Cuando el país pasa a segundo plano

"Un gran país quiere contar con grandes empresas". Lo aseveró el presidente del PNV, Iñigo Urkullu, en 2009 tras escuchar al presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, decir en Madrid que su empresa hará "todo lo posible" por mantener en Euskadi los centros de decisión y la sede central.

La pasada semana el PNV enmudeció frente a los comentarios críticos y de preocupación de la patronal, y de una buena parte de los círculos políticos sociales y empresariales de Euskadi, al conocerse la venta del 100% de Guascor a la multinacional norteamericana Dresser-Rand por 500 millones de euros. A la hora de elegir entre el país y el beneficio personal, apostaron por lo segundo. El país pasó a un segundo plano.

El PNV ha criticado al Gobierno por vender el último 5% de Naturgas

No sólo se trataba de una deslocalización de los centros de decisión, sino que Euskadi perdía además una empresa que fue reflotada parcialmente con fondos públicos en la década de los 90. "El traspaso de todas las decisiones de compra, contratación, o expansión, a Dresser, así como la sede social de la firma, con todo lo que supone de ingresos en las arcas públicas, es doloroso" aseguran desde la cámara de Comercio e Industria de Álava. Para la patronal Confebask es "una pena".

Pero lo más criticado de esa operación es la incoherencia de sus principales actores, muy vinculados al PNV, que han pasado de acuñar, abanderar y participar del concepto de "hacer país" a base de construir el tejido industrial, a entregar las llaves de la suya propia a un tercero situado a miles de kilómetros. El presidente de Guascor, Joseba Grajales, y su consejero delegado, Jon Azua, el muñidor de la nueva organización en red del tejido industrial vasco, -los llamados cluster- habían sido fogueados en el sector público durante los 30 años de Gobiernos nacionalistas que proclamaban la filosofía de la "construcción nacional" también económica a través de una industria tractora. Quizás por eso, tras la venta, los ya ex responsables del grupo Guascor, explicaron que también es un buen negocio para Euskadi porque aquí se quedará el Centro Mundial de Excelencia del área de soluciones sostenibles de Dresser-Rand. El PNV, que criticó con dureza recientemente al Gobierno vasco por vender el último 5% que le quedaba de Natiurgas "porque facilitaba la deslocalización del centro de decisión", no ha dicho ni media palabra en público sobre la venta de Grajales.

Quizás porque llueve sobre mojado. El que fuera viceconsejero de Interior en el primer gobierno vasco, Sabino Arrieta, vendió en 2005 Sidenor a la brasileña Gerdau por 444 millones, -la había comprado en 1995 por 13- en una operación muy parecida a la de Grajales. Arrieta, un hombre también comprometido con el nacionalismo que en 1999 -en la tregua de ETA-formó parte de la delegación que se reunió con el entonces portavoz de la izquierda abertzale, Arnaldo Otegi, reflotó Sidenor con esfuerzo personal y pericia industrial, pero con fondos públicos. "Construir la patria no es lo mismo que hacer país", asegura un portavoz de SEA, la patronal alavesa donde estaba radicada la sede social de Guascor.

En la actualidad, Sidenor, tiene pendiente una revisión de su precio de venta Gerdau si definitivamente la sanción de la UE por las vacaciones fiscales de las que disfrutó, repercute en el actual propietario. En el caso de Guascor, el 63,1% de la compañía estaba en manos del propio Grajales, mientras que el resto del equipo directivo tenía en torno al 12%.

La empresa de Grajales, que tuvo que ser rescatada en 1999 con ayudas entonces de los programas 3R, ha generado desde entonces muchas plusvalías gracias a la buena gestión sobre todo todo en el mercado internacional, de sus directivos.