Plan con interrogantes

El Gobierno desplegó ayer un amplio catálogo de medidas para ahorrar energía como respuesta al encarecimiento del petróleo y la extraordinaria subida del precio de los carburantes, que sitúa el litro de gasolina en más de 1,3 euros. El objetivo del plan es ahorrar unos 2.300 millones en la factura energética, lo que se intentará conseguir con la limitación de velocidad a 110 kilómetros por hora, la reducción de los transportes públicos de cercanías un 5%, una subvención de 20 euros por neumático para renovar el calzado de 60.000 coches, incentivos para las empresas de servicios energéticos y la colocación de bombillas de bajo consumo en el alumbrado de las ciudades. Es un modelo de plan consistente en conseguir grandes ahorros con medidas discretas, con la idea de que muchos pocos hacen un mucho.

El plan, sin embargo, corre serios riesgos de no lograr sus objetivos. Como ha sucedido otras veces, nada de lo propuesto está exactamente mal, pero el conjunto resulta un tanto insatisfactorio. La limitación de velocidad no es despreciable, pero si se revierte en junio, sus efectos serán limitados. El abaratamiento de los billetes de cercanías es un error táctico (además de un fallo político) porque no estimula lo suficiente a los ciudadanos a que se suban a un tren ni enfoca directamente el problema del consumo, que es desincentivar el uso del automóvil. Un Plan Renove del neumático no es malo, pero los ahorros que produzca habrá que calcularlos con decimales. Es una excelente idea potenciar la presencia de las empresas de servicios energéticos, pero los detalles se desconocen. Poner en marcha un plan de transportes de mercancías ahorraría energía, pero es un proceso largo y complejo con periodos que seguramente superarían los de la actual legislatura.

Los temores de Rubalcaba son infundados: este conjunto de medidas no es impopular. Aunque si lo que de verdad se busca es un auténtico plan de ahorro, se deberían imponer tasas para la circulación por las rondas exteriores de Madrid o Barcelona, cerrar o tasar los accesos al centro de las ciudades o reducir el transporte de mercancías por carretera. Todo ello resultaría más eficaz aunque, obviamente, bastante más impopular.

La gestión política del Ministerio de Industria no ha resultado todo lo acertada que cabría desear. Para comenzar, dos comunidades autónomas importantes, como Cataluña y Madrid, a quienes no se les consultó con carácter previo, se han negado a compartir el plan y han forzado al Ejecutivo a asumir los costes de las medidas, en especial el abaratamiento de las cercanías. No se necesitan conocimientos de alta política ni un despliegue de técnicas diplomáticas excepcionales para saber que lo que deba ser aplicado por comunidades y municipios tiene que ser pactado con ellos antes de anunciarse, y no después. Para evitar el caos y la sensación de descoordinación.