Argentina destapa el empleo de personal esclavo en la agricultura

60 menores y 120 adultos trabajaban en cautiverio para una firma holandesa

Una multinacional del comercio de granos, Nidera , que está presente en 22 países y tiene su casa matriz en Holanda, fue denunciada a fin de año por un fiscal argentino y el Ministerio de Trabajo bonaerense por presunto trabajo esclavo en una de sus fincas. La compañía, que también produce semillas, fertilizantes, herbicidas y fungicidas, negó la acusación, pero las condiciones inhumanas en determinadas actividades agrícolas en pleno siglo XXI y en uno de los sectores más productivos de Argentina han despertado un debate tal que obligó a reunirse el pasado miércoles al ministro de Trabajo argentino, Carlos Tomada, con los cuatro principales colectivos de agricultores y ganaderos del país. Tomada anunció la creación de un espacio de acción conjunta para "erradicar el trabajo en negro y las condiciones de servidumbre que la justicia está investigando".

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Pero las condiciones de esclavitud en Argentina no solo han sido detectadas en el campo, sino también en talleres textiles de Buenos Aires, en prostíbulos de todo el país y hasta en fábricas de ladrillos de los suburbios de la capital o de la patagónica Neuquén, tal como viene denunciando la cooperativa La Alameda, en la que se emplean trabajadores liberados de ese sometimiento. Alrededor de 1,3 millones de latinoamericanos padecen el trabajo forzoso, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

El fiscal Rubén Giagnorio denunció a siete empleados de Nidera por presunta "reducción a la servidumbre" (lo que en términos legales en Argentina equivale a trabajo esclavo) de 60 menores y 120 adultos, temporeros de la provincia norteña de Santiago del Estero trasladados al municipio de San Pedro (165 kilómetros al norte de Buenos Aires).

El fiscal y los máximos funcionarios del ministerio denunciaron que Nidera los había llevado por 15 días sin saber cuánto iban a cobrar, los había encerrado en una finca, nos los dejaba salir y retenía sus documentos de identidad. Según los denunciantes, dormían hacinados en barracas, como las de un campo de concentración, carecían de baños, agua potable, extintores y materiales para la seguridad laboral, las instalaciones eléctricas eran deficientes y sufrían descuentos de sus salarios para pagar la indumentaria de trabajo y la comida, que un proveedor externo les vendía a un precio mayor que en los comercios. Incluso les hizo pagar por paquetes de espaguetis que llevaban el logo del Ministerio de Desarrollo Social bonaerense y que se distribuyen gratis. Además, los niños manipulaban productos químicos sin ninguna precaución, según el Gobierno bonaerense.

Nidera, que en Argentina es el sexto exportador de granos y el número uno en producción de semillas de soja y girasol, respondió en un comunicado de prensa que todos los trabajadores estaban registrados en la Seguridad Social, las condiciones de salario, transporte, trabajo, alojamiento, higiene y alimentación suministradas habían sido las estipuladas por la ley y que ninguno de esos "servicios" había sido descontado de la remuneración.

También aseguró que los menores de edad tenían entre 16 y 18 años y podían trabajar porque estaban autorizados o acompañados por sus padres. "La acusación se refiere a una práctica industrial común en la que las empresas de semillas contratan empleados temporeros para desflorar plantas de maíz híbrido", se defendió Nidera, una empresa de una familia holandoargentina que está presente en países como Brasil, Uruguay o Europa del Este.

En los últimos días se sucedieron otros seis allanamientos de fincas en los que los ministerios de Trabajo bonaerense y federal descubrieron que dos compañías de capitales argentinos sometían a "servidumbre" a otros 586 adultos y seis menores de edad. La cuestión tomó tal dimensión que la presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, decidió incluirla en la agenda de una reunión que los colectivos agrícolas iban a mantener el miércoles con el ministro de Agricultura para discutir sobre la liberalización del mercado del trigo.

* Este artículo apareció en la edición impresa del 0018, 18 de enero de 2011.

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