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Editorial:

Reforma gradual

La propuesta del Gobierno sobre pensiones es más prudente que el cambio planteado por la OCDE

La reforma del sistema español de pensiones vivió ayer un cruce intenso de propuestas. La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) publicó un informe completo sobre España en el que plantea una reforma radical. Propone que la edad de jubilación vaya dilatándose en función de la esperanza de vida de la población, lo cual equivale a situarla progresivamente más allá de los 67 años, y ampliar el plazo de cotización necesario para obtener la pensión completa. Mientras tanto, el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, explicaba la reforma más gradual que pretende el Gobierno: ampliar la edad de jubilación hasta los 67 años y aumentar paulatinamente el plazo de cómputo de la pensión desde los 15 últimos años hasta los 20 años primero y después hasta los 25. Los sindicatos, a su vez, amenazaron con una segunda huelga general porque el retraso de la jubilación "marca la frontera entre el acuerdo y el desacuerdo".

Las posiciones en el debate necesitan una interpretación. La OCDE dibuja en el informe un futuro bastante probable en el que todos los servicios públicos (desde el agua hasta la sanidad) se pagan o aumentan de precio. En el caso de las pensiones, defiende la posición de un actuario de seguros; no otra cosa es aproximar lo percibido a lo cotizado. Así debe ser en los manuales, pero la gestión política tiene sus propias reglas. No es prudente pasar desde el sistema actual a otro que fije la edad de jubilación en función de la esperanza de vida sin correr el riesgo de una protesta social. Si de lo que se trata es de afianzar el sistema público, lo más sensato es corregir el sistema de cálculo de las cotizaciones en función de ese déficit e ir revisando periódicamente el balance del sistema en función del empleo, las cotizaciones y la población.

Poco hay que oponer a la OCDE en su reclamación de una reforma laboral que favorezca la creación de empleo cuando haya recuperación. Pero recomienda al Gobierno que suba impuestos para ayudar a corregir el déficit (señala con el dedo el IVA y los impuestos especiales) y pide que se reduzcan el impuesto sobre sociedades y las cotizaciones sociales para favorecer la creación de empleo. Las subidas fiscales son la última carta de un Gobierno cuando han fallado todas las demás. Si según la propia OCDE, en 2010 y 2011 se cumplirán los objetivos de déficit, se entiende que el Gobierno prefiera esperar a que la subida de impuestos sea necesaria. La OCDE se sorprendería si supiera que el tipo efectivo que pagan las empresas por Sociedades en pocas ocasiones supera el 15%.

La obligación y la oportunidad política de los sindicatos es negociar; es decir, asegurar a sus afiliados que las reformas se hacen por razones válidas y cuidar de que se ejecuten de forma justa. Pero se han empeñado en una táctica de confrontación. No es eso lo que quieren sus afiliados; más les gustaría que sus representantes fuesen parte activa de la negociación. Resulta chocante que UGT y CC OO sugieran una segunda huelga general después de los magros resultados de la primera.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 21 de diciembre de 2010