Bruselas pide al Tribunal de la UE que multe a España por no recuperar las 'vacaciones fiscales' vascas

La Comisión Europea ha llevado finalmente a España ante el Tribunal de Luxemburgo por haber incumplido una sentencia del mismo de 2006, que obligaba a recuperar las ayudas estatales ilegales otorgadas a empresas por las haciendas forales de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya. En su petición, Bruselas pide a los jueces de Luxemburgo que multen a España con 25.817 euros por cada día transcurrido desde la sentencia de 2006 hasta que se pronuncie el tribunal sobre esta petición, que será probablemente dentro de dos años.

La cuantía de la sanción acumulada durante los últimos cuatro años ascendería a unos 37 millones de euros. Para cuando el tribunal se pronuncie, la sanción total se puede elevar a más de 50 millones de euros. Además de la multa, las diputaciones afrontan gastos millonarios en partidas como las minutas de abogados, intereses de demora, costas judiciales de todos los procesos.

Bruselas pide además que si a partir de esta nueva sentencia España sigue sin recuperar las ayudas, la sanción sea de 236.044 euros diarios.

Las ayudas fueron declaradas ilegales por la Comisión Europea en 2001, que detectó seis regímenes de ayudas fiscales a empresas en Álava, Guipúzcoa y Vizcaya. Las llamadas vacaciones fiscales consistían en la exención del pago por beneficios durante varios años a las empresas de nueva creación, y en el crédito fiscal del 45%, que permitía deducir en el Impuesto de Sociedades ese porcentaje en el caso de nuevas inversiones de más de 15 millones de euros, lo que aseguraba beneficios importantes a las compañías para su puesta en marcha durante los primeros cuatro años. Bruselas pide que se recuperen 700 millones de euros concedidos a más de 300 empresas entre 1993 y el año 2000.

La Comisión ha destacado que han transcurrido "casi cuatro años desde la sentencia" del Tribunal de Justicia Europeo que declaró ilegales estas exenciones fiscales y nueve desde que Bruselas pidió a España que recuperara estas ayudas estatales ilegales.

"El objetivo no es imponer multas, sino obtener una recuperación rápida de las ayudas ilegales por parte de los beneficiarios", ha declarado hoy Amelia Torres, portavoz del comisario de Competencia, el español Joaquín Almunia, según Efe. "Cuanto antes se recuperen las ayudas, menos habrá que pagar", ha añadido.