España en la coalición

Todos los grupos parlamentarios, con la excepción de Izquierda Unida y BNG, respaldaron ayer la decisión del Gobierno de participar en la coalición internacional que, en cumplimiento de la resolución 1973 del Consejo de Seguridad, se propone proteger a la población civil libia de los ataques del coronel Gadafi. Aunque esperado, el resultado de la votación demuestra que la política mediterránea es percibida por el conjunto de las fuerzas políticas, y también por la mayoría de los ciudadanos, como una prioridad de la diplomacia española. Hubiera resultado inexplicable quedar al margen de una operación en la que el imperativo moral de impedir al régimen libio cometer nuevas atrocidades coincide con la imprescindible autorización de Naciones Unidas. Por razones no fáciles de entender, el Gobierno decidió limitar a un mes la autorización solicitada a la Cámara, aunque señaló que se trata de un plazo prorrogable.

La misión a la que se ha incorporado España se enfrenta, con todo, a problemas derivados de la urgencia con la que tuvo que ponerse en práctica, apenas horas después de que el Consejo de Seguridad aprobase la resolución que le ha servido de base. Razones de operatividad aconsejaron que Estados Unidos asumiera inicialmente el mando, pero el presidente Obama ha expresado su deseo de cederlo cuanto antes. Francia, que fue el primer país en intervenir, aspira a tomar el relevo en un intento de corregir los recientes errores de su política en Túnez. Italia, cuyas bases son esenciales para el desarrollo de la misión, prefiere, por su parte, que sea la OTAN quien ocupe el lugar de Estados Unidos, limitando el protagonismo francés. Pero esta alternativa choca con los recelos de algunos aliados, como Turquía. La fórmula propuesta para encajar el rompecabezas es la de establecer un mando político que ejecute sus decisiones a través de la Alianza. Estados Unidos ve con buenos ojos esta solución anunciada por el ministro de Exteriores francés, Alain Juppé, aunque falta por conocer la reacción del resto de los miembros de la OTAN.

Junto a los problemas relacionados con el mando, también han surgido dudas sobre el objetivo de la misión. Pese a la amplitud de los términos en los que está redactada, la resolución 1973 no ampara el derrocamiento de Gadafi. Ir más allá de las operaciones dirigidas a proteger a la población civil no solo podría desbordar el marco jurídico fijado por Naciones Unidas; además, comprometería gravemente el futuro político de Libia. Los propios rebeldes que combaten a Gadafi han reiterado su oposición a que las fuerzas internacionales vayan más allá del objetivo fijado por la resolución, en la convicción de que su legitimidad no debe quedar en entredicho si finalmente logran derrocar la dictadura.

La rapidez con que la coalición liderada por Francia, Reino Unido y Estados Unidos ejecutó la misión autorizada por la resolución 1973 ha hecho que caigan en el olvido otros aspectos sustanciales de este texto que inspira la estrategia internacional frente a Libia. En concreto, la necesidad de bloquear los activos financieros de los que dispone Gadafi, incluyendo el fondo soberano libio, para financiar la maquinaria militar que ha lanzado contra sus propios compatriotas. Si su intención es plantear una guerra de desgaste en la que los miembros de la coalición se vean tarde o temprano presionados por sus opiniones públicas, la necesidad de privar a Gadafi de recursos se vuelve más imperiosa.

Naciones Unidas ha dado pie para hacerlo, con el mismo énfasis con el que ha establecido el embargo de armas y ha autorizado las acciones dirigidas a proteger a la población civil. El componente militar de la estrategia de la coalición no debería arrinconar el papel de la diplomacia, que sigue siendo imprescindible para un desenlace favorable de la misión.