Al estilo Wikileaks

La Ley de Dependencia supone el mayor avance en protección social de la última década porque consolida derechos subjetivos y universaliza servicios y prestaciones de los que ya se benefician 650.000 personas, si bien es verdad que 234.000 esperan y desesperan en el que llamamos limbo de la dependencia -se les reconoce el derecho pero no se les ha concedido aún el recurso que necesitan-. El desarrollo territorial está siendo muy desigual y en el último semestre se constata una ralentización en la provisión de servicios y prestaciones y un estancamiento en las desatenciones: el limbo no mejora. Consecuencia lógica de ello es un cierto freno al gasto, que también tiene que ver con la prescripción de los recursos de menos coste (6 de cada 10 ayudas son prestaciones económicas para los cuidadores familiares, más del 90%, cuidadoras).

A la complejidad de los procesos para implementar la ley hay que añadir la falta de cumplimiento de los acuerdos alcanzados en el Consejo Territorial (entre los consejeros y el Gobierno central), el boicoteo institucional de algunos gobiernos autónomos, la complacencia de los tres ministerios en los que se ha trabajado esta ley, y el oscurantismo y la intolerable falta de datos de un sistema de información maleable y cercenado según intereses perversos, además de no distinguir los nuevos dependientes de los que ya estaban atendidos por los servicios sociales tradicionales, lo que permitiría planificar y evaluar con cierto rigor el desarrollo de la ley. Se necesita luz y taquígrafos, es intolerable el flagrante incumplimiento de la resolución en la que se establecían los datos obligatorios que debían comunicarse y hacerse públicos, y que debería haber entrado en vigor a mediados de este año. Lo que hay, en cambio, son dos modos de introducir al sistema central los datos según convenga. ¿Se imaginan que no se publicaran las cifras del desempleo y así, ingenuamente, pensar que no hay paro?

La falta de información económica ejecutiva del sistema nos obliga a valorar con estimaciones. Que no se sepa lo que gastan y reciben las comunidades autónomas, ni el gasto cesante de los servicios sociales es tan insostenible como absurdo. La falta de transparencia obliga a acceder a algunos datos al estilo Wikileaks dada la mezcla de impericia y desidia de algunos gestores ministeriales y autonómicos. Aún así, las estimaciones son demoledoras y se comprueba un sistema de financiación injusto que redistribuye la mayoría de los fondos del ministerio en virtud de parámetros que no garantizan la equidad. El Tribunal de Cuentas, que por iniciativa propia ha iniciado una fiscalización de las aportaciones y el gasto de las comunidades, podría traer luz.

Los responsables políticos en las diferentes Administraciones deben recordar que detrás de todas las cifras y procesos de la Ley de Dependencia hay personas con derecho a una mayor autonomía y atención. Cientos de miles de historias particulares de mayores, discapacitados y familias que exigen de los poderes públicos una respuesta inteligente, valiente y con alma.

José Manuel Ramírez Navarro es presidente de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales