Los recortes aíslan al Gobierno de CiU

Se acabó hablar solo de recortes. Hay que plantear salidas a la crisis desde la perspectiva de crear riqueza y no únicamente de tijeretazos. Esta fue la petición casi unánime que el Gobierno de Artur Mas tuvo que escuchar ayer en el Parlament por parte de la oposición. Además de los partidos de la izquierda, que acusaron a Convergència i Unió de querer desmantelar el Estado de bienestar mediante un plan de recortes falto de prioridades, el Partido Popular se sumó también a las críticas y dejó claro al presidente de la Generalitat que no cuente con ellos si lo único que quiere hacer es pasar las tijeras.

La presidenta del PP, Alicia Sánchez Camacho, se ofreció ayer a apoyar los próximos presupuestos pero exigió a Mas que "lidere" un proceso de salida de la crisis basado en generar confianza. El PSC también puso condiciones a Mas: que no se pare ninguna obra de las iniciadas por el tripartito. A sabiendas de que no cuenta con mayoría absoluta y que los recortes serán impopulares, Mas se apresuró en la sesión de control de ayer a dar mensajes positivos. Concretamente, alardeó de las millonarias inversiones anunciadas por Inditex y Hewlett Packard recientemente. Por la tarde también intentó tender puentes con los dos principales partidos de la oposición y CiU apoyó una moción de los socialistas para impulsar el diálogo social y otra sobre medidas para superar la crisis y creación de empleo impulsada desde las filas populares.

Con todo, Artur Mas tuvo que escuchar severas críticas del PSC, ICV y ERC por la errática política de recortes sociales del Gobierno al tiempo que mantiene su promesa de eliminar el impuesto de sucesiones, que ya no paga el 94% de la población y afecta al 6% restante, cuya herencia supera el millón de euros. La diputada del PSC Rocío Martínez-Sampere defendió una moción para mantener la tasa y más aún en tiempos de crisis. CiU, PP y Solidaritat impidieron que prosperara. La desaparición del tributo implicará dejar de ingresar una suma millonaria, que oscila entre los 140 millones que asegura CiU o los 400 según los partidos de izquierda.

La diputada de CiU, Montserrat Rivera, defendió la erradicación del tributo y lamentó que el PSC e ICV puedan considerar "rico" a quien hereda una explotación ganadera valorada en 1,2 millones y algo más de capital. "Y encima, esa persona igual no se dedica a la agricultura y quizá tendrá que arrendarla o venderla", afirmó antes de defender que no puede echarse a perder el bagaje cultural "del heredero".

El diputado José Antonio Coto (PP) criticó a CiU por no haber eliminado ya el tributo y porque quiere mantener la tasa de donaciones.

La izquierda sigue defendiendo que si se elimina este impuesto a los que más tienen no se puede castigar a los más débiles con los recortes sociales como los que se han anunciado hasta ahora en todos los ámbitos:

- Salud. Al margen del capítulo de personal (no se cubrirán el 50% de vacantes ni de las jubilaciones), el tijeretazo tendrá un gran impacto sobre las inversiones. De las 189 obras no iniciadas del plan de infraestructuras del tripartito, el departamento de Boi Ruiz estudia dejar en suspenso los proyectos de construcción de siete nuevos hospitales, la reforma de otros siete y la creación o ampliación de 44 centros de atención primaria.

- Educación. A los recortes en las universidades anunciados ayer a los rectores se han sumado en las últimas semanas otros en los centros no universitarios. Se han comunicado reducciones entre el 20% y el 33% de los gastos de funcionamiento (luz, agua, teléfono, calefacción y limpieza) a los institutos. En las escuelas se estudia también una reducción, aunque solo sobre gastos papel y biblioteca, ya que el resto los pagan los Ayuntamientos. Otra medida ha sido convocar 2.000 plazas menos de profesores de instituto en las oposiciones de este año.

- Bienestar Social. El recorte obligará a demorar el despliegue de la Ley de la Dependencia. Los dependientes moderados con derecho a ayudas debían empezar a recibirlas en enero, según los plazos que establece la Ley, pero la Generalitat no las concederá hasta al menos julio. Antes de aquella fecha, el departamento deberá dar respuesta a las más de 54.000 personas con dependencia grave que aún esperan a que se realice una valoración de su caso o se les aplique el denominado Plan Individualizado de Atención (PIA).

- Seguridad. La próxima convocatoria de oposiciones a mossos contará con 600 plazas en lugar de 800. Por ahora no se construirán nuevas comisarías.

- Infraestructuras. Las obras más importantes sufrirán retrasos. Se reducirá el número de paradas de la línea 9 del metro.

- Justicia. Los recortes no se concretarán hasta que se elaboren los Presupuestos. Con todo, la consejera Pilar Fernández Bozal anticipó que congelaría la creación de nuevas prisiones cuyas obras no estén adjudicadas y ha trascendido que quiere reducir la partida para abogados de oficio.