De los veteranos de la División Azul a los de Bosnia

"La única intervención legítima de los militares en la vida política es el ejercicio de su derecho de voto, como cualquier ciudadano". La frase corresponde a una entrevista publicada por EL PAÍS el 1 de febrero de 1981 con el entonces presidente de Portugal, Ramalho Eanes, general él mismo, pero parecía dirigida a España. Solo dos meses antes había entrado en vigor la reforma del Código Penal Militar, que trasladaba a la justicia ordinaria los procesos abiertos en los juzgados militares por supuestas injurias al Ejército. Estaban encausados la directora de cine Pilar Miró y el periodista Miguel Ángel Aguilar, entre otros.

El encaje de las Fuerzas Armadas en el marco constitucional no fue un proceso fácil ni rápido. La Ley Orgánica de Defensa Nacional, de 1980, aún situaba a la Junta de Jefes de Estado Mayor (Jujem) como el "órgano colegiado superior de la cadena de mando militar", y relegaba a un papel secundario al ministro de Defensa. Todos los miembros del Consejo Superior del Ejército habían combatido en el bando nacional durante la Guerra Civil, y muchos se habían alistado en la División Azul con la que Franco apoyó a Hitler. Era el caso de Jaime Milans del Bosch, que se sublevó en Valencia el 23-F, pero también de José Gabeiras Montero, jefe del Ejército de Tierra y uno de los artífices del fracaso del golpe, quien en la Pascua Militar de 1981 advertía contra los cantos de sirena de los ultras: "No dejaremos que nadie nos utilice como instrumento, y a nadie daremos opción a que nos identifique con sus propios intereses o nos excite a protagonismos inoportunos".

El Ejército de Franco no servía para defender España sino para ocuparla

El Ejército que heredó la democracia era el de Franco: sobredimensionado (con 310.000 efectivos, el 70% reclutas de reemplazo), mal equipado (sus mejores armas eran material de segunda mano donado por EE UU a cambio de instalar bases en suelo español) y obsesionado con el enemigo interior. Su organización territorial -nueve regiones militares con un capitán general al frente de cada una- estaba concebida para ocupar España, no para defenderla.

Por eso, lo primero que hizo Leopoldo Calvo-Sotelo cuando, superado el sobresalto, se vio investido presidente, fue meter a España en la OTAN. A toda prisa y pese a las protestas del PSOE, que acabó convalidando la permanencia en la Alianza Atlántica en el referéndum de 1986, prometido para salir y convocado para quedarse. Pretendía que el roce con sus homólogos occidentales inculcase en los militares españoles la subordinación al poder civil y democrático.

Fue, sin embargo, a partir de 1989 cuando las Fuerzas Armadas españolas salieron definitivamente de su ensimismamiento para asomarse al exterior. En Angola comenzó una serie de misiones internacionales que (bajo bandera de la ONU, la UE o la OTAN) no han cesado hasta hoy, y por las que han pasado más de 120.000 militares. Si los altos mandos de 1981 eran veteranos de la Guerra Civil, hoy es raro el que no ha estado destinado en Bosnia-Herzegovina, en cuya pacificación se ha empeñado el Ejército en los últimos 18 años. La intervención en los Balcanes, Irán, Afganistán o Líbano ha tenido un alto coste: 159 muertos. Pero también beneficios tangibles: los militares españoles han puesto a prueba sus capacidades y han salido airosos, evitando los escándalos que han salpicado a otros ejércitos occidentales. Ello ha contribuido a la mejora de su imagen, como reflejan las encuestas del CIS que, desde 2008, sitúan a las Fuerzas Armadas como la institución más valorada por los españoles (5,96 sobre 10).

No es solo un cambio de imagen. Probablemente las Fuerzas Armadas sean la institución que más profundamente se ha transformado en las tres últimas décadas. Es verdad que la supresión del servicio militar obligatorio, el 31 de diciembre de 2001, vino forzada por el éxito de la objeción de conciencia, que provocó una fuga masiva de reclutas. Y que fue un salto sin red, que dejó vacíos los cuarteles y obligó a atracar barcos por falta de marineros. Pero la Ley de Tropa y Marinería de 2006, que mejoró las retribuciones, y la crisis económica, que disparó el paro a partir de 2008, invirtieron la tendencia. Hoy a los ejércitos les sobran aspirantes.

De los 83.184 efectivos de tropa que hay en filas, 14.082 (casi el 17%) son mujeres. La incorporación de la mujer, a partir de 1988, fue una gran revolución silenciosa, que se ha hecho sin que chirríen en apariencia las estructuras de una organización tradicionalmente machista. No obstante, todavía más del 95% de los aspirantes a ingresar en las academias de oficiales son hombres.

El pasado 9 de febrero, un brigada del Ejército en activo entró en el Congreso. Pero no lo hizo para secuestrar a los diputados, sino para trasladarles, en nombre de una asociación de militares, sus puntos de vista sobre la Ley de Derechos y Deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, actualmente en trámite. Han hecho falta 30 años para verlo.