"El rey tiene que renunciar"
"El rey tiene que renunciar", repite una y otra vez Abduljalil al Singace. El vicesecretario general del Movimiento por la Libertad y la Democracia (Haq) de Bahréin es uno de los 23 activistas chiíes detenidos en agosto del año pasado y que estaban siendo juzgados por intentar derrocar a la monarquía. Todos ellos quedaron libres ayer junto a otros presos políticos (308, según un comunicado oficial) y los juicios pendientes han sido anulados, después de que el rey Hamad cediera ante la protesta popular que pide reformas democráticas en el reino.
Al Singace no parece muy convencido de que el monarca haya cambiado de opinión a causa de los bahreiníes. "Ha sido la presión internacional. Lo que ha ocurrido en la región le ha obligado a hacerlo", asegura tras recordar que sus interrogadores le advirtieron que había llegado su hora. "Durante los últimos 10 años, el rey ha tenido tiempo suficiente para hacer cambios. Se le ha pasado la oportunidad", defiende. Ese discurso le sitúa en el ala más radical de la oposición.
"Los Al Jalifa han engañado a la gente con una apariencia de democracia"
"El monarca tuvo tiempo de hacer cambios. Ha pasado su oportunidad"
Este ingeniero de 47 años, que a causa de la polio camina con muletas desde niño, fue detenido en el aeropuerto de Manama el 13 de agosto del año pasado. Junto con otras destacadas figuras de la oposición chií regresaba desde Londres. Se habían reunido con una comisión de la Cámara de los Lores para explicar la discriminación que sufre su comunidad bajo el Gobierno de los Al Jalifa, que como un tercio de la población son suníes. En total 25 personas fueron procesadas, dos de ellas en rebeldía (incluido el líder del Haq, Hasan Mushaimaa, cuyo regreso al país es inminente). Las protestas que siguieron dejaron tres centenares de detenidos, varios de ellos menores.
"Espero que se abra un nuevo capítulo", declara exultante Al Singace, que responsabiliza a Hamad de los siete manifestantes muertos la semana pasada, las torturas a presos políticos, la confiscación de tierras y la corrupción que frena el desarrollo del país. "Tiene que irse y dejar que la gente decida el tipo de Gobierno que quiere, monarquía u otra fórmula", insiste.
"Soy partidario de un nuevo régimen, que no sea el de los Al Jalifa porque han engañado a la gente con una apariencia de democracia que no se corresponde con el autoritarismo que ejercen. Ha llegado la hora del cambio", afirma. Esquiva la pregunta sobre si prefiere el modelo iraní o el modelo turco de Gobierno. "Lo importante es que se vaya Hamad", subraya.
No obstante, este dirigente se muestra dispuesto a aceptar una monarquía constitucional "si eso es lo que decide la mayoría de los ciudadanos". "Es lo que esperábamos en 2001, por eso apoyamos las reformas", añade. Desde entonces, la oposición, tanto chií como liberal, se ha desilusionado. Al Singace niega que en Bahréin exista un problema entre chiíes y suníes. "La familia real ha exagerado y explotado ese asunto para dividir al país y, con el pretexto de que somos proiraníes, promover la chiífobia y atraerse la solidaridad internacional, porque ese argumento se entiende muy bien fuera", afirma.
Su casa en Karbabad, al oeste de Manama, se ha convertido en un centro de peregrinación desde que regresara pocas horas antes de esta entrevista. Familiares, amigos y periodistas extranjeros ("ninguno bahreiní", señala su esposa) han acudido a interesarse por él. A pesar del escaso descanso, Al Singace presenta buen aspecto y hace gala de un gran sentido del humor.
"Los primeros 10 días me obligaron a taparme los ojos con esto", declara mientras se coloca un antifaz negro para deleite del fotógrafo. Hasta dos meses más tarde tuvo que usarlo cada vez que salía de la celda o recibía alguna visita, "incluso del médico". Pero eso no fue lo más grave que le sucedió. Denuncia que le privaron de las muletas durante 45 días.
"Solo podía estar sentado o tumbado", asegura. El Gobierno aseguró ayer que iba a investigar las acusaciones de tortura realizadas por varios de los presos liberados. Tras comparecer ante el juez, mejoró su situación. Le trasladaron de la cárcel de la Seguridad Nacional a la de la Dirección General de Inteligencia y las visitas de su familia pudieron hacerse sin la presencia de sus interrogadores, lo que le permitió enterarse de las revueltas en Túnez y en Egipto. "Supe que afectaría a la situación en Bahréin", concluye.
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