El PSOE aprueba solo con sus votos la reforma del sector público

Andalucía tiene desde ayer un nuevo organigrama de su sector público. La mayoría parlamentaria socialista aprobó, con los votos en contra del PP y la abstención de Izquierda Unida, la Ley de Reordenación del Sector Público de Andalucía. 11 agencias públicas (una de ellas de régimen especial), tres fundaciones, una Red Logística de Andalucía y una empresa pública serán las nuevas figuras que compondrán el nuevo sector público andaluz, en el que se suprimen 111 entes del total de 350 inventariados por el Estado.

Mientras los 106 diputados presentes ayer en la Cámara debatían el proyecto de ley en el interior del antiguo Hospital de las Cinco Llagas, casi un millar de funcionarios contrarios a la reforma se concentraban a las puertas para protestar contra la reforma.

Los empleados públicos portaban pancartas con los lemas "Enchufesrrupción" o "Por un servicio público en Andalucía, no a la privatización", y coreaban consignas como "Pumba, pumba, pumba, el cortijo se derrumba", al tiempo que portaban un féretro de cartón con el que representaban el entierro de "Doña Administración Pública de Andalucía".

El debate parlamentario de la ley no dio de sí más que el habitual cruce de reproches de los tres grupos políticos representados en la Cámara autonómica. De los lamentos de IU por no haber logrado incluir su modelo de Administración pública, a la acusación del Partido Popular al Ejecutivo por haber mantenido la reforma prevista en los decretos al tiempo que negociaba enmiendas a la ley. O los recados del PSOE reprochando al PP que en comunidades como Galicia vaya a convertir a empleados laborales fijos en funcionarios sin concurrir oposición alguna.

El diputado de IU Pedro Vaquero afirmó que su grupo logró abrir el debate, pero no pudo pasar de la confrontación a la convergencia por haber "muchos intereses en juego, partidistas, sindicales, y de estatus personales". Vaquero llegó a decir que el proyecto de ley que se debatía se había convertido en una "confrontación partidista por la hegemonía política del gobierno andaluz futuro".

Por su parte, el diputado popular Jorge Ramos acusó al PSOE de haber impuesto "el decretazo mediante el ordeno y mando"; aseguró que todo es revisable de la A a la Z, y acusó a la Junta de funcionar con la puesta en marcha de las agencias mientras se debatía la ley en la comisión parlamentaria, y pese al compromiso del presidente José Antonio Griñán de que el decreto quedaría paralizado hasta la aprobación de la ley.

Finalmente, el diputado socialista José Caballos, legitimó en el Estatuto de Autonomía y en el Parlamento la capacidad del Gobierno andaluz para organizar el sector público como marca la ley. Caballos lamentó la posición de los "sindicatos gremiales" opuestos a la reforma, a los que dijo "no podrán ya manifestarse contra la privatización del sector público ni contra la retirada de potestades públicas de los funcionarios".

Caballos reiteró sus acusaciones de "manipulación" y "oportunismos" al PP, a cuyos dirigentes tildó de "hipócritas", "fariseos", y "embusteros profesionales". El diputado socialista mostró una hoja del Boletín Oficial del Estado del pasado 10 de febrero en el que una disposición legal de la Xunta de Galicia anuncia que el "personal laboral fijo que realice funciones de funcionarios (...) será objeto del correspondiente proceso selectivo de promoción interna (...) y adquirirá la condición de personal funcionario de carrera".

El debate fue cerrado por la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, quien tras agradecer el apoyo a su grupo y a los sindicatos que han participado en el trámite de la ley, leyó unos versos de Antonio Machado: "Tu verdad no; la verdad / y ven conmigo a buscarla. /La tuya, guárdatela".