició la investigación del caso Mercasevilla en febrero de 2009 tras la entrega de una grabación con un intento de soborno por parte de dos empresarios hosteleros. Después de tomar declaración a los principales imputados, la fiscalía trasladó las diligencias a la juez instructora Mercedes Alaya, que retomó el caso porque el PP denunció los hechos en el juzgado.

Hasta el momento, la Junta andaluza ha enviado a la juez 150.000 folios de información con 57 documentos, entre ellos los organigramas de cuatro consejerías (Empleo, Innovación, Economía y Hacienda) y los informes de la Intervención General sobre el Instituto de Fomento de Andalucía. Tras la advertencia de la Junta de que no entregará las actas de los Consejos de Gobierno de manera indiscriminada, ahora la pelota está en el tejado de la juez.

El Tribunal de Conflictos de Jurisdicción al que podría recurrir el Gobierno andaliz resolvió el año pasado siete asuntos planteados por Administraciones como la Comunidad de Madrid o el Ayuntamiento de Sagunto. Este tribunal tiene seis miembros y está presidido por el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Dívar.