El poderoso estatus de Chacón

"Carme Chacón sigue diciendo, pública y privadamente, que quiere que EE UU eleve el Convenio de Cooperación para la Defensa a la categoría de tratado. Chacón argumenta que la relación debe ser paritaria y equilibrada y sugiere que del convenio vigente se deduce que EE UU no valora el acuerdo tanto como España. Dada la importancia estratégica que tiene para nosotros el uso de las bases de Rota y Morón, es vital que traslademos rápidamente la preocupación del Pentágono y que saquemos este tema del foco de los medios de comunicación". (Telegrama confidencial de la Embajada de EE UU en Madrid del 5 de diciembre de 2008)

Más de 55 años después del primer convenio militar entre la España de Franco y el Gobierno Washington, las bases de Rota (Cádiz) y Morón de la Frontera (Sevilla) siguen marcando las relaciones entre los dos países. Cada vez que la embajada hace balance de los intereses estadounidenses en España, coloca en un lugar destacado la utilización de ambas bases, vitales para el despliegue militar de EE UU en Afganistán e Irak. Una cooperación que se resume en cifras espectaculares: unos 6.000 aviones militares y 150 buques de guerra estadounidenses sobrevuelan o hacen escala en bases y puertos españoles cada año. Por eso, al menor indicio de que el Gobierno español quiere introducir cambios en el acuerdo que sirve de paraguas para el uso de las dos bases, los estadounidenses encienden todas las alarmas, aunque la demanda sea tan inocua como equilibrar el rango legal que el convenio tiene para los dos países: un acuerdo entre Gobiernos, para Washington; y un tratado internacional, aprobado por el Parlamento, para Madrid. Una demanda recurrente desde la reinstauración de la democracia en España.

"En varias ocasiones, responsables españoles nos han dicho que están muy satisfechos con el convenio y que buscarán mejoras en el contexto de una renegociación a largo plazo cuando llegue el momento. Siempre describen estas mejoras como menores. Para nuestra sorpresa -y, por lo que hemos podido saber, también de sus subordinados- Chacón mencionó en octubre al secretario de Estado de Defensa su deseo de que EE UU elevase el convenio a la categoría de tratado".

"Chacón es joven y llegó a su cargo a principios de este año con poca experiencia en temas militares, pero sería un serio error menospreciarla o no responder adecuadamente a su interés en este asunto. Ella es una política espabilada próxima al presidente Zapatero. Se rumorea que Zapatero planea no presentarse a las elecciones en 2012 y que quiere a Chacón como sucesora. Sea o no así, Chacón es una potente pieza y podemos estar seguros de que su interés porque EE UU eleve el convenio a la categoría de tratado es más que un capricho. Sospechamos que ella ha calculado que un tratado aumentaría el estatus de España (y el suyo propio) y silenciaría al ala izquierda de su partido".

¿Por qué la negativa de EE UU a atender la petición de Chacón? Porque ello exigiría la ratificación del Senado norteamericano, "lo que es mucho más complejo que en España". La embajada no está para crear nuevos quebraderos de cabeza al Departamento de Estado.

El convenio bilateral vigente, suscrito en 1988 y enmendado en 2002, expirará en febrero de 2011. O mejor dicho, debería expirar, ya que se prorrogará un año, al no haberlo denunciado España con seis meses de antelación; es decir, antes de agosto pasado. Por ahora, España ha renunciado a elevar el acuerdo a la categoría de tratado. E incluso a modificarlo. Las mejoras técnicas se instrumentarán a través de acuerdos de un rango aún inferior al convenio.

En una reunión celebrada en Washington el 14 de diciembre de 2009 con la secretaria de Estado, Hillary Clinton, el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, subrayó que "Defensa ha mostrado interés en hacer ajustes técnicos en el convenio, pero su departamento ha hecho hincapié en su oposición a que España pida que se reabra la negociación" (ID 240644). Para entonces, el asunto ya no preocupaba a la embajada (ID 238836). En un cable de 26 de junio de 2009, el número dos de la embajada era ya triunfalista: "Creemos que los esfuerzos de EE UU y de sus propios colaboradores la han disuadido de tal idea": elevar el convenio al rango de tratado. (ID 214139).

Las discusiones sobre la renovación del acuerdo de defensa se vieron condicionadas por el escándalo de los vuelos de la CIA, que también planeó sobre la negociación del pacto para regular la actuación en España de los servicios de inteligencia de la Marina (NCIS) y la Fuerza Aérea de EE UU (AFOSI). En un informe del 13 de junio de 2006, Aguirre reconocía que el asunto se había convertido en el "principal elemento irritante" de la estrecha cooperación militar y en un "serio problema para las dos partes".

El entonces secretario general de Política de Defensa, el almirante Francisco Torrente, se disculpó el 15 de septiembre de 2006 ante el número dos de la embajada, Hugo Llorens. Le dijo que estaba convencido de que ni el Servicio Naval de Investigación Criminal (NCIS) ni la Oficina de Investigaciones Especiales de la USAF (AFOSI) hacían actividades ilegales en España, pero "la prensa ha mezclado este asunto con los vuelos de la CIA" y "partidos radicales socios parlamentarios del Gobierno socialista pueden ser difíciles de controlar".

Finalmente, el sucesor de Torrente, Luis Cuesta, telefoneó el 24 de abril de 2007 a Llorens para decirle que había dado instrucciones para que se permitiera al personal del NCSI y la OSI reanudar sus operaciones fuera de las bases de Morón y Rota, donde habían estado confinados desde el 1 de marzo del año anterior, después de que un marine de origen uruguayo llamado Federico Pimienta-Perdomo, que se había dado a la fuga tras matar a un compañero en Afganistán, fuera detenido en San Fernando (Cádiz) y trasladado a EE UU sin que se informara a las autoridades españolas.

En enero de 2007, Defensa retiró su propuesta inicial de regulación de la actividad de los servicios militares de inteligencia, un texto "denso" que, según los estadounidenses, incluía "una lista exhaustiva de todas las actividades permitidas y no permitidas", y la sustituyó por otro más breve, de inspiración "anglosajona", en palabras de la embajada. Entre otras concesiones, renunció a la exigencia de que un "agente en la sombra" acompañase a los estadounidenses cuando actuaran fuera de las bases.

Las normas reguladoras de la actuación en España del NCIS y la AFOSI, que hasta entonces se regían por un artículo del convenio bilateral, se publicaron en el BOE del 17 de julio de 2007. "Nuestros interlocutores en el Ministerio de Defensa han dicho que necesitaban el documento como cobertura política, pero que no pretenden que la nueva regulación suponga un cambio real de la forma como tradicionalmente han operado el NCIS y la AFOSI", escribió Aguirre al pie del documento confidencial.