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Reportaje:

Cerco a la fábrica del mal olor

La planta de harina de pescado denunciada por Valdemoro asegura cumplir con la ley - La instalación que los vecinos rechazan da empleo a 16 personas

El jefe de planta, ataviado con una bata blanca, abre la puerta y emerge en mitad de la nave el termodestructor, el quemador de gases. Funciona a toda máquina. "Lo tengo a 920 grados cuando la ley me exige que lo ponga a 850". El dato no es gratuito. El Ayuntamiento de Valdemoro se ha querellado contra esta empresa que fabrica alimentos para animales ante la sospecha de que reduce los grados del quemador para ahorrar energía, lo que produce un terrible olor. Los trabajadores de la empresa lo niegan y esgrimen los datos que envían cada 15 días a la Comunidad de Madrid, pero eso no ha impedido que los vecinos del municipio lleven pidiendo el cierre de la fábrica casi desde su apertura, hace ya más de 40 años.

El problema del hedor se agravó al crecer el municipio junto a la planta

El Ayuntamiento sospecha que los restos no se queman adecuadamente

El hedor dentro de la fábrica es insoportable. La compañía convierte restos de aves y pescados en harina que después se destina al pienso animal. La planta es aséptica, con el suelo de cemento y mucha maquinaria pesada funcionando al máximo. El jefe, que guía la visita, abre un portón y enseña una enorme cantidad de pescado podrido a punto de ser triturado. Proviene de pescaderías importantes de la capital o de Mercamadrid. Son las sobras, que por ley tienen que ser recicladas en este tipo de fábricas, catalogadas como molestas. "Reconocemos que hay olores, eso es indiscutible. Es como si le pides a una granja de cerdos o a un vertedero que no produzca hedor. Es imposible", explica el encargado durante una visita a las instalaciones.

El alcalde de Valdemoro, José Miguel Moreno, se ha propuesto cerrarla. La semana pasada presentó una denuncia a la Fiscalía de Medio Ambiente que ha extendido al Defensor del Pueblo y la Guardia Civil. El pueblo siempre ha estado perjudicado por los olores de INCOAS, pero no ha podido hacer nada porque se encuentra en suelo de Torrejón de Velasco, un municipio colindante. Tampoco existe legislación de ningún tipo que pueda determinar quién lleva la razón en este asunto, y por ahora lo único que esgrimen unos y otros son informes olfatométricos que atienden a sus intereses.

Valdemoro siempre ha sufrido malos olores pero el problema se agravó cuando el pueblo comenzó a crecer por el este, es decir, en dirección a la fábrica. "El único responsable de este gran problema es el alcalde", interviene José Cook, el portavoz de INCOAS. "Tiene que explicar a los vecinos por qué ha crecido en esta dirección cuando tenía otras opciones. Nosotros estamos aquí de siempre y cumplíamos la ley: no podíamos estar a menos de dos kilómetros de una vivienda". En ese momento se levanta de la mesa de su oficina y se acerca a la ventana: "Mira ahora". Una urbanización, El Restón, donde habitan unas 2.000 personas, se encuentra a unos cientos de metros. Y peor aún, una cuadrilla de obreros trabaja esta tarde en unos nuevos chalés que están aún más cerca. "Es un tema político", añade tras sentarse de nuevo en su silla. "Cada alcalde nuevo que llega lleva en su agenda cerrarnos. Eso nos crea un estrés insoportable. Cada semana recibimos a inspectores que nos buscan algún fallo", continúa. La realidad es que tras hacer una reforma de 1,5 millones de euros hace año y medio, la fábrica cuenta con todos los permisos en regla.

Cerrar la "fábrica de los olores" es quizá el único punto en común que tienen todos los políticos del municipio. "Algo no complicará cuando huele mucho", tercia Margarita Peña, portavoz del PSOE en el municipio. "Apoyamos la denuncia del alcalde, pero creo que si se sientan las tres administraciones, los dos Ayuntamientos y la Comunidad, se pueden arreglar las cosas. No se ha hecho", explica Peña. No es tan sencillo, según la empresa: "No existe ahora mismo tecnología que erradique por completo el hedor. Si la hay y nos la presentan, la compraremos".

La sospecha general es que la empresa no quema los restos a la temperatura que debería. "Se amparan en el vacío legal sobre los olores, pero estamos convencidos de que no ponen el termodestructor para ahorrar energía", entra en la polémica el concejal de Urbanismo de Valdemoro, Javier Hernández. Hay que cerrarla, convienen todos los responsables políticos consultados, a pesar de ser una empresa que factura 12 millones de euros al año y de la que dependen 16 empleos directos. La batalla está servida. Por la vereda que da acceso entran sin cesar camiones cargados de desperdicios. Pronto se cruzarán con casas de tres dormitorios y piscina, el sueño de unos recién casados o unos jubilados que buscan tranquilidad lejos de la ciudad. Una convivencia que se antoja insoportable.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 7 de diciembre de 2010