La Comunidad acerca posturas con los sindicatos para el recorte de liberados

El mapa de representación sindical de Madrid mengua, pero ya está un poco más claro. La Comunidad de Madrid ha presentado una propuesta por escrito a los sindicatos en la que marca las líneas maestras de los recortes sindicales en la Administración que aprobó e incluyó hace tres meses en la conocida como ley escoba. Dicho de forma muy resumida, donde había tres quedará uno. La representación prevista queda reducida a un tercio de lo que es ahora. Un tercio de comités de empresa y un tercio de liberados sindicales presentes en las negociaciones con la Comunidad. El escollo está ahora en la redacción de la propuesta (que los sindicatos tildan de "farragosa"), en el concepto de centro de trabajo y en cómo retomar otros acuerdos que afectan a los trabajadores del ámbito público. Comunidad y sindicatos (CC OO, UGT y CSIT-UP) se han dado una semana para cerrar un acuerdo que ambas partes ven más cerca que nunca tras meses de enfrentamientos y reuniones fallidas. La previsión es que pase por el Consejo de Gobierno del próximo jueves 17 de febrero.

El Gobierno regional de Esperanza Aguirre aprobó en noviembre, dentro de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos o ley escoba, un sustancioso recorte de la representación sindical, que pasó de una media de 75 horas mensuales por delegado a 40. Este paso supuso saltarse los acuerdos regionales pactados sobre los mínimos que marca la ley.

El asunto arrancó con una gran polémica después de que la Comunidad de Madrid ofreciera unas cifras de representantes que los sindicatos siempre han tildado de "irreales" e "inflados".A saber. La Comunidad de Madrid dijo (y mantiene) que hay 3.400 liberados sindicales en la Administración regional. Los liberados son los trabajadores que concentran horas sindicales de varios delegados para representar a los trabajadores a tiempo completo. Los sindicatos reducen esa estimación a unos 1.900 delegados sindicales -los que tienen horas de representación pero siguen con sus funciones habituales en sus puestos de trabajo- y consideran que el Gobierno regional confunde "a propósito" ambos conceptos en un ataque contra los representantes de los trabajadores.

El borrador de acuerdo enviado por la Comunidad a los sindicatos, al que ha tenido acceso EL PAÍS, establece primero la definición de centro de trabajo, es decir, el lugar en el que puede haber elecciones y representantes sindicales. Por un lado incluye las consejerías y, por el otro, añade los centros públicos con más de 250 trabajadores. Esa es la materialización del primer recorte: hasta ahora el centro de trabajo en el que se pueden elegir representantes es en el que hay más de 50 empleados, según explican fuentes sindicales. En la práctica, el cambio significaría pasar de cerca de 120 comités de empresa a 36, algo menos de un tercio. Las juntas de personal (el equivalente al comité de empresa para los funcionarios) quedan prácticamente como están en el documento, al pasar de las 21 actuales a 22. El cambio se debe a que, por una parte, menguan las juntas de Sanidad (pasan de 11 a siete) pero crecen las de las consejerías, que se amplían de las cuatro actuales a nueve. También propone un tijeretazo en las horas mensuales de representación, un aspecto que ya quedó bastante definido en la Ley Escoba. Hasta ahora, la horquilla va de 40 a 75 horas mensuales. El borrador propone pasar de un mínimo de 30 a un máximo de 40 horas, en función del número de trabajadores (de 251 a más de 751).

La tercera pata gruesa del recorte afecta a los trabajadores que tendrán "funciones de representación y negociación", según el borrador. Son los liberados propiamente dichos, quienes quedan dispensados de forma directa de asistir a sus puestos de trabajo para negociar en la mesa general de la función pública o por sectores (Sanidad, Educación, Justicia, ... ). Según estimaciones sindicales, la nueva redacción supondría pasar de una media de 300 representantes en el caso de los grandes sindicatos (CC OO y UGT) a un centenar. De ellos, 45 corresponderían a los distintos ámbitos sectoriales (Justicia, Administración General, Personal Laboral, Educación y Sanidad) y los otros 55 al órgano más genérico, la Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos.

La Comunidad de Madrid no ofreció ayer estimaciones ni hizo ninguna valoración o aclaración sobre el borrador propuesto. "Esperamos que se cierre pronto y con el máximo consenso posible", señaló una portavoz de la Consejería de Presidencia, Interior y Justicia, cuyo titular, Francisco Granados, encabeza las negociaciones.

El borrador, de seis páginas y ocho apartados, contempla la creación de un registro de órganos de representación que prometió Aguirre y que pondrá negro sobre blanco los datos y cifras que ahora enfrentan a la Administración y los sindicatos. El texto recoge también que el acuerdo sea aprobado por Consejo de Gobierno de la Comunidad y publicado en el BOCAM (Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid) para su entrada en vigor. Será aplicable a todos los "departamentos, órganos, organismos, entes y empresas", prosigue el texto, sujetos a la Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos y sustituirá a los acuerdos alcanzados hasta ahora en distintos ámbitos regionales.

A partir del mediodía de hoy hay prevista una nueva reunión para negociar las alegaciones de los sindicatos y continuar perfilando el documento que todos quieren tener listo cuanto antes.