Batalla desigual

La nueva ley antitabaco ha demostrado en sus apenas cuatro días de aplicación que necesita algunos ajustes. Es verdad que la norma es sólida, debido fundamentalmente a su simplicidad. Lejos de las ambigüedades de la anterior, esta ley es de más fácil seguimiento al prohibir el consumo del tabaco en todos los centros públicos cerrados (excepción hecha de recintos penitenciarios y psiquiátricos). En ese contexto, que en tan pocos días se hayan producido más de 1.000 denuncias puede ser una señal positiva, dado que el cumplimiento de la ley anterior dejaba mucho que desear y, sin embargo, los ciudadanos no ejercían el mismo derecho a protestar. A este respecto, no cabe calificar de inoportuno el recordatorio de la ministra de Sanidad, Leire Pajín, de que cualquier ciudadano puede denunciar su incumplimiento.

Ello no se correspondía ni con el alto porcentaje de población no fumadora (7 de cada 10) ni con la opinión mayoritariamente favorable de los ciudadanos hacia una ley más restrictiva como la actual, según demostraban los sondeos. La insumisión de algunos locales de restauración y las reyertas registradas estos días no pueden ser interpretados por ahora más que como pequeños focos de resistencia que responden a un minoritario descontento social.

A pesar del poco tiempo transcurrido desde que entró en vigor la nueva ley, parece evidente la necesidad de aplicar algún ajuste. Ampliar la prohibición de fumar en los espacios al aire libre o cubiertos de los recintos de los establecimientos sanitarios penaliza en exceso a los visitantes y trabajadores de dichos centros a la hora de ejercer su libertad de fumar, dada la amplitud de algunos de esos recintos. Tampoco es de sencilla aplicación la prohibición en los andenes de estaciones y puertos al aire libre. De hecho, es en los hospitales donde se han registrado problemas y en las estaciones y puertos donde se acusa el desconcierto.

La mejora de la ley se topará, sin embargo, con el mismo escollo al que se enfrentó la anterior. A las comunidades autónomas les corresponde, si lo estiman pertinente, aprobar las normas de desarrollo y ejecución, lo que presagia un seguimiento de la prohibición territorialmente desigual, como ya ocurrió con la norma de 2005. Los escasos inspectores que Madrid planea dedicar a la tarea dan una idea de hasta qué punto están dispuestos algunos políticos a primar su labor de oposición al Gobierno central en detrimento de sus obligaciones de velar por la salud pública de sus administrados.

De ahí que el Gobierno se haya arrogado en esta ocasión la potestad de vigilar desde la Inspección de Trabajo y Seguridad Social el cumplimiento de la prohibición para garantizar la protección de camareros y otros trabajadores de la hostelería, a los que el escaso control de algunos Ejecutivos autónomos ha dejado desprotegidos frente al humo, que causa cada año la muerte de 1.500 fumadores pasivos.