Crisis por explicar

Seis días después de haber decretado, por primera vez en democracia, el estado de alarma quedan muchos interrogantes por resolver. Dando por sentado que el abandono masivo de los controladores aéreos de sus puestos de trabajo merece una condena sin paliativos, la primera cuestión que debe aclarar hoy el Gobierno, en la comparecencia prevista en el Congreso, es si respondió al desafío de ese colectivo con la herramienta adecuada.

Por injusto que pueda parecer, no es fácil que este Ejecutivo -el único que ha intentado organizar de manera sensanta el tráfico aéreo- salga de esta crisis sin reproche alguno. Que la excepcionalidad y la militarización del servicio fuera la única vía para devolver la "normalidad" a los aeropuertos abre alguna duda sobre el grado de acierto en la gestión previa al conflicto, así como sobre la respuesta esperada de los controladores al órdago que significaba el decreto aprobado el viernes. Un decreto no explicado que, en su literalidad, excluye por ejemplo las bajas laborales del cómputo de horas máximas de actividad aeronáutica, dando lugar a equívocos que los controladores han aprovechado en su beneficio: este insolidario colectivo merece normas claras, pero los ciudadanos afectados también tienen derecho a conocerlas.

El estado de alarma tuvo la virtud de desactivar en tiempo récord la protesta salvaje, pero emite una señal inquietante sobre la capacidad de un moderno Estado de derecho para organizarse. Es urgente que Rodríguez Zapatero disipe hoy en el Congreso todas las inquietudes generadas por esta crisis. Entre ellas, la desasosegante certeza de que el espacio aéreo estaba en manos de unos pocos controladores que solo regresaron al trabajo por la fuerza y que son muy difíciles de sustituir, lo que explicaría la nueva actitud de José Blanco inculpando a los dirigentes sindicales y exculpando al resto.

Es evidente que, pese a que se trate de un problema heredado, alguna responsabilidad tiene este Gobierno, que ha dispuesto de seis años para hincar el diente al problema. Pero el PP no puede desentenderse de toda culpa solo para sacar tajada electoral. A fin de cuentas fue un gobierno de Aznar el que consolidó en 1999 las extraordinarias condiciones de trabajo de los controladores que han facilitado, entre otros, plantes como el actual.