Alberdi ratifica ante la comisión del 'caso De Miguel' su denuncia de extorsión

Ainhoa Alberdi, la abogada cuya denuncia en diciembre de 2009 destapó la supuesta trama corrupta del caso De Miguel, mantuvo ayer ante la comisión del Parlamento que investiga los hechos que dos exdirigentes del PNV alavés, el entonces diputado foral Alfredo de Miguel y Aitor Tellería, le exigieron el pago de una comisión por haber conseguido a dedo el contrato para asesorar el proceso de ampliación del Parque Tecnológico de Miñano, en Álava.

La letrada compareció casi por sorpresa, en el día en que los miembros de la comisión se habían desplazado a la comisaría central de la Ertzaintza en Vitoria para recabar el testimonio de dos exmandos de la policía vasca para su investigación de la supuesta trama de espionaje del caso Tellería. La denunciante había solicitado expresamente no coincidir con ninguno de los imputados y que se preservase su imagen de las cámaras. Y así fue: entró y salió en un coche de la Ertzaintza, que la acercó después hasta su vehículo, evitando así los flashes de los pocos fotógrafos y periodistas que esperaban su llegada.

La abogada eludió a los periodistas al declarar en comisaría

Los comparecientes respondieron a las preguntas de la comisión

Alberdi mantuvo a grandes razgos la misma postura que sostuvo en sus dos declaraciones en sede judicial. Los hechos se remontan a 2006, cuando De Miguel propició la elección de Urbanorma Consulting, una empresa constituida poco antes por la denunciante y Jon Iñaki Echaburu, también imputado. La firma consiguió, sin pasar por ningún proceso de adjudicación, un contrato por el que cobraría un total de 441.000 euros.

Alberdi explica en su denuncia que fue De Miguel, entonces número dos del PNV alavés, quien negoció los terminos del contrato que suscribiría en noviembre de 2006 con el entonces presidente de la red de Parques Tecnológicos de Euskadi, Julián Sánchez Alegria, también imputado. Echaburu tuvo problemas económicos que le obligaron a dejar Urbanorma, por lo que la letrada quedó sola al frente de la empresa a principios de 2008. Es entonces cuando, según su testimonio, respaldado por varias grabaciones de sus conversaciones con los implicados, De Miguel, ya nombrado diputado foral, y Tellería, entonces responsable del semillero de empresas del parque, le exigen "pasar por caja" y que pague una comisión supuestamente pactada antes con Echaburu. Primero le plantearon repartir el dinero en tres partes -un tercio para ella, otro para Echaburu y otro para De Miguel y Tellería, según una de las grabaciones-. Después, en un correo electrónico, De Miguel rebaja sus exigencias a "100" -100.000 euros según la letrada-. Alberdi asegura que fue marginada del contrato de la segunda fase de ampliación como represalia. Y afirma que la trama presionó a su padre.

La denuncia que Alberdi puso en manos de la fiscalía permitió tirar del hilo para dar con otras derivadas de la trama, como los contratos sospechosos de Cultura. La abogada, que mantenía una relación cercana con varios de los imputados, afirma que no sabía que la adjudicación a dedo del contrato que obtuvo en Miñano era ilegal.

Fuentes parlamentarias destacaron que la letrada respondió a todas las preguntas planteadas. También destacaron la plena colaboración de los dos exmandos de la Ertzaintza que comparecieron por la presunta trama de espionaje: el entonces jefe de la Unidad de Análisis e Información (UIA), así como el responsable de la División de la Policía de lo Criminal. Ambos aportaron varios datos sobre el funcionamiento de la unidad a la que pertenecían los dos agentes imputados por haber supuestamente facilitado datos de carácter reservado a Tellería.