La fiscalía abre una investigación por la extorsión de ETA a un industrial

El juicio contra el ex jefe de la Inspección Fiscal de Vizcaya derivó ayer en el terrorismo de ETA. La exhibición de cuatro cartas de extorsión por un industrial, que acudió como testigo a la sexta jornada de la vista en la Audiencia vizcaína, obligó a la fiscalía a decidir la apertura de una investigación sobre las amenazas de la organización terrorista.

"Esto me ha servido para recibir cartas de ETA tras aparecer mi nombre en la prensa", afirmó el empresario J. A. A., al referirse a su inclusión en el listado protegido de Juan Ramón Ibarra, a quien se le acusa de trato de favor a los contribuyentes de dicha lista desde su puesto de máximo responsable de vigilar el fraude fiscal en Vizcaya. El industrial, visiblemente nervioso y quien admitió que recibe tratamiento médico desde que se hizo público el listado protegido, relató que la primera carta venía a nombre del propio Juan Ramón Ibarra -ETA suele utilizar remitentes conocidos o que no despierten sospecha en el extorsionado para que éste abra la misiva- y las tres restantes, de un socio, una compañera de trabajo y su propia hija.

La fiscal replicó al industrial, quien no denunció el caso, que debe actuar por ley

José Luis Bilbao y su antecesor, Josu Bergara, declararán el 15 de febrero

- "¿Ha denunciado usted estas cartas?", preguntó la fiscal jefe, Carmen Adán.

- "No", respondió.

- "¿Y quiere denunciarlas ahora?", inquirió la represnetante del ministerio público.

- "No. No quiero que esto salga de aquí".

Pero la fiscal jefe informó al industrial que, por ley y tras tener un conocimiento de un delito, debe abrir de oficio una investigación. "No lo sabía. Nadie me había informado de ello", replicó, preocupado, el empresario, quien agregó que desde la aparición en la prensa del listado, a principios de 2004, ha tenido que realizar declaraciones confidenciales.

El hecho provocó la protesta de los abogados defensores y el requerimiento a la Fiscalía si iba a preguntar a otros testigos en la misma situación sobre cartas de extorsión de ETA. Una parte importante de los 170 contribuyentes de la lista protegida que mantenía Ibarra realizan declaraciones confidenciales al estar amenazado por los terroristas, uno de los argumentos aducidos por el principal imputado para incluirles en el listado.

"Si se traen cartas de ETA, no se pueden hacer oídos sordos. Es prueba de un delito", abundó la fiscal jefe.

El presidente del tribunal, Juan Pablo González, quien lamentó ante el testigo "las molestias causadas", rechazó la petición de las defensas de que los próximos testigos con declaraciones confidenciales presten su testimonio como protegidos y anunció la apertura de un procedimiento judicial por las cartas de extorsión.

Como en las anteriores jornadas, los empresarios que declararon ayer negaron cualquier trato de favor de Ibarra o Hacienda en sus declaraciones fiscales, en contra de lo que sostiene la fiscalía en su escrito de acusación.

Claudio Pérez es socio de Jamones Claudio y Jamones Belako, dos de las empresas del listado protegido de Ibarra. La fiscalía aseguró, en su acusación, que fueron inspeccionadas en 2001 por los impuestos de sociedades y e IVA de 1999, tras la denuncia de uno de los socios. Pero Ibarra, según el ministerio público, limitó la inspección "sin justificación a un solo ejercicio fiscal, lo que no se realizaba así en esa fecha y en esas propuestas concretas". Agregó que se aceptaron declaraciones complementarias y que Ibarra "dio la orden de que no se comprobasen".

El socio de estas dos empresas dijo no haber recibido "trato de favor" de Hacienda y que su asesor fue Iñaki González, también incluido en el listado protegido.

El juicio continuará hoy con el testimonio de más empresarios. La Sala ha fijado ya las declaraciones del actual diputado general, José Luis Bilbao, y su antecesor, Josu Bergara, no incluidas al inicio del juicio pero admitidas tras una solicitud de la defensa de Ibarra. Ambos acudirán a testificar el día 15 de febrero y deberán explicar las decisiones tomadas desde que se destapó el caso en 2003. La vista no se prolongará hasta marzo, como se pensaba, y su final está ahora previsto para el 25 de febrero, con las conclusiones e informes de cada parte.