El Defensor del Paciente acusa a Sanidad de obviarlo y llevar las quejas a los tribunales

Los responsables de los centros sanitarios públicos no aceptan la mediación para llegar a un acuerdo rápido y prefieren dirimir los conflictos en los tribunales. De eso se queja el Defensor del Paciente en un libro de reciente publicación titulado La función mediadora del Defensor del Paciente de la Comunidad de Madrid. "En demasiadas ocasiones", asegura en el prólogo, "y más frecuentemente en el sector sanitario público que en el privado", los responsables de los centros y, "sobre todo", sus compañías aseguradoras "no acceden ni aceptan la mediación o intermediación institucional del Defensor del Paciente".

"En muchos casos", continúa, ignoran sus requerimientos con una actitud que supone "una descortesía" y "un total desinterés por evitar conflictos que al final van a desembocar ineludiblemente en los tribunales". El Defensor del Paciente es un órgano independiente -pese a que su titular, Juan Ignacio Barrero, fue nombrado directamente por Esperanza Aguirre en enero de 2006- que gestiona las quejas, reclamaciones y sugerencias de los usuarios del sistema sanitario madrileño.

Barrero, que firma el prólogo, afirma que "habría que estudiar y analizar" los pretextos que las aseguradoras esgrimen para evitar su mediación. Asegura también que "se acepta mejor esta intermediación si se trata de episodios ocurridos en la atención y asistencia sanitaria privada, que cuando se producen a consecuencia del funcionamiento de los centros públicos". E insiste en que un mismo resultado perjudicial para un paciente "se indemniza mejor si se produce en una clínica privada que cuando ocurre en alguna dependencia del Servicio Madrileño de Salud".

Como resultado, se arrastra "innecesariamente a los abogados de las víctimas a presentar una denuncia penal [...] en vez de intentar llegar a un acuerdo rápido que evite la imputación de responsabilidad criminal a un profesional muchas veces sobreseída o archivada", asegura Barrero. El Defensor, que presidió el PP de Extremadura y fue también presidente del Senado entre 1996 y 1999, habla en el texto de "oportunidad política" a la hora de pagar indemnizaciones: "A veces resultados lesivos no provenientes de daños antijurídicos llegaron a ser indemnizados cuando la opinión pública lo demandó o la oportunidad política del momento lo exigió". Este periódico intentó, sin éxito, contactar con Barrero para que precisara a qué casos se refiere.

El Defensor del Paciente es uno de los 102 organismos que el Gobierno regional suprimió en noviembre pasado dentro del plan de reestructuración de la Administración. Se trata de un organismo autónomo de la Consejería de Sanidad. Tiene sede propia, en la planta octava del número 21 de la calle de Alcalá. El alquiler cuesta más de 250.000 euros anuales, según los presupuestos de 2011. El programa 704, defensa del paciente, le destina 1,5 millones de euros para el año que viene, un 6% menos que este año. Están asignados al programa 24 trabajadores. Sus competencias las asumirá a partir del 1 de enero la Dirección General de Atención al Paciente. En 2009 el Defensor recibió 1.267 reclamaciones, la mayoría por actuaciones en hospitales públicos.