Defensa prorroga el convenio con EE UU pero negocia mejoras en su aplicación

El convenio sobre cooperación para la defensa con EE UU, que regula la presencia de tropas estadounidenses en España, se prorrogará por un año a partir del próximo 12 de febrero. Aunque el actual acuerdo lleva ya en vigor casi 22 años -los ocho últimos con las enmiendas pactadas en 2002-, el Gobierno ha renunciado a denunciarlo, por lo que se activa el mecanismo de prórrogas automáticas.

Con toda probabilidad, esta primera prórroga no será la última. El nuevo periodo de vigencia concluye en febrero de 2012 y fuentes diplomáticas reconocen que la etapa preelectoral no es la más propicia para una renegociación del convenio. Eso sin contar con que la denuncia debería hacerse con seis meses de antelación; es decir, en agosto de este año. Una eventual reforma queda así pendiente para la próxima legislatura.

No obstante, y a pesar de que el Gobierno se declara satisfecho con el funcionamiento del convenio, el Ministerio de Defensa se propone negociar "mejoras en los procedimientos operativos de aplicación" del mismo. Estas mejoras se plasmarán en acuerdos administrativos que no modifican el texto vigente. Así se hizo en 2007 con el acuerdo que regula la actuación en España de los servicios secretos de la Marina y la Fuerza Aérea de EE UU. Los nuevos acuerdos afectarán, según las fuentes consultadas, a la adaptación del convenio a la legislación medioambiental, al almacenamiento de explosivos y municiones o a la información sobre escalas y sobrevuelos de aeronaves.

Se quiere dejar claro, por ejemplo, que se cumple la prohibición de almacenar en España minas antipersonas o bombas de racimo, a las que las Fuerzas Armadas españolas han renunciado, pero no las de EE UU. Respecto a la legislación medioambiental, basta recordar que EE UU aún no ha aceptado retirar unos 50.000 metros cúbicos de tierra contaminada con plutonio por el accidente de Palomares (Almería), en enero de 1966.

La mejora en la información que facilita EE UU sobre sobrevuelos y escalas podría permitir, por su parte, conocer la identidad del pasaje de los aviones. Al no constar este dato, España no ha podido verificar si, entre 2001 y 2004, pasaron por las bases españolas prisioneros con rumbo a Guantánamo y ha tenido que fiarse de la respuesta negativa del Pentágono. Las fuentes consultadas insisten, no obstante, en que desde 2007 los vuelos a Guantánamo están excluidos de la autorización genérica para los aviones que apoyan la misión en Afganistán.

Lo que deberá esperar es la aspiración española de que el acuerdo tenga el mismo rango legal en ambos países. El convenio es un tratado en España y solo un acuerdo intergubernamental en EE UU. Por eso, el Parlamento español lo aprueba, pero no el Congreso estadounidense.