La red de corrupción que tejió Montesinos sobrevive en el Ejército peruano

Los carteles del narcotráfico siguen teniendo influencia en el Ejército de Perú, lo que dificulta las estrategias del Gobierno en los bastiones de la droga del país sudamericano. EE UU considera que, pese a los esfuerzos del presidente Alan García, la red de corrupción relacionada con la droga tejida por Vladimiro Montesinos, el ex jefe de los Servicios de Inteligencia y hombre fuerte de la presidencia de Alberto Fujimori (1990-2000), no está elimada y advierte que incluso aún puede resurgir.

Montesinos, quien cumple una condena en la base naval del Callao, en Lima -y tiene otros ocho juicios pendientes-, "colaboró con jefes del Ejército y otros funcionarios de seguridad para desarrollar una red de protección que favorecía a unos traficantes de droga mientras cooperaba con Estados Unidos para combatir a otros", según describen las comunicaciones con Washington. La Embajada en Lima ha contactado con altos jefes militares peruanos, quienes denuncian que algunos de sus compañeros de armas todavía "reciben lucrativos pagos de los traficantes de droga que actúan en el valle de los ríos Apurímac y Ene", una zona conocida en Perú como VRAE. Los estadounidenses han pedido opinión a otros informantes, que dan por buena esta denuncia. El VRAE es, además, el último reducto del grupo terrorista Sendero Luminoso, un lugar de muy difícil acceso con montañas escarpadas y selva cerrada. Allí el Ejército ha desarrollado diversas operaciones antiterroristas, destinadas todas a ellas, según los documentos estadounidenses, a tener un escaso éxito en la medida en que interfieren tanto en la actividad de los narcotraficantes como en el sistema de sobornos que estos han establecido. Los informantes de la Embajada citan como ejemplo la Operación Excelencia 777, lanzada entre agosto y octubre de 2008. "La operación no ha sido tan exitosa como se ha dicho", señala un testigo cualificado en los informes estadounidenses.

El dinero del narcotráfico no solo alcanza a los altos mandos. Para hacer efectiva la soberanía nacional en el VRAE, el Ejército peruano diseminó a finales de los años noventa numerosos puestos de vigilancia formados por seis o siete soldados, "quienes aceptaban regularmente sobornos en vez de tomar el riesgo de enfrentarse a fuerzas superiores a ellos", según destacan los documentos. Ante la ineficacia de la estrategia, durante la presidencia de Alejandro Toledo (2001-2006) se multiplicaron por más de 10 los efectivos y se establecieron bases militares de un centenar de soldados cada una. Pero el jefe del Ejército fue sustituido cuando el nuevo modelo apenas llevaba cinco meses en marcha. La estrategia quedó abandonada y el número de militares quedó fijado en 700 para una extensión de 12.000 kilómetros cuadrados. "[El testigo protegido de EE UU] asegura que [el militar] fue apartado porque sus operaciones amenazaban el lucrativo negocio de la venta de combustible por parte de oficiales del Ejército a traficantes de droga", señala uno de los documentos.

Los traficantes nutren además sus filas con ex militares de menor rango. "Cuando los soldados han completado su servicio voluntario y aprendido tácticas y utilización de armas -pero han ganado poco dinero-, a menudo son reclutados por las redes de narcotráfico". Los narcos los emplean como mochileros para que transporten la droga a pie por la selva, hasta puntos de recogida convenidos. Les pagan unos 30 dólares por kilo. "A menudo", señalan los cables, "los mochileros son asaltados y asesinados".

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