Una 'mordida' de 700.000 euros

Setecientos mil euros de mordida. Ese es el dinero que podrían haber cobrado los saqueadores confesos del Palau de la Música Fèlix Millet y Jordi Montull por adjudicar el fallido proyecto de construcción del hotel a la empresa Olivia Hoteles en terrenos de la entidad cultural. El propio Montull, ex director administrativo del Palau, reconoció ayer que estaba previsto cobrar esa cantidad, pero negó que se hiciera efectiva.

En su tercera declaración ante la titular del Juzgado de Instrucción número 10 de Barcelona, que investiga la operación urbanística, se exhibieron a Millet y Montull unos documentos hallados en el Palau en una carpeta denominada Acuerdos Valderrama. En uno de ellos aparece la cifra de 700.000 euros junto a otras dos que suman poco más de 900.000 euros con la anotación "B". Millet dijo que desconocía ese documento, pero Montull no tuvo reparos en admitir que lo redactó él y que no se trataba de una comisión, sino de una "cantidad adicional" que nunca se hizo efectiva.

El despacho de abogados Molins contrata a Gemma Montull de contable

Por el contrario, la tesis que sostiene el fiscal Antoni Pelegrín es que Millet y Montull sí recibieron ese dinero. Por eso les acusa de un delito de apropiación indebida ya que, en su opinión, la cantidad fue a parar a sus cuentas corrientes y no se ingresó en las arcas del Palau. El supuesto pagador, Manuel Valderrama, presidente de Olivia Hoteles y promotor del proyecto negó en su día ante la juez y en la comisión de investigación del Parlament el pago de esa cantidad.

Según su versión, los 900.000 euros que aparecen en los documentos que redactó Montull corresponden a los honorarios que debía percibir el arquitecto, Carlos Díaz. Pero este, a su vez, declaró ante la juez que solo recibió 185.00 euros, por lo que la cifra pendiente (715.00 euros) se aproxima a la supuesta comisión. Ese dinero coincide, además, con los movimientos bancarios intervenidos a Millet en una caja fuerte.

Esta investigación judicial, distinta de la que tramita el juez Juli Solaz por el saqueo del Palau, está prácticamente finalizada a la espera del informe de la Agencia Tributaria. Ayer declaró también la concejal del distrito de Ciutat Vella en el que debía construirse el hotel, Itziar González (PSC), quien dijo sentirse "presionada y traicionada" cuando se enteró que la promotora del hotel era una entidad privada. Por eso solicitó al teniente de alcalde de Urbanismo, Ramon García Bragado, también imputado, que paralizase el proyecto. Lo mismo que hizo con el alcalde de Barcelona, Jordi Hereu y con el entonces primer teniente de alcalde, Carles Martí. Sus peticiones no encontraron apoyo y dimitió.

Francesc Jufresa, abogado de García Bragado, sostiene que la declaración de González favorece a su cliente y anunció que solicitará el archivo de la causa para él, aunque el fiscal está firmemente decidido a que el todavía teniente de alcalde se siente en el banquillo de los acusados.

Por otra parte, la ex directora administrativa del Palau de la Música e imputada en el saqueo, Gemma Montull, trabaja desde hace meses como contable en el despacho de abogados de Molins y Silva, que lleva su defensa y la de su padre, Jordi Montull. "No tengo ningún inconveniente en reconocerlo", dijo ayer Pau Molins, quien se negó a detallar si la mujer percibía alguna remuneración por ese trabajo.