Mantener los residuos tóxicos en Cerdanyola ahorrará 65 millones a varias inmobiliarias

La Generalitat y el Ayuntamiento de Cerdanyola tenían cinco opciones para hacer posible la construcción de 4.000 viviendas junto al vertedero de Can Planas. Eligieron la tercera: no eliminarían los residuos tóxicos que hay en su interior, sino que los controlarían a través de un sellado con barreras subterráneas de hormigón. El precio estimado de esta actuación es de 34 millones. De llevarse a cabo, más de 11 millones saldrán de los bolsillos de empresas privadas, que son dueñas de un tercio del terreno. De haberse elegido la opción más ambiciosa -y la exigida por vecinos y ecologistas-, el vaciado y limpieza de los residuos, los propietarios habrían tenido que desembolsar 65 millones de los 197 que costaría ese plan.

El promotor de Espais dijo que trató de influir "por el bien del proyecto"

En total, los terrenos del vertedero y los metros de perímetro de seguridad a su alrededor pertenecen en más del 60% a la Generalitat (a través del Incasòl) y el Ayuntamiento de Cerdanyola. Sin embargo, hay varias parcelas, que suman el 30%, en manos privadas. Según el registro de la propiedad, sus titulares son Gescat Gestió del Sòl (filial de Catalunya Caixa), Golden Loast Segur, Reyal Urbis y Espais (empresa de Lluís Casamitjana, imputado en el caso Pretoria). Algunas de las fincas, aseguran los representantes del PP en Cerdanyola, fueron compradas por estas empresas en 2009.

La construcción de las barreras subterráneas estaba a punto de ser una realidad, pero hace 10 días la alcaldesa de Cerdanyola anunció que se encargaría un nuevo estudio para evaluar si mantener los residuos confinados es la mejor opción. En 2009 fue la consultora Idom la que realizó el informe que proponía las cinco opciones. Para escoger la del confinamiento con barreras de hormigón interno, Idom defiende que utilizó criterios técnicos, medioambientales y económicos.

La valoración de Idom sobre las opciones fue acatada por Ayuntamiento y Generalitat, que la consideraron la más adecuada. Vaciar el vertedero, apuntaba el informe, costaría tres años y trasladar los residuos para que fueran limpiados tendría un enorme impacto ambiental. El precio de este ambicioso plan era también el más caro.

Los dueños privados de los terrenos no han tenido de manera oficial voto a la hora de elegir una u otra opción. Sin embargo, no es la primera vez que alguno de ellos trata de influir en la aceleración del proyecto de urbanización del Parc de l'Alba. En la zona ya se ha puesto en marcha el sincrotrón de partículas, parte del parque científico y vías verdes. Pero los casi 4.000 pisos que deben levantarse llevan años encallados. Primero, por culpa del vertedero de Can Planas, que resultó ser más grande y peligroso de lo estimado (ocupa 18 hectáreas de las 340 que tiene todo el proyecto). Luego, por los continuos cambios políticos del municipio.

El promotor inmobiliario Lluís Casamitjana, imputado en el caso Pretoria, tenía varios terrenos en la zona de Cerdanyola donde debían levantarse las viviendas. Sin embargo, el proyecto no avanzaba. En 2009 lo paralizaba un detalle sobre el tamaño de los futuros pisos que la edil de CiU, Consòl Pla, se negaba a aceptar. Casamitjana acudió entonces al ex alto cargo de la Generalitat Lluís Prenafeta (también imputado) para que le buscara contactos en la directiva del partido de CiU. A través de Artur Mas esperaba convencer a Pla de que cediera y así poder empezar a construir.

"En esta población había un gobierno tripartito, y entre uno de los tres estaba Convergència. A Casamitjana yo siempre le he hecho los favores que podía y me dice: ¿tú puedes prepararme una entrevista con la señora Consòl nosequé? Y yo digo: hombre, no la conozco, pero puedo llamar a la dirección de Convergència, que le digan que te reciba". Esta es la versión que contó ante el juez el mismo Prenafeta durante la instrucción del caso. "¿Con quién habló de la dirección?", le preguntó el magistrado. "Con Ar... Artur... Con alguien de la dirección", dijo el imputado, que después insistió varias veces en que no se refería a Artur Mas.

Prenafeta fue además quien animó, según sus propias palabras, a Casamitjana a comprar los terrenos de esa zona de Cerdanyola años atrás, porque en el futuro se construiría encima el Parc de l'Alba y valdrían dinero. "El proyecto tenía una larga historia. Llevábamos 12 años luchando por este tema", justificó ante el juez Casamitjana. El dueño de Espais explicó que en la zona "se cometió un error", ya que se modificó el plan urbanístico (para acoger el Centro Direccional) "pero no se detectó que había un vertedero muy importante. El plan había previsto edificar encima".

Aprovechando la modificación del plan para evitar la zona del vertedero y "resituar las parcelas afectadas en otro sector", Casamitjana y otros privados, según asegura él mismo, pidieron al Ayuntamiento de Cerdanyola que modificara también el tamaño de los pisos. De los 130 metros cuadrados previstos en el plan inicial a 80 metros, "por cuestiones de mercado". Harían más pisos y de menos metros. Aseguró después al fiscal que tanto al alcalde, Antoni Morral (ICV), como al PP les parecía bien. Morral a cambio, les exigía que pagaran parte de la limpieza del vertedero. Pero CiU, y en concreto su edil Consòl Pla, no quería pisos de menos de 90 metros.

Fue entonces el propio alcalde el que, según Casamitjana, le pidió que hablara con ella y la intentara convencer. Y Casamitjana, para llegar a ella, llamó a Prenafeta, para que lograra que la dirección de su partido cambiara "la posición de inamovilidad de esa señora". No era, mantiene el imputado, en beneficio propio, "sino de todo el plan".

El 16 de julio de 2009 Casamitjana y Consòl Pla se vieron en un bar. La edil de CiU dijo que tomaron café, el constructor le explicó su plan y se fue. No hubo dinero de por medio, mantiene. Según una llamada telefónica de Casamitjana a Prenafeta, Pla le había explicado que bloqueaba el proyecto porque el alcalde Morral era un indeciso y cambiaba demasiado de opinión. Les pedía la aprobación de un proyecto y unos cambios, pero sin enseñarles papeles concretos.

De esas conversaciones hace más de un año. El proyecto sigue parado. Ahora, de nuevo, por el vertedero. Los dueños privados de los terrenos, que aún no han podido construir, no saben si deberán gastarse en recuperar la zona antes de empezar 11 millones o seis veces más.