El Tribunal Supremo ilegaliza Sortu al considerarlo sucesor de Batasuna

La Sala Especial del artículo 61 del Tribunal Supremo acordó anoche, tras diez horas de debates, estimar las demandas del Gobierno y el ministerio fiscal y denegar la inscripción de Sortu como partido político, al considerar que solo persigue fraudulentamente la continuación de las actividades de la ilegalizada Batasuna. De la resolución, que por primera vez no registra unanimidad de los 16 miembros de la sala, se separaron al menos tres magistrados, que anunciaron que presentarán votos discrepantes. Tras el rechazo de la inscripción, Sortu puede acudir en amparo ante el Constitucional, pero difícilmente su recurso se verá antes del 18 de abril, fecha de la proclamación de candidaturas para las elecciones municipales del 22 de mayo. Se trata de un recurso de amparo ordinario, no electoral, por lo que no tiene una tramitación preferente y, en principio, puede tardar varios meses. Es la octava vez que esta sala ilegaliza una marca electoral de la izquierda abertzale.

Los jueces creen que el rechazo a la violencia es "táctico", como dijo el Gobierno

Es la primera vez que la ilegalización de un partido no se adopta por unanimidad

Según fuentes del Supremo, tras el desarrollo de la vista y el alegato de defensa del abogado Íñigo Iruin, un grupo de magistrados era de la opinión de que no cabe denegar la inscripción de Sortu desde la perspectiva del Derecho Constitucional. O, como dijo Iruin: "Desvirtuada la presunción de continuidad de Sortu [como marca de Batasuna]

nace la presunción de constitucionalidad. Por tanto, los estatutos [del partido] responden materialmente al canon de legalidad ordinaria y constitucional". Esa presunción de constitucionalidad abonaría que tres magistrados se hayan separado de la mayoría y se pronuncien a favor de la inscripción.

El Supremo acogió las tesis del Gobierno, representado por el abogado del Estado y la fiscalía, en el sentido de que el nuevo partido, promovido por la izquierda abertzale, ha sido diseñado específicamente para concurrir a las elecciones municipales rodeado de "un ropaje formal y de apariencia de legalidad" para tratar de superar el trámite de su inscripción en el Registro de Partidos.

Así, el Supremo acepta que el "alejamiento táctico de la violencia" desplegado por Sortu y su rechazo del terrorismo sería "cosmético, retórico e instrumental", tal y como arguyeron los demandantes. En suma, con Sortu, Batasuna habría vuelto a intentar concurrir a unas elecciones utilizando, en fraude de ley, los requisitos formales requeridos para la inscripción de un partido, pero sin intención de cumplirlos una vez legalizada la nueva formación.

Correlativamente, el Supremo rechazó las alegaciones del abogado de Sortu, Íñigo Iruin, quien en su informe en la vista oral insistió en que tras el atentado de la T-4 se produjo un debate en el seno de la izquierda abertzale que habría concluido con el rechazo de los planteamientos violentos de ETA. Iruin insistió en que con Sortu no había "vuelta atrás". "ETA hará lo que quiera, pero los cargos de Sortu están comprometidos en contra de la violencia", aseguró. Sin embargo, pese a su elocuencia, el Supremo no ha aceptado las garantías estatutarias de la nueva formación y ha denegado su inscripción.

La Sala del 61 inició sus deliberaciones a las 10 de la mañana de ayer con la lectura del borrador de la resolución a cargo del ponente, el magistrado Carlos Lesmes. De entrada, la deliberación se presentaba como una de las más dificultosas de las habidas hasta ahora, debido al déficit probatorio y el escaso tiempo con que han contado los demandantes para encajar la inscripción de un partido nuevo y con unos estatutos pensados para sortear la ley de Partidos, como heredero de Batasuna.

La ponencia corrió a cargo del magistrado Carlos Lesmes, especialista de la Sala de lo Contencioso Administrativo y que afrontaba su primera responsabilidad en la Sala Especial del artículo 61, dentro del turno de los magistrados más modernos. Lesmes dejó un gran cartel como presidente de la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional y está considerado como un jurista sólido y solvente. De talante conservador, su ponencia se inclinó hacia la estimación de las demandas de ilegalización por considerar que Sortu no habría demostrado suficientemente su separación del complejo ETA-Batasuna. Ayer, tras la deliberación de la mañana, se supo que Lesmes había presentado los argumentos de su ponencia durante unas dos horas y media con razonamientos "contundentes".

En las deliberaciones de la Sala del 61 participaron el presidente del Supremo, Carlos Dívar, y los otros 15 magistrados que la integran. Tras la presentación por el ponente del borrador de la resolución, los debates no guardan un orden preestablecido. Lo habitual es que pidan la palabra en primer lugar los presidentes de cada una de las cinco salas y luego los demás. Tampoco hay tiempos de intervenciones preestablecidos, y normalmente acaban hablando todos. El primero en votar es el magistrado más moderno y de él se va ascendiendo al más antiguo. La votación es de viva voz.