El dinero recuperado se anota como subvenciones devueltas

Si cada vez son más quienes sostienen que las diputaciones lo hicieron mal desde el principio por forzar la máquina y buscar ventajas respecto del entorno de manera desleal, el final del proceso también está siendo más que discutible.

El dinero que las diputaciones están recibiendo de las empresas, es decir la devolución de las deducciones fiscales que recibieron en su día como ayudas a la inversión, no está entrando al circuito que siguen los fondos procedentes de la recaudación fiscal.

Es decir, las diputaciones no están dando a ese dinero el tratamiento del que recaudan como impuestos, y por lo tanto no va al reparto con el Gobierno. El ejecutivo recibe el 70% de lo recaudado y el 30% se queda entre las diputaciones que aplican para su distribución el coeficiente horizontal. Los 435 millones del IVA de la exportación de la británica Rover, que la Junta Arbitral resolvió que debían de quedarse en Álava se distribuyeron en un Consejo Vasco de Finanzas y el dinero se repartió entre las cuatro instituciones.

Pese a tener origen fiscal, el Gobierno no está recibiendo ni un euro

Las diputaciones lo están contabilizando en sus cuentas como una simple devolución de subvenciones. Pese a ser un dinero procedente de bonificaciones fiscales del Impuesto de Sociedades, estrictamente gasto fiscal, el Gobierno vasco no está viendo ni un euro de esas cantidades.

Aunque nadie precisa cuál es el objetivo de esa contabilidad que ya advirtió el Tribunal Vasco de Cuentas al analizar la de 2007, hay quien apunta a que de esa manera sería mucho más fácil llegar a un acuerdo con las empresas para intentar resolver el problema una vez solucionado el conflicto con la Unión Europea.

Un conflicto que saltó a Europa en 1997 cuando el Tribunal Superior vasco planteó al de Luxemburgo una cuestión prejudicial que finalmente no resolvió al ser retirado tras el acuerdo entre el PNV y el PP para sellar la paz fiscal. Pero la Comisión Europea ya estaba al tanto hasta el punto de abrir un expediente general contra las vacaciones fiscales que acabó calificando de ayudas de Estado contrarias a la libre competencia.