Silencio consentido
Un Gobierno más abierto y transparente es lo que se conseguiría si España contara con una ley de acceso a la información. España vuelve a ponerse a la cabeza de los países que carecen de una legislación sobre la materia. En la Unión Europea solamente cinco países -España, Chipre, Grecia, Malta y Luxemburgo- no cuentan con uno de los mecanismos estandarte de la lucha contra la corrupción, principal problema político del país.
Contratos, bienes de cargos públicos, sueldos de ediles y concejales o presupuestos de obras públicas son algunos de los documentos que permanecen ocultos a la opinión pública, a pesar de la máxima de transparencia que la legislación española garantiza a los ciudadanos. Transcurridos más de 30 años desde la redacción y puesta en marcha de la Constitución española, en cuyo artículo 20. d. se reconoce el derecho a la información, sigue sin desarrollarse un proyecto de ley que permita poner en vigor una Ley de Acceso a la Información. Los profesionales del medio se ven sometidos al legítimo silencio de las administraciones públicas. Si no se intenta solucionarlo, la trama Gürtel pasará a ser un caso más de una larga lista de delitos de corrupción y malversación de fondos públicos provocados por la opacidad del sistema político español.
