"El Gobierno español ha ayudado entre bastidores"

Conseguir el archivo del caso Couso en la Audiencia Nacional ha sido uno de los objetivos prioritarios de la Embajada de Estados Unidos en Madrid durante los últimos siete años. En su lucha diplomática, la legación presionó en dos direcciones. Por un lado, mantuvo contactos con miembros del Ejecutivo: con la entonces vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega; con los ministros de Justicia y Asuntos Exteriores en ese momento, Juan Fernando López Aguilar y Miguel Ángel Moratinos, y con el secretario de Estado de Justicia, Julio Pérez Hernández. Por otro, se dirigió directamente al fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, y al fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza. El apoyo del Ejecutivo español, según la embajada estadounidense, era total. Un telegrama confidencial de fecha 21 de octubre de 2005 y firmado por el entonces embajador Eduardo Aguirre llevaba como título: "Los ministros españoles están trabajando para que no prosperen las órdenes de detención internacional". Se refería a las que había dictado dos días antes el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, instructor del caso, contra los tres soldados involucrados en la muerte del cámara gallego José Couso en Bagdad el 8 de abril de 2003 tras el disparo de un tanque estadounidense.

"Los ministros están trabajando para que no prosperen las órdenes de detención"

"La embajada continuará con los contactos con el Gobierno para presionar y que se archive el caso"

"Hemos luchado con uñas y dientes para hacer desaparecer los cargos contra los soldados"

"Moratinos asegura que la vicepresidenta De la Vega se ha implicado en el asunto"

La embajada no tenía dudas sobre lo que quería -y según los telegramas diplomáticos, obtenía- del Ejecutivo español. El embajador escribió en un cable dirigido a su secretaria de Estado, Condoleezza Rice, días antes de su visita oficial a Madrid el 1 de junio de 2007 (telegrama 109781), que "el Gobierno de España" había "ayudado entre bastidores a que la fiscalía apelara

[las decisiones del juez]". Le recomendaba también que, en su reunión con el presidente del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, le hiciera notar la "constante preocupación" del Gobierno de EE UU por la causa. Concluía que era importante que hubiera "una continua vigilancia y cooperación por parte del Ejecutivo" hasta que el asunto decayera.

La legación admitía que aunque en público los diplomáticos mostraban "respeto por la independencia del sistema judicial español" y por "la trágica muerte" de Couso, "entre bastidores", luchaban "con uñas y dientes para hacer desaparecer los cargos" contra los tres militares implicados. Son las palabras textuales de un telegrama confidencial enviado al Departamento de Estado el 14 de mayo de 2007 (informe 108143).

El cámara de Telecinco José Couso murió el 8 de abril de 2003 durante la toma de Bagdad. Un blindado norteamericano disparó hacia el hotel en el que se alojaba, el Palestina. El proyectil impactó en la habitación 1503, mató al cámara ucraniano de Reuters Taras Protsyuk y dejó otros tres periodistas heridos. Couso estaba grabando en la terraza del piso de abajo. Resultó gravemente herido y murió horas más tarde en el hospital mientras los médicos trataban de salvarle la vida y después de que tuvieran que amputarle una pierna. El 27 de mayo la familia se querelló contra los autores de los disparos. Se abrió un procedimiento penal en la Audiencia Nacional.

Durante el primer año la embajada consideró este caso como un proceso "durmiente". Empezaron a preocuparse cuando el juez Pedraz inició actuaciones que consideraron más agresivas. El encargado de negocios de la embajada, Robert Manzanares, habló el 22 de julio de 2004 con el entonces Secretario de Estado del Ministerio de Asuntos Exteriores, Bernardino León, para entregarle una carta de Colin Powell al ministro Miguel Ángel Moratinos sobre el caso Couso, en respuesta a una previa del político español. Manzanares expresó su inquietud por el proceso, dijo que querían evitar cualquier acusación sobre sus soldados y pidió que, si el juez acusaba formalmente, EE UU esperaba que el Ministerio de Asuntos Exteriores expresara claramente a la Audiencia Nacional su oposición (telegrama confidencial 19029).

El juez Pedraz prosiguió su investigación. El 19 de octubre de 2005 ordenó la detención internacional a efectos de extradición de los tres militares estadounidenses implicados en la muerte de Couso: el sargento Thomas Gibson, que realizó el disparo desde el tanque; el capitán Philip Wolford, que tenía el mando de la unidad de blindados; y el teniente coronel Philip de Camp, que mandaba el Regimiento de Blindados número 64. El magistrado alegó que era la única forma de lograr que declararan ante la falta de cooperación judicial por parte de Estados Unidos.

Tras la resolución judicial, dos ministros se pusieron en contacto con el embajador para tranquilizarlo. Lo hicieron ese mismo día. El primero en llamar fue el entonces titular de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, que aseguró a Aguirre que "el Ejecutivo pondría todo su empeño en cuestionar la decisión del juez basándose en argumentos técnicos", según el relato de un cable confidencial de fecha 21 de octubre de 2005 (43323). La siguiente llamada la hizo el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, para decir que la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega estaba "implicada en el tema" y que, "si el magistrado arreglaba las cuestiones técnicas, el Ejecutivo pasaría a apelar la resolución". El telegrama subraya que "en público, ambos ministros mostraron respeto por la decisión del juez".

Las conversaciones telefónicas tranquilizaron al embajador, que a su vez tranquilizó a su Gobierno con este análisis: "Ministros importantes se han movido rápidamente para hacernos saber que el Ejecutivo está trabajando para resolver esta situación. Deben actuar con cuidado mientras tratan de influir en la judicatura española, ferozmente independiente. Para no agravar la situación, los líderes gubernamentales españoles deben mostrar en público su respeto por el trabajo independiente de los tribunales. (...) Nosotros seguimos reiterando que este tema ha sido investigado completamente, que el Gobierno español ha sido informado y que las acciones de los soldados estaban justificadas". El título del telegrama, clasificado como confidencial, es el siguiente: "Los ministros españoles están trabajando para que no prosperen las órdenes de detención".

La fiscalía recurrió de inmediato la resolución de Pedraz. Un día después de las llamadas de los ministros al embajador, Conde-Pumpido anunció públicamente que el ministerio público se opondría a la resolución del juez por la falta de indicios de delito contra los soldados y porque España carecía de jurisdicción para juzgar el caso. Ese mismo día, el 20 de octubre, el fiscal Pedro Rubira recurrió efectivamente la decisión de detener a los militares estadounidenses.

Cinco meses después, el 10 de marzo de 2006, la sección segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional archivó el caso Couso. Los jueces argumentaron que no se había cometido un "asesinato" sino un "acto de guerra contra un enemigo aparente erróneamente identificado". El tribunal consideró que no tenía jurisdicción para investigar los hechos y revocó las órdenes de detención de los tres soldados norteamericanos.

El embajador, satisfecho con la decisión -que creía definitiva-, se reunió el día 21 de ese mes con la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega para tratar varios asuntos. Ella le dijo, según un telegrama confidencial enviado el 22 (número 57678), que Conde-Pumpido ya le había informado de la "excelente cooperación de la que había disfrutado por parte de la embajada y las autoridades norteamericanas para ayudar a concluir el caso".

Pero la familia de Couso, que llevaba casi tres años luchando en los tribunales, no tiró la toalla y recurrió al Supremo. El alto tribunal les dio la razón el 14 de diciembre de 2006: ordenó a la Audiencia Nacional que reabriera el caso y el juez Santiago Pedraz prosiguió su investigación.

La Embajada de EE UU intensificó a partir de ese momento sus contactos con políticos y fiscales para desactivar el proceso (informe sin clasificar número 92692). Diplomáticos de la sección política, legal y consular se reunieron el 18 de enero de 2007 con el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, para "sensibilizarlo sobre la preocupación de EE UU por este proceso". Zaragoza les explicó que no conocía con la suficiente profundidad el expediente, pero que lo estudiaría. Añadió que era consciente del "interés y compromiso" de Cándido Conde-Pumpido en el asunto. En el telegrama emitido por la embajada ese mismo día (número 93036) se dice que Zaragoza "entiende claramente las implicaciones políticas del caso" y que "anticipan" que "procederá con el cuidado que ha dicho que tendría".

Cada movimiento de Pedraz acrecentaba la inquietud de la embajada. El 22 de enero envió un fax a legación pidiendo los datos completos de los militares imputados. Tres días más tarde el fiscal general del Estado mantuvo una "reunión informal" con el embajador Aguirre. En un telegrama confidencial de fecha 26 de enero (94177), en el que se califican las revelaciones de Conde-Pumpido como de "estrictamente protegidas" se relata que el fiscal aseguró a Aguirre que, "aunque no hay nada que el Gobierno español pueda hacer para controlar las acciones de los jueces, los fiscales de la Audiencia Nacional continuarán oponiéndose a las órdenes de detención de los tres militares así como a los intentos de embargar bienes norteamericanos conectados con el proceso".

EE UU no tenía intención alguna de responder a la petición de Pedraz, como la embajada reconoció en el cable, porque, según su criterio, la había enviado de manera informal y no según los cauces legales establecidos. Conde-Pumpido recomendó al embajador que contestaran, aunque fuera de forma "superficial", para minar el argumento de Pedraz de que EE UU no estaba colaborando. El fiscal general del Estado expresó su convencimiento de que España no tiene jurisdicción sobre el caso y es ahí cuando "anticipó" que este "no iba a llegar a ninguna parte". Tranquilizó también al embajador confirmando que cualquier petición de extradición de los tres militares tendría que ser aprobada por el Ejecutivo español.

Aguirre dijo tener la "sensación" de que el Gobierno "buscaría una vía para acabar el caso de forma silenciosa apelando a argumentos técnicos mientras confíaban en evitar cualquier enfrentamiento directo con la familia Couso (que ya había acusado a los fiscales de trabajar para defender los intereses del Gobierno de EE UU)".

Ante el revés que había supuesto la decisión del Tribunal Supremo, el embajador se planteó varias posibilidades, entre ellas, hablar con "el ministro de Justicia y/o con la vicepresidenta De la Vega". "Como en anteriores comunicaciones con autoridades españolas sobre este tema, nos comprometeríamos de manera informal con ellos a evitar cualquier percepción pública de que estamos ejerciendo presión sobre el Gobierno de Zapatero en este tema o de que los animamos a que interfieran en el proceso judicial" , señala un telegrama confidencial del 8 de febrero de 2007 (95857).

El cable elucubra también sobre las supuestas motivaciones del juez Pedraz -"en parte la frustración por la negativa de EE UU a aceptar su jurisdicción" y, por otro lado, "el deseo de "evitar que le culpen por no ser capaz de llevar adelante el caso", se sugiere- y habla de una representante de Reporteros Sin Fronteras que habría dicho a la embajada que el magistrado buscaba publicidad y que no estaba gestionando el caso Couso como un "asunto judicial serio".

Otro momento delicado es el procesamiento de los tres militares por parte del juez Pedraz el 27 de abril de 2007. Después de la reapertura del caso, el magistrado acusó formalmente a los soldados de delito contra la comunidad internacional (castigado con penas de 10 a 15 años) y asesinato (de 15 a 20 años). La embajada, en ese momento, empezó a hablar ya directamente de presionar al Ejecutivo. Esta es la reflexión del embajador que aparece en el cable de ese día (106159): "Claramente el juez Pedraz tiene la intención de seguir este caso de forma agresiva. Continuaremos con nuestros contactos de alto nivel con representantes del Gobierno español para presionar con el fin de lograr la retirada de los cargos contra los funcionarios de EE UU". Aguirre firma que respetadas figuras en los ministerios de Justicia e Interior y en La Moncloa habían asegurado a la embajada que estaban de acuerdo con el punto de vista de EE UU sobre el caso, y que este era tan débil que se desmoronaría.

El mismo día del procesamiento un miembro de la legación llamó por teléfono al secretario de Estado de Justicia, Julio Pérez Hernández, para "enfatizar su malestar" por los procesamientos a pesar de que el Gobierno de EE UU había entregado un informe con la investigación completa sobre la muerte del cámara. Poco después, la directora general de Relaciones Internacionales del Ministerio de Justicia, Cristina Latorre, devolvió la llamada. Dijo, según la embajada (telegrama 106159), que las acciones de Pedraz habían sorprendido al ministerio, que ella estaba de acuerdo en que no había base legal para los cargos y que "habían trabajado con los fiscales en 2006 para lograr el archivo del caso".

El siguiente movimiento fue una reunión del segundo de la embajada, Hugo Llorens, con Julio Pérez Hernández el día 10 de mayo para abordar directamente el caso. Este, después de decir que el Ejecutivo no controlaba a los jueces y que "podría ser contraproducente que iniciara un acercamiento formal", añadió que el Gobierno de España "trabajaría con el de EE UU para asistirlo en el proceso", según el despacho confidencial del embajador, fechado el día siguiente (107903). Dijo que el Ejecutivo "compartía la preocupación del norteamericano, que él seguiría cada paso que se diera en el procedimiento y que estaría en contacto con la embajada".

Como había sucedido con las resoluciones anteriores de Pedraz, el procesamiento de los tres militares por parte del juez fue recurrido por la fiscalía el 11 de mayo. El propio fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, llamó a la embajada tres días después para informar de ello (según un cable del 14 de mayo de 2007, número 108128). Dijo que aunque compadecía a la familia Couso por la tragedia, su trabajo era hacer una evaluación técnico legal y que después de revisar los hechos había concluido que la muerte de José Couso no fue intencional. La noticia del recurso no apareció publicada hasta el 19 de mayo.

Mientras se resolvía la cuestión, las gestiones diplomáticas continuaron. Cándido Conde-Pumpido tuvo un almuerzo con el embajador Aguirre el 18 de julio de 2007 y este aseguró al día siguiente, en un cable confidencial (115995), que el fiscal general del Estado le había dicho que "continuaba haciendo lo que podía para que el caso fuera archivado, a pesar de la presión de la familia, de los grupos de izquierda y de la prensa".

El 13 de mayo de 2008 la Audiencia Nacional revocó el procesamiento de los militares norteamericanos. Los magistrados consideraron posible la hipótesis de que los soldados creyeran que había un francotirador en la terraza a la que dispararon. La resolución, que decretaba el sobreseimiento provisional de la causa tuvo un voto particular discrepante, del magistrado José Ricardo de Prada, en el que hablaba de "suficientes indicios de criminalidad para procesar a los tres militares" y calificaba los razonamientos y criterios de sus compañeros de "insólitos".

La embajada recibió la noticia con gran alivio. Fueron informados ese mismo día por Javier Zaragoza y por el magistrado de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez. En un telegrama emitido el día siguiente (153919) se indicaba que, con suerte, la última resolución era uno de los pasos finales que pondrían fin a esta "larga saga". Pero se equivocaron. Aparecieron nuevas pruebas y el magistrado Pedraz volvió a procesar a los tres militares, el 21 de mayo de 2009, aunque a partir de aquí apenas aparecen cables diplomáticos en los papeles filtrados. Solo hay uno, de fecha 22 de mayo de 2009 (208341), que hace una descripción aséptica de los últimos acontecimientos y de las nuevas pruebas. En él se señala que, de acuerdo con un asesor legal español, es probable que la fiscalía vuelva a recurrir la decisión de reabrir el caso de Pedraz (al que califican como apasionado con el caso y cercano a la familia Couso) y se sugiere que quizá sea un tema que Washington quiera tratar con Javier Zaragoza en un próximo viaje del fiscal a EE UU.

Como había ocurrido antes, la fiscalía volvió a recurrir la reapertura del procedimiento, y la Audiencia volvió a archivarlo el 14 de julio de 2009. El Tribunal Supremo ordenó de nuevo la reapertura del procedimiento el 6 de julio de 2010. El día 30 de ese mismo mes Pedraz ordenó la busca, captura e ingreso en prisión de los tres soldados, pero Interpol no ha inscrito las órdenes. Estados Unidos se negó y consideró los hechos un "delito militar". El juez tiene ahora el permiso del Consejo General del Poder Judicial para viajar a Irak a reconocer el escenario en el que se produjo la muerte del cámara José Couso durante la toma de Bagdad a manos del Ejército de EE UU. A pesar de sus innumerables intentos, la embajada no logró cerrar el caso.

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