Multa de 25.000 euros al día por ilegales

La Comisión Europea ha llevado finalmente a España ante el Tribunal de Justicia de la UE por haber incumplido una sentencia del mismo de 2006 que le obligaba a recuperar las ayudas estatales ilegales otorgadas por las Diputaciones vascas. Las ayudas se referían a créditos fiscales del 45% a las nuevas inversiones y las llamadas vacaciones fiscales, que preveían una sustancial reducción de impuestos a las empresas de nueva creación en los primeros cuatro años una vez obtuviesen beneficios.

Bruselas pide a los jueces de Luxemburgo que multen a España con 25.817,40 euros diarios por cada jornada transcurrida desde la sentencia del 14 de diciembre de 2006 hasta que el tribunal se pronuncie sobre esta nueva petición, probablemente en dos años. La cuantía de la sanción acumulada ascendería a día de hoy a unos 37 millones de euros si el tribunal aplica la multa propuesta por Bruselas.

Competencia indica que "cuanto antes se recuperen menos habrá que pagar"

Cuando se dicte la sentencia, si España no ha recuperado las ayudas, la sanción podría superar los 50 millones de euros. La Comisión Europea pide además al Tribunal de la UE que, si cuando se produzca la nueva resolución judicial España continúa sin haber recuperado las ayudas ilegales, se le sancione con 236.044,80 euros diarios. Las ayudas por créditos fiscales dejaron de concederse en 2000, tras las investigaciones de los funcionarios de Competencia.

La Comisión ha destacado que ya han transcurrido casi cuatro años desde que el Tribunal de Luxemburgo declarase ilegales estas ayudas fiscales y nueve desde que pidió a las autoridades españolas que las recuperaran. En julio de 2007, la Comisión envió a España una carta de requerimiento exigiendo que cumpliese la sentencia y recobrase las ayudas. Y en junio de 2008 le envió un dictamen motivado advirtiéndole de que si no cumplía la sentencia sería llevada al Tribunal de nuevo, advertencia que cumplió ayer.

La portavoz de la Competencia, Amelia Torres, indicó que "el objetivo no es imponer multas, sino obtener una recuperación rápida de las ayudas ilegales obtenidas por parte de los beneficiarios" Y añadió que "cuanto antes se produzca la recuperación menos habrá que pagar".

La Comisión Europea inició sus investigaciones en 1999 y tomó sus primeras decisiones sobre el caso en julio de 2001, cuando declaró incompatibles con el mercado común los créditos y las vacaciones fiscales.

Bruselas consideró entonces que las subvenciones en forma de créditos fiscales del 45% de la inversión constituían ayudas estatales incompatibles con el Tratado de la Unión al estar supeditadas a la realización de una inversión superior a 2.500 millones de pesetas (15 millones de euros), y estar limitadas a un porcentaje máximo de la inversión.

Las llamadas vacaciones fiscales de 1996 preveían una reducción sustancial del impuesto durante los cuatro primeros ejercicios en que las empresas que los recibían obtuvieran beneficios. Las deducciones progresivas se situaban entre el 99% el primer año y el 25% el último.

La Comisión concluyó en 2001 que las mencionadas ayudas constituyen ayudas estatales incompatibles con el mercado "al ser financiadas con fondos públicos que favorecen a determinadas empresas, falsean la competencia y afectan a los intercambios entre los Estados miembros". Por estas razones solicitó a las autoridades españolas que derogaran estos regímenes y recuperaran el dinero por todos medios. En su decisión inicial, Bruselas quiso dejar bien claro que sus resoluciones "no ponen en entredicho la autonomía fiscal de la que se benefician las tres provincias vascas".

En 2007, la Comisión exigió a los Estados miembros que aprobasen procedimientos rápidos y eficaces para recobrar las ayudas ilegales, incluso en los ordenamientos jurídicos nacionales. En la última década las autoridades de Competencia han declarado ilegales subsidios por 12.000 millones de euros, de los que los Estados miembros han recuperado un 90%.