La Cámara de Comercio despedirá al 25% de su plantilla

Uno de cada cuatro empleados, fuera. La Cámara de Comercio de Madrid prescindirá, "seguro", del 25% de su plantilla actual, formada por 312 personas. El cálculo lo hace su presidente, Arturo Fernández, también a la cabeza de la patronal CEIM. "Queremos hacerlo de la manera menos traumática, con prejubilaciones y bajas voluntarias", afirma. La cifra final de despidos dependerá del plan de negocio que ultima el organismo para adaptarse al cambio que ha aprobado el Gobierno y que elimina la obligación de que las empresas estén asociadas a estas corporaciones.

Hasta ahora, en torno al 60% de los ingresos de la cámara madrileña (75 millones en 2009) provenían de las cuotas que abonan las compañías, sobre todo las grandes (la cuantía del pago iba en función de los beneficios). Al convertirse la afiliación en algo voluntario, según la norma aprobada el pasado diciembre, es preciso replantear la situación. De ahí que la cámara madrileña ultime un plan de negocio para captar recursos y reducir gastos. El proyecto estará listo este mes, según el presidente. Deberá contar con el visto bueno del pleno del organismo, del Consejo Superior de Cámaras de Comercio (agrupa a las 88 que existen en España) y de la Comunidad de Madrid.

Fernández ya insinuó los despidos en una carta enviada a los empleados en la segunda quincena de diciembre, según publicó Expansión. Una misiva en la que advertía que es imprescindible acometer "una urgente contención del gasto, así como una adecuación de la estructura al nuevo proyecto".

Sobre los trabajadores, puntualizaba: "Los que permanezcan en la institución tendrán que adaptarse a cambios sustanciales en los métodos de trabajo, exigencias de cumplimiento, medios más austeros, recursos escasos, mayor dedicación, etcétera".

La carta cayó como un rayo entre los empleados. Llovía sobre mojado. Antes de la reforma del Gobierno, se había aprobado una reducción de 27 empleados, según fuentes de los trabajadores. La política de austeridad llevó a suspender la copa navideña, pero sí se hizo la adjudicación a una empresa del obsequio de Navidad para "miembros del pleno, el comité ejecutivo y la alta dirección de la cámara", según la web de la institución. En esos escalones hay más de 70 personas."Tenemos que mantenernos con nuestros ingresos. Si no hacemos caja tendremos que cerrar", plantea Fernández. "Antes recolocábamos el dinero que recibíamos de nuestros asociados. Se lo devolvíamos en forma de servicios. Ahora tenemos que ver cómo obtenemos esos fondos".

La cámara estudia cómo rentabilizar los servicios que ofrece (algunos de ellos gratuitos), ver cuáles pueden ser más rentables y decidir qué se hace con el resto. La vista está puesta en los cursos de formación, que financia en gran medida, y las certificaciones, por ejemplo, según el presidente de la corporación.

También busca oportunidades de negocio, por ejemplo en la anunciada privatización de Barajas (desea entrar en un eventual sistema de cogestión) o en Ifema, la institución ferial de cuyo accionariado forma parte. La corporación estudia además los modelos de funcionamiento de instituciones similares en Europa y Estados Unidos, asegura Fernández.

La Cámara de Comercio de Madrid tiene más de medio millón de asociados (hasta ahora debían pertenecer a ella todas las personas naturales o jurídicas que ejercen una actividad comercial, industrial o de servicio sujeta al Impuesto de Actividades Económicas). Ofrece servicios que abarcan desde la formación y el asesoramiento hasta la promoción exterior. Además de su sede central, en el Campo de las Naciones, dispone de una docena de oficinas en otras tantas localidades madrileñas y también de un autobús-oficina móvil.

La decisión del Gobierno de suprimir la afiliación obligatoria a las cámaras (organizaciones con 125 años de historia) se plasmó vía real decreto ley el pasado 3 de diciembre. Forma parte del paquete de medidas orientado a estimular la actividad económica de las pequeñas y medianas empresas (pymes), que forman el grueso del tejido productivo.

El Consejo Superior de Cámaras criticó la medida, tomada "sin ningún tipo de información ni de consulta previa y sin el tiempo necesario para analizar las consecuencias".

En una nota difundida el pasado 17 de diciembre, el organismo aseguraba que el fin de la afiliación obligatoria ponía en peligro "servicios esenciales" que ninguna otra institución puede ofrecer en mejores condiciones a las pymes.

El consejo ha pedido la apertura de "un periodo de reflexión" entre cámaras, empresas y Administraciones públicas y un plazo de adaptación "adecuado y prudente".