España prohíbe a los aviones de EE UU repostar sobre su territorio
Chacón veta a partir del 1 de febrero la maniobra que provocó el accidente nuclear de Palomares
La Fuerza Aérea de EE UU no podrá realizar, a partir del 1 de febrero, operaciones de reabastecimiento en vuelo sobre territorio español, según ha anunciado esta mañana en el Congreso la ministra de Defensa, Carme Chacón. Esta maniobra fue la que provocó, en enero de 1966, el accidente de Palomares (Almería), al colisionar un bombardero B-52 cargado con bombas nucleares con un avión cisterna. La ministra ha anunciado que las aeronaves de EE UU tampoco podrán realizar vuelos visuales, si no solo instrumentales, con el objetivo de reforzar el control y la seguridad del espacio aéreo español.
En respuesta a una interpelación del diputado de Izquierda Unida Gaspar Llamazares, Chacón ha confirmado que España ha decidido no denunciar el convenio con EE UU, que regula la presencia de tropas estadounidenses en las bases de Rota (Cádiz) y Morón de la Frontera (Sevilla), por lo que este se prorrogará automáticamente por un año a partir del 12 de febrero.
Sin embargo, según ha anunciado la ministra, España y EE UU han acordado una serie de "mejoras de carácter técnico" que afectan a la información sobre escalas y sobrevuelos, el almacenamiento de municiones y explosivos y la adaptación a la legislación medioambiental española. Además de las nuevas prohibiciones, Washington deberá pedir permiso con una semana de antelación para aquellos sobrevuelos y escalas de aviones que no estén cubiertos por autorizaciones genéricas, como los que tienen por destino Guantánamo, y acompañar la petición de una memoria justificativa. Hasta ahora, el plazo habitual de preaviso era de solo 48 horas. Chacón ha insistido, no obstante, en desvincular estos cambios del escándalo de los vuelos de la CIA: el traslado de detenidos ilegales a Guantánamo a través de bases y aeropuertos europeos.
El Pentágono se compromete, además, a no almacenar en España minas antipersona o bombas de racimo y a informar con carácter anual, y siempre que se produzca un cambio significativo, del contenido de sus polvorines. También deberá presentar un estudio de impacto medioambiental, con las medidas previstas para paliarlo, cuando realice alguna actividad en las bases en territorio español.
Llamazares ha calificado los cambios de "positivos, pero parciales e insuficientes", mientras que Chacón ha asegurado que la fórmula elegida ha sido la más eficaz para que las mejoras se apliquen con rapidez. "Ni denuncia [del convenio] ni prórroga sin más", ha resumido.
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