Las vacaciones más caras de la historia

Si fuera un cuento podría empezar así: Érase una vez la historia de tres haciendas públicas, vascas para más señas, y profundamente europeístas, casi tanto como alejadas de España, que pese a todo se enfrentaron a la Unión Europea en una larga y costosa batalla judicial. Tan prolongada que después de 17 años y pese a los reveses de todos los tribunales españoles y europeos, las tres diputaciones no daban el brazo a torcer. Convencidas de tener la razón y de que las ayudas económicas que dieron desde 1993 hasta el año 2000 a centenares de empresas eran legales, pese a doblar y triplicar las permitidas en su entorno continental, se atrincheraron en la defensa de su capacidad para legislar, y se blindaron con abogados caros y especializados.

"Nunca la hacienda ha luchado tanto para no cobrar a sus contribuyentes"

"Ningún paraíso fiscal se ha hecho para mejorar las políticas sociales"

Si fuera un cuento, lo normal es que tuviera un final feliz, y que todo quedara en un susto: los máximos representantes de las diputaciones encontrarían a alguien receptivo a sus teorías en la lejana, burocratizada y lenta, pero desde luego no olvidadiza Europa, y al final todos saldrían en una foto feliz, reforzando la imagen de una Euskadi diferenciada dentro de la UE.

La historia real va por otros derroteros. La UE podría hacer público esta misma semana que impone a las tres diputaciones una multa diaria de hasta un millón de euros por incumplir, reiteradamente, sus sentencias y mantenerla mientras no acrediten haber recuperado 700 millones de las ayudas fiscales que dio ilegalmente a más de 300 empresas entre 1993 y el año 2000. "Nunca antes una hacienda había peleado ni tanto tiempo ni con tanto convencimiento para no cobrar a unos contribuyentes", asegura un experto en tributos. "Están haciendo con los empresarios lo contrario a lo que le es exigible a una hacienda", asegura.

De tal manera que la factura que no pagan ellos acaba endosada al resto de los vascos. Es decir, si en la década de los 90 el nivel de recaudación de las haciendas forales lo mantuvieron los asalariados, de forma directa e indirecta, 17 años después los ciudadanos van a tener que hacer frente a nuevas facturas.

La minuta por la defensa de los empresarios, que desde el año 2000 encabeza el especialista Ignacio Sáenz Cortabarria ya ascendía en 2006 a tres millones de euros-, más las generadas hasta entonces por otros bufetes que habían actuado como Cuatrecasas en calidad de asesores.

A eso habría que sumar los eventuales intereses de demora, las costas judiciales de todos los procesos, y los derivados del paro que puede generarse si algunas medianas empresas que confiaron en el buen hacer de sus diputaciones, tienen que recortar más sus gastos para devolver el dinero -las grandes empresas debieran de tenerlo provisionado desde hace años-. La tercera es la factura de la imagen y el posible daño institucional que las fallidas maniobras de las instituciones forales pueden tener sobre la credibilidad de Euskadi como aspirante a ser un actor principal en la Europa de las Regiones.

"Existe malestar con las diputaciones" entre los altos funcionarios europeos que estudian las ayudas ilegales vascas, confirman desde el organismo de la Competencia. "Han tardado nueve años en remitir la información sobre las empresas beneficiarias", añaden.

Pero no se quedaron ahí. En 2000, dos meses después de un acuerdo histórico entre las diputaciones vascas y el Gobierno español para retirar más de 90 recursos judiciales y sellar la paz fiscal, Vizcaya concedió créditos fiscales del 45% de la inversión a 19 empresas, entre ellas Bahía Vizcaya Gas, Bahía Vizcaya Electricidad, Euskaltel, Petronor, o Editorial Iparragirre, según se publicó aquellos años. La Diputación de Vizcaya explicó entonces que habían sido solicitados con anterioridad al acuerdo.

"Es una pésima gestión del Concierto Económico", asegura un abogado donostiarra. "Ningún paraíso fiscal se ha diseñado para mejorar las políticas sociales", cuestiona.

Pero hasta la regulación es cuestionable: "Las deducciones se regulaban en una disposición adicional de cinco líneas que se aprobaban en los presupuestos forales, en vez de regular el Impuesto de Sociedades".

Según las fuentes consultada, existía una sospecha generalizada desde el minuto uno de que las ayudas iban a encontrar una fuerte resistencia, pero no sólo en las administraciones española y europea, sino también en algunas empresas vascas que veían con zozobra el proceso. A Daewoo, una de las benefactoras de las ayudas, que se instaló en Álava para fabricar electrodomésticos, le denunció en Europa la Asociación Nacional de Fabricantes de Electrodomésticos, uno de cuyos principales socios es la cooperativa de MCC Fagor.

Hay quien duda, incluso, de que la lluvia de millones de las diputaciones sirviera para renovar el tejido industrial más allá de lo que hubiera sucedido sin las extraordinarias ayudas.

En Vizcaya existe una estrecha relación histórica entre la hacienda, las grandes asesorías fiscales, y el PNV. En 2003 el que fuera director de Hacienda Javier Urizarbarrena pasó de cobrar los impuestos a las empresas radicadas en Vizcaya, a asesorar a esas empresas cómo pagar menos. El primero de julio de ese año, fichó por Price WaterhouseCoopers.

Las vacaciones fiscales no son, sin embargo, la primera ocasión en que los empresarios reciben un tratamiento especial de la Hacienda. "Nadie se puede olvidar de los pagarés forales que no llegaron a los tribunales por un pacto político, pero eran una manera legal de blanquear dinero", cita el abogado. También recuerda las cuentas de contribuyentes vascos en Suiza. Cada diputación tomó un camino. Álava y Vizcaya ofrecieron, al igual que el resto de España, como primera opción, la de regularizar casi sin sanción.