La policía vio "riesgo bajo" para la víctima del último crimen machista

Susana G., asesinada en Málaga, no recibió la asistencia telemática que solicitó

Susana G., de 37 años, falleció ayer a las 9.30 víctima de un hachazo que le asestó su expareja, J. R. C., de 41, en plena calle, en Málaga capital. La última víctima mortal de la violencia machista había conseguido en 2010 una orden judicial de alejamiento de su agresor, de quien se estaba separando. Paradójicamente, la Administración consideraba que Susana, de nacionalidad española como su supuesto asesino, tenía un "riesgo bajo" de sufrir otro ataque por parte de su expareja.

Así lo estableció el Cuerpo Nacional de Policía en un informe de evaluación de riesgo elaborado en julio de 2010. "En este caso, [la víctima] tenía denuncia y orden de alejamiento y, por lo tanto, hay algo que ha fallado", admitió el vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba.

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Susana regresaba de dejar a su hija de cinco años en el colegio, en la barriada malagueña de El Palo cuando, al pasar por unas escaleras de la calle Caballero Platir, su exesposo la abordó con un hacha y un cuchillo y acabó con su vida en pocos segundos. El agresor fue interceptado por unos vecinos, quienes lo retuvieron, entre increpaciones, hasta la llegada de la policía. Algunos residentes aseguraron que el supuesto asesino llevaba "varios días" merodeando por la zona.

En julio de 2010, J. R. C. fue condenado a 14 meses de prisión por amenazas y maltrato a la fallecida, según comunicó el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, [aunque la pena de cárcel a quedó en suspenso a cambio de que hiciera cursos de igualdad, informa Efe].

El área de la Mujer del Ayuntamiento de Málaga solicitó el 21 de julio de 2010 el servicio de teleasistencia para Susana G. "con carácter urgente", aseguró ayer la directora de este organismo, Gema del Corral. En la petición municipal se adjuntaban, entre otros documentos, la orden judicial de alejamiento de la pareja y un informe, fechado el 9 de julio anterior, en el que la policía evaluaba el riesgo de que la mujer sufriera una nueva agresión. El cuerpo de seguridad establece cinco grados de peligro en sus informes: extremo, alto, medio, bajo y "no apreciable". En el caso de la mujer asesinada, Interior solo apreció el segundo nivel más bajo de peligro.

El delegado del Gobierno contra la Violencia de Género, Miguel Lorente, recordó ayer que la valoración del riesgo es "una probabilidad, no una certeza": "El riesgo de que un hombre ataque a una mujer puede pasar de inexistente a extremo por el mero hecho de que vea que sale con otro, por ejemplo. Son probabilidades que cambian con las circunstancias", afirmó el delegado del Gobierno.

El 4 de agosto, la empresa Eulen, proveedora del servicio de teleasistencia e intermediaria entre las administraciones, comunicó por escrito al Ayuntamiento de Málaga que la comisión de seguimiento del Ministerio de Igualdad había "denegado" la petición de Susana G. y de otras dos mujeres, cuyos nombres se citaban, "a pesar de cumplir con los requisitos de acceso al programa".

Lorente rechaza que se denegara la petición y asegura que esta no se cursó "porque los servicios sociales no la cumplimentaron correctamente". Según el delegado del Gobierno, "faltaba especificar el servicio de atención especializada al que estaba acogida la víctima". Lorente sostiene que Eulen informó de esta circunstancia "por teléfono" al Ayuntamiento, y recordó que en las comunicaciones sobre violencia de género no se citan nombres sino solo los números de expediente.

Susana G. es la undécima mujer asesinada en España a manos de su pareja en 2011.

Sobre la firma

Fernando J. Pérez

Es redactor y editor en la sección de España, con especialización en tribunales. Desde 2006 trabaja en EL PAÍS, primero en la delegación de Málaga y, desde 2013, en la redacción central. Es licenciado en Traducción y en Comunicación Audiovisual, y Máster de Periodismo de EL PAÍS.

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