Los funcionarios anuncian nuevos recursos ante los tribunales

"A partir de hoy tendremos una ley aprobada haciendo uso de la mayoría socialista, sin el apoyo de ningún otro grupo político y sin escuchar la voz unánime de los empleados públicos", que a partir de ahora seguirán "pidiendo en la calle que esta ley se derogue si queremos una sociedad más justa". Así se expresaba Alicia Martos, responsable de Administración Pública del CSIF, al término de la concentración ante el parlamento de varios cientos de funcionarios.

Martos anunció nuevos recursos contra la ley y contra la aprobación de los estatutos y reglamentos por los que se regirán las empresas públicas. Además, indicó que habrá que esperar a los fallos judiciales de los recursos contra los decretos que han dado origen a esta ley.

El presidente del Sindicato Andaluz de Funcionarios de la Junta de Andalucía, Alfredo Pérez, mostró también su rechazo al proyecto de ley, una "copia exacta" de los decretos anteriores "en los que se usurpan derechos de funcionarios y ciudadanía al establecer que servicios públicos se gestionen por agencias públicas empresariales", lo que supone su "privatización".

Por su parte, Alegría Jiménez, portavoz de la Plataforma de Empleados Públicos de Andalucía, aseguró que rechazan el proyecto de ley que se ha aprobado porque es un "maquillaje" del decreto aprobado por la Junta en julio.

Todos los sindicatos convocantes de la protesta ante el Parlamento (CSIF, Safja y Ustea) resaltaron el gran dispositivo policial desplegado. "El Parlamento está totalmente blindado y fortificado, con un cordón policial absolutamente desproporcionado", indicaron. La concentración transcurrió sin ningún incidente.

Los convocantes de la protesta presentaron 28.000 firmas (12.000 en formato digital y 16.000 en papel) de empleados públicos andaluces, solicitando la revocación de los decretos leyes de reordenación del sector público.