El Gobierno se impone

La huelga salvaje de los controladores aéreos durante 24 horas, resuelta con medidas tan urgentes como inéditas (militarización del servicio y estado de alarma), hace inexcusable para el Gobierno reformar un sector crucial para lograr su imprescindible estabilidad a largo plazo. No lo tiene fácil. La actitud irresponsable de los controladores al abandonar masivamente sus puestos de trabajo el primer día del puente más importante del año es una nítida señal de que el Ejecutivo se enfrenta a un colectivo correctamente calificado de insensato por el vicepresidente Rubalcaba, en el que difícilmente se puede seguir confiando para controlar el tráfico aéreo español.

La militarización y la movilización obligatoria ha sido la única medida capaz de torcer el brazo a un grupo endiosado de privilegiados que ha echado un pulso al Estado sobre las espaldas de cientos de miles de ciudadanos indefensos. Y que de paso ha causado un grave perjuicio al sector turístico, uno de los pocos que empezaba a emitir señales positivas en una crisis que mantiene en el paro a más de cuatro millones de personas, así como a la imagen y solvencia de España en el exterior. El incivismo y la inadmisible actitud de los controladores -poco más de 2.000 profesionales a los que sucesivos Gobiernos, empezando por los del PP, han permitido irresponsablemente acaparar más poder de lo saludable en cualquier sociedad desarrollada- cobra mayor gravedad precisamente en este deteriorado contexto económico.

El paulatino regreso a la normalidad iniciado ayer no debiera ser interpretado por los poderes públicos como el punto final de una situación que, pese a su gravedad, las cortas vacaciones del puente de la Constitución pueden hacer olvidar. En su perfil actual, este colectivo no es de fiar, como crudamente ha quedado demostrado. Las sanciones laborales y penales a las que se han expuesto los controladores deben ser aplicadas con rigor. Pero, además, se impone la reforma profunda y urgente de su oficio, ya esbozada en la ley que, en febrero pasado, fijó nuevas condiciones laborales y redujo sus desorbitados salarios.

La reforma de febrero devolvía la organización del trabajo a AENA (los controladores se la habían apropiado con Álvarez Cascos de ministro de Fomento), preveía la concurrencia de empresas privadas para el control aéreo y facilitaba la formación de nuevos controladores -350 con carácter inmediato, dijo entonces el ministro Blanco-. Solo un nuevo y urgente marco laboral será capaz de arrebatar a los 2.300 trabajadores del sector la capacidad de tomar como rehenes a centenares de miles de personas para hacer valer algunas de sus extravagantes reivindicaciones. Una capacidad que presumiblemente recuperarán si el Gobierno no corta por lo sano cuando, en 15 días, el servicio deje de estar militarizado.

Nueve meses después de aquella pregonada reforma poco se ha avanzado. Resulta posible discutir, como hace el PP, si el decreto que cuantificaba las obligaciones horarias de los controladores tenía que aprobarse el mismo día en que se iniciaba el largo y esperado puente de diciembre, o debía haberse hecho antes. Argumentos que en ningún caso justifican la virulencia de su portavoz, González Pons, al arremeter contra el único Gobierno que ha intentado hasta ahora organizar de manera razonable un sector tan crucial y con tal potencial para dañar los intereses colectivos. Una capacidad de intimidación adquirida en parte con la anuencia de Gobiernos del partido del señor Pons que prefirieron mirar hacia otro lado y eludir sus responsabilidades en este ámbito. El PP, una vez más, ha sido incapaz de renunciar a sus bajunas tácticas electoralistas mientras más de medio millón de personas permanecían atrapadas en los aeropuertos españoles.