La reforma posible

La Comisión del Pacto de Toledo no ha conseguido poner de acuerdo a los partidos políticos para que acepten una reforma del sistema de pensiones que incluya una prolongación de la edad de jubilación desde los 65 años actuales hasta los 67. La edad de jubilación se ha convertido en el motivo de discordia política sobre la reforma, aunque no es poco que la Comisión haya alumbrado un conjunto de recomendaciones (incluido el otro gran pilar de la reforma, la ampliación del periodo de cómputo para calcular la pensión) que deja al Gobierno las manos libres para imponer el cambio que quiere en las pensiones. Y ese cambio es aplazar la edad de jubilación hasta los 67 años, ampliar el periodo de cálculo de la pensión desde los 15 años actuales hasta los 20 (quizá 25) y aumentar el número de años de cotización para tener derecho a la pensión máxima.

En favor de la tesis del Gobierno hay que decir que los argumentos para acometer la reforma son sólidos. Existe una probabilidad muy elevada de que el sistema entre en déficit a partir de 2020 si no se corrigen ahora los parámetros básicos de las prestaciones; por tanto, es necesario tomar decisiones ahora. Es verdad que la gestión política de esta reforma ha sido algo confusa. Recuérdese el efecto del caso del documento presentado por el Gobierno ante la CE que incluía la jubilación a los 67 años, que fue inmediatamente retirado, o las reticencias de los ministros de Trabajo a aceptar cambios. Pero en las últimas semanas, quizá desde la llegada de Rubalcaba a la vicepresidencia, las reformas se aceptan y además se les pone fecha. En el caso de las pensiones, el 28 de enero es el día límite, tres días después de que el pleno del Congreso vote el documento del Pacto de Toledo aprobado ayer.

Al Gobierno se le critica precisamente ese escaso margen de tiempo entre la votación del Congreso y la presentación formal de la reforma que proponga. La crítica es razonable, ya que revela una instrumentalización del documento pactado; pero también debe tenerse en cuenta que el Ejecutivo está obligado a gobernar teniendo en cuenta los acuerdos posibles, que no los ideales. Por razones tácticas, el PP no acepta una jubilación a los 67 años, salvo con matices, y los partidos de izquierda nunca la avalarán. Una vez que se acepta la reforma, es más práctico aceptar un consenso parcial que demorarla en busca del acuerdo total.

La reforma de las pensiones que propone el Gobierno es racional, sobre todo si se aplica con prudencia, mide los tiempos de aplicación, tiene en cuenta la vida laboral de cada trabajador y ajusta algunas deficiencias bien señaladas por el Pacto de Toledo (ampliar la pensión de viudedad). Si de lo que se trata es de garantizar la supervivencia del sistema, del que nadie hoy quiere prescindir, esta es una de las muy escasas opciones disponibles. Las organizaciones sindicales no deberían perder la oportunidad de enriquecer la reforma, por más legítima que sea su oposición a la misma.