Sanidad impide abrir desde hace tres años a una clínica abortiva

José Morffiz enseña con orgullo su reluciente clínica médica de Collado Villalba. El quirófano, la sala de espera, vestuarios, zona de reanimación... Todo impecable, nuevecito. Sin estrenar pese a llevar casi tres años construido y equipado. Por el camino, Morffiz, médico general de origen cubano que trabaja desde hace ocho años para la sanidad pública madrileña, se ha dejado centenares de miles de euros en ahorros y créditos y quizá incluso algo de salud. Poder abrir su centro, con consulta ginecológica y en el que se practicarán interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) de menos de 14 semanas, le está costando más de lo que pensaba. La Consejería de Sanidad no le facilita la licencia de funcionamiento pese a los informes favorables de sus propios inspectores.

Sanidad se escuda en una normativa anterior a la ley del aborto

Los requisitos que piden a la clínica exceden los de la legislación nacional

La tramitación de las licencias ha seguido un camino tortuoso: inspecciones que parecen favorables, llamadas de altos cargos de la Inspección Sanitaria anunciando que la licencia se concede, informes posteriores que piden requisitos que antes no se habían solicitado, denegaciones... Y entrelazadas entre todos esos pasos administrativos, y coincidiendo en el tiempo, las protestas de los autodenominados grupos provida que pedían mediante recogidas de firmas y manifestaciones callejeras que el centro no abriera.

La tramitación de las licencias está en el juzgado. El médico, convencido como su abogado de que la Consejería de Sanidad no le permite abrir la clínica por "cuestiones ideológicas", se ha querellado contra dos altos cargos de la citada consejería por un presunto delito de prevaricación y contra tres inspectores por otro de falsedad documental. El juzgado de Instrucción número 2 de Madrid ha aceptado a trámite la querella y ha pedido a la consejería que le remita los expedientes originales.

El periplo de Morffiz para abrir el Centro Médico Anacaona, con consulta de ginecología y centro de IVE de bajo riesgo (menos de 14 semanas) empieza en agosto de 2007. El médico pide la licencia de instalación, presenta los planos de la clínica y toda la documentación que le solicitan y en noviembre de 2007 le conceden el permiso. Se pone a trabajar en las obras de reforma, encarga el equipamiento, contacta con el personal que atenderá a las mujeres... En octubre de 2008 da el segundo paso: solicitar la autorización de funcionamiento. Intercambia durante varios meses documentación con el Servicio de Autorización Sanitaria de la Dirección General de Ordenación e Inspección de la Consejería de Sanidad. Finalmente, el 6 de mayo de 2009 tres técnicos del servicio le hacen la inspección.

En el acta reflejan que el centro "se corresponde con la tipología y finalidad asistencial de centro de interrupción voluntaria del embarazo de bajo riesgo y consulta de ginecología", pero también detectan algunos incumplimientos: no figura personal auxiliar de enfermería, el "local de sucio" no dispone de vertedero, no existen vestuarios diferenciados masculinos y femeninos y no dispone de ducha, no existe sala para descanso del personal y hace falta instalar un grifo en la sala de reanimación. El 19 de mayo le llega a Morffiz el requerimiento para que subsane los errores que le han detectado.

Él se pone manos a la obra. Compra e instala lo que falta, contrata a una auxiliar, incluye el lavamanos con grifo... El 8 de junio de 2009, según relata y declaró la semana pasada en el juzgado de Instrucción número 2 de Madrid, le llama por teléfono Fernando Rodríguez Grau, responsable del Servicio de Autorización y Acreditación Sanitaria de la Consejería de Sanidad, y le dice que vaya poniendo en marcha la clínica porque en una semana obtendrá la autorización. Pero no es así. El 6 de julio de 2009 recibe una comunicación escrita, firmada también por Rodríguez Grau, en la que se le deniega la licencia a menos que cumpla unos requisitos que antes no se le habían solicitado.

En concreto, el Servicio de Autorización le pide que cumpla los artículos 34 y 35 de la Orden 101/2008, que exigen que el quirófano tenga una superficie muy superior a la de su clínica, pese a que los planos con el diseño ya habían sido autorizados por la licencia de instalación. Era la primera vez que le señalaban algo con respecto a los metros cuadrados del quirófano. Para entonces, Morffiz ya se había gastado 800.000 euros en montar la clínica.

En paralelo al proceso administrativo, Collado Villalba vivió meses de protestas en contra de la clínica. "A punto de abrirse un abortorio en Villalba", titulaba la página web de corte conservador cristiano hazteoir.org a finales de junio de 2008. La noticia mencionaba que Morffiz contaba con una autorización de la Comunidad de Madrid y animaba a la ciudadanía a movilizarse. Colectivos autodenominados "provida" empezaron una campaña de manifestaciones y recogida de firmas que se prolongó durante un año. El 10 de mayo de 2009 (cuatro días después de la inspección) una manifestación recorrió el centro de la localidad bajo este lema: "No queremos un centro de muerte en nuestra ciudad". La plataforma Villalba por la Mujer recogió firmas y trasladó su protesta al alcalde y a la Comunidad de Madrid. El vídeo para anunciar la manifestación mostraba una ecografía: "Marta, 10 semanas de vida. Futura víctima de Anacaona".

La querella por prevaricación contra Manuel Molina Muñoz, director general de Ordenación e Inspección, y Fernando Rodríguez Grau, responsable del Servicio de Autorización y Acreditación Sanitaria, se basa, según el escrito presentado en el juzgado, en que mantuvieron a Morffiz "en un estado de desconocimiento e incertidumbre con el fin de denegarle su derecho a la autorización de funcionamiento, a sabiendas de la injusticia que suponía el posterior requerimiento". Molina Muñoz es el candidato del PP a la alcaldía de Fuenlabrada. Este periódico intentó, sin éxito, recabar su versión.

La querella por un presunto delito de falsedad documental se dirige contra los tres inspectores que, tras levantar acta el día 6 de mayo de 2009, elaboraron un informe dos días después (anterior por tanto al requerimiento del 19 de mayo) en el que incluyeron el incumplimiento de la superficie del quirófano. Morffiz, sin embargo, nunca fue informado ni tuvo acceso a ese informe hasta mucho después, asegura el texto de la querella.

El caso no quedó ahí. El año pasado Morffiz volvió a pedir la licencia de funcionamiento (la de instalación seguía vigente, con los planos de la clínica aprobados). Volvieron a hacerle una inspección. Dos técnicos de Sanidad examinaron las instalaciones y levantaron acta. Días después elaboraron un informe, con fecha de 15 de noviembre de 2010, en el que afirman: "Dado que el centro médico Anacaona se ajusta a lo establecido en la normativa vigente, bajo nuestro punto de vista y mejor criterio, consideramos que no existen impedimentos para la concesión de la autorización administrativa de funcionamiento". Pese a ello, el Servicio de Inspección asegura que no cumple e insiste en hacerle una segunda inspección. "Actualmente el procedimiento de autorización de funcionamiento se encuentra abierto pendiente de que los interesados permitan realizar una visita para completar la documentación que exige la normativa vigente", afirma la Consejería de Sanidad.

Actualmente hay siete centros acreditados en la región para practicar IVE, todos ellos en Madrid capital. El último, Policlínica Retiro, abrió en 2009.