Ensayo en Bilbao

La manifestación que ayer recorrió el centro de Bilbao reclamando la legalización de Sortu, el nuevo partido de la izquierda abertzale, puede considerarse expresión pública de la estrategia que esa corriente está intentando poner en marcha. Se trata de sustituir la antigua alianza nacionalista de Lizarra, en la que el PNV era la fuerza hegemónica, por un pacto entre fuerzas explícitamente independentistas o soberanistas, que encabezaría Batasuna e integraría a EA, Aralar y otras fuerzas menores, y al que intentarían arrastrar al sector soberanista del PNV, que encabeza su líder en Guipúzcoa, Joseba Egibar, que hace unos días se mostró favorable a una mesa de partidos como la que plantea Batasuna.

En los últimos años ha habido otras manifestaciones, convocadas aproximadamente por los mismos de ayer, contra la prohibición de Batasuna o de actos organizados por ella. Movilizaciones muy anteriores a la presentación de los estatutos de Sortu, lo que significa que los convocantes estaban a favor de la legalización con independencia de que Batasuna hubiera o no rechazado la violencia de ETA. Pero es verosímil que el distanciamiento con la banda haya contribuido a la masiva participación de ayer, y a que entre los asistentes figurasen miembros del PNV, aunque su dirección hubiese rechazado apoyar la convocatoria.

Esa decisión fue mantenida por Urkullu, presidente del partido, pese al intento de Egibar de que fuera reconsiderada. Urkullu argumentó que aunque el PNV está a favor de la legalización, no compartía su lema: "Legalización para la paz", cuyo mensaje sería que la vuelta de Batasuna a las instituciones es condición para la retirada de ETA. Sin embargo, lo que ha llevado a ese partido hasta el borde de la ruptura con la banda ha sido la resistencia de la democracia a facilitar tal regreso mientras ETA siguiera presente y su brazo político no rompiera claramente con ella. Si basta o no con el rechazo incluido en los estatutos es algo que deberán resolver los tribunales. Los informes policiales presentan como pruebas opiniones, como la de que es una iniciativa "al servicio de ETA", no suficientemente fundamentadas.

La fiscalía ya ha dicho que basará su impugnación en el procedimiento de ejecución de sentencia en lo relativo a los intentos fraudulentos de dar continuidad al partido ilegalizado. Que Sortu intenta sustituir a Batasuna es una evidencia, pero lo que dicen los estatutos coincide con lo que varias sentencias del Supremo y el Constitucional le exigían hacer o le reprochaban no haber hecho para demostrar su desvinculación de la banda. Por tanto, la cuestión está abierta y sería imprudente dar por hecho que los tribunales vayan a respaldar la demanda de rechazar la inscripción.

Pero que Sortu sea legal no dependerá de las manifestaciones, sino de que Batasuna demuestre su negativa a seguir siendo instrumento de ETA. Por ejemplo, diciendo que no participará en ninguna Mesa extraparlamentaria en la que se negocien contrapartidas por el cese de la violencia.