Aguirre reordena el poder en Caja Madrid

El Gobierno regional de Esperanza Aguirre presentó ayer el proyecto de ley que adaptará la Ley de Cajas autonómica a lo establecido por la normativa estatal. Esta decisión afecta sobre todo a la regulación de Caja Madrid. Con este proyecto, la Comunidad de Madrid refuerza su control sobre la obra social de Caja Madrid y se reserva el veto sobre las decisiones sobre las operaciones corporativa de la entidad madrileña. Además, el Gobierno regional pretende limitar al 40% la presencia pública en la nueva entidad en la que participa Caja Madrid. El Consejo de Gobierno presidido por Aguirre ha remitido el proyecto al Consejo Económico y Social para que lo valore.

La entidad financiera madrileña participa en un proceso de integración con Bancaja, Caja Insular de Canarias, Caja de Ávila, Caixa Laietana, Caja Segovia y Caja Rioja, mediante el Sistema Institucional de Protección (SIP), llamada fusión fría, porque es un sistema de cooperación en el que colaboran varias entidades para terminar formando un banco.

Los socialistas no se opondrán a la nueva norma regional

La nueva Ley de Cajas regional cambia la composición de los órganos de gobierno de la entidad. Para reducir hasta el 40% la representación pública en la asamblea de representantes de la entidad, actualmente con 343 miembros, reducirá los cargos designados por los Ayuntamientos, un 1,5%, y elevará el de los impositores. Además, para cumplir el límite del 40% de entidades públicas (sindicatos, partidos, Cámara de Comercio, universidades...) se modifica la clasificación de las entidades representativas [que forman parte de la mencionada asamblea] haciendo capítulos más amplios. Es decir, donde antes la Cámara de Comercio tenía un capítulo propio, ahora lo comparte con aquellas entidades de carácter industrial, comercial... Está por ver si la Comunidad utiliza esta artimaña para mantener su influencia en la caja.

Beteta precisó que "no se procederá a adelantar los procesos electorales previstos, como el que se desarrollará en 2012 para la renovación de los sectores de impositores y empleados de Caja Madrid, sino a la adaptación paulatina de los diferentes sectores de representación en los órganos de gobierno de las cajas".

Otras de las cuestiones que regula la Ley de Cajas regional son las cuotas participativas, las acciones que tendrá la entidad resultante. Se regulan, además, de los derechos económicos, los políticos y los de gestión. Además, se incorporan a la nueva ley regional las nuevas figuras financieras como el SIP o las fundaciones creadas tras la transformación de las cajas. El consejero de Hacienda, Antonio Beteta, tendrá que autorizar estas operaciones así como las que afecten a la estructura corporativa de la nueva entidad (ampliación de cuotas participativas, venta o cambio en el reparto de poder). La normativa regional pretende impulsar la despolitización de la actividad financiera de las cajas a cambio de reforzar su control sobre la obra social. Por eso, pretende evitar que los consejeros de la caja sean cargos políticos electos o cargos de la Administración.