El Gobierno busca 100.000 empleos con premios a los contratos a jóvenes

Cualquier reforma laboral está destinada al fracaso si olvida el 43% de paro juvenil que aqueja a España. La idea de que este colectivo necesita planes específicos ha llevado al Gobierno y a los agentes sociales a incluir un plan de choque dentro del gran pacto social que ultimaban anoche y que esperan firmar mañana en La Moncloa. Se trata de subvencionar el contrato a tiempo parcial, poco utilizado en España, cuando se dirija a parados jóvenes o de larga duración, los dos colectivos que conforman el grueso del desempleo. El Estado sufragará hasta el 100% de las cuotas a la Seguridad Social para animar a los empresarios a usar esa fórmula, con la que esperan insertar a unas 100.000 personas.

Las subvenciones a la contratación se prolongarán durante un año

Los sindicatos rechazan que se bonifique los trabajos temporales

Consciente de que la bonificación de contratos ha resultado poco eficaz hasta el momento, la secretaria de Estado de Empleo, Mari Luz Rodríguez, insistió ayer en que su propuesta supone "una mirada a cortísimo plazo, encapsulada en el tiempo". Durante ese plazo, en principio un año, las empresas con menos de 250 trabajadores quedarán exoneradas del pago de cotizaciones cuando contraten a tiempo parcial a jóvenes sin empleo o parados de larga duración. Para las compañías con más de 250 trabajadores, la bonificación será del 75%. Habrá, eso sí, algunos requisitos: los contratos deberán durar al menos seis meses y cubrir como mínimo el 50% de la jornada ordinaria.

Bajo el ampuloso nombre de contrato de tránsito hacia el empleo estable, el Gobierno ha creado una fórmula -en realidad no es más que emplear la de tiempo parcial con algunas exigencias- para aplicar de forma inmediata. La secretaria de Estado de Empleo espera así que el peso del contrato a tiempo parcial, ahora inferior al 13%, se aproxime a la media europea del 25%, según explicó en unas jornadas organizadas por la Asociación de Periodistas de Información Económica.

El objetivo de insertar a unos 100.000 desempleados supone, en cualquier caso, un mínimo remedio frente a las escandalosas cifras de 2,1 millones de desempleados de larga duración (más de un año buscando empleo) y casi 850.000 menores de 25 años.

La atención a esos dos colectivos era una de las principales exigencias de los sindicatos para sumarse al pacto económico-social que intentaban cerrar ayer, aunque surgieron algunas dificultades de última hora que requirieron la presencia de los máximos líderes sindicales, Cándido Méndez (UGT) e Ignacio Fernández Toxo (CC OO) en la reunión de políticas activas, a la que en principio no iban a asistir -por parte del Gobierno, estaban el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, y el de Industria, Miguel Sebastián-. No obstante, fuentes sindicales descartaban que eso supusiera que el pacto estuviera en riesgo, y recordaban que para hoy los sindicatos -y también la patronal CEOE- tienen convocados a sus órganos de Gobierno para ratificar el texto que pretendían cerrar durante la noche.

UGT y CC OO hacen una objeción a la propuesta del plan de choque de Trabajo: que se bonifiquen tanto los contratos temporales como los indefinidos. "El modelo está completamente abierto", advertía Toni Ferrer, número dos de UGT.

Los empresarios lo ven con mejores ojos y lo que piden es que esa bonificación de cuotas dure dos años, según explicó el director de relaciones laborales de CEOE, José de la Cavada.

Junto a este plan de choque, el Gobierno tiene prácticamente cerrada la figura heredera de los 426 euros para parados sin rentas. La nueva ayuda, que rondará los 400 euros, se otorgará solo a los parados sin ingresos que participen en programas de formación. La responsable de Empleo rehusó dar cifras de posibles beneficiarios y del coste de la medida, pero confirmó que no estará condicionada a la disponibilidad presupuestaria, sino que se otorgará a quien cumpla los requisitos.