Álava es la que más dinero tiene que recuperar

La Diputación de Álava es la que más dinero tiene que recuperar, porcentualmente, ya que en su día aplicó los beneficios fiscales a muchas más empresas que los otras dos haciendas forales. El sector de las bodegas fue uno de los más directamente beneficiados con unas cuantiosas y numerosas ayudas a los nuevos proyectos empresariales que se instalaron en la Rioja alavesa. Aunque la opacidad es el principio que ha imperado en todo el proceso, en 2009 las diputaciones vascas habían recuperado, según sus propios datos, un total de 290,5 millones de 127 empresas.

De este total, Vizcaya había recuperado 134,8 millones de 21 empresas, Guipúzcoa 69 millones de 45 sociedades y Álava 86,7 millones de 61 compañías. Las haciendas estaban convencidas de que era suficiente. Pero Europa no tragó. Faltaba bastante dinero para llegar a los datos que las propias instituciones forales dijeron haber aplicado.

Las diputaciones han devuelto como si las ayudas fueran el 13% de la inversión

Las minivacaciones afectaron a 75 firmas y la bonificación del 45%, a 107 más

En 2000, precisaron que Álava fue el territorio que más se había beneficiado de las minivacaciones. Eran 40 empresas con unas inversiones previstas de 217 millones de euros; le seguía Vizcaya con 23 empresas, y Guipúzcoa con 12. Aunque Vizcaya fue la que más ayudas concedió en el caso de la bonificación del 45% de la inversión, Álava no le iba muy a la zaga. Vizcaya se lo concedió a 47 empresas, Álava a 40 y Guipúzcoa, a 20. Esta ayuda fiscal la idearon y practicaron por primera vez los socialistas en Álava para la empresa Guardian Llodio.

La falta de desacuerdo con la UE radica en que a la hora de calcular el dinero a recuperar las diputaciones barrieron para casa. Si Europa ya estaba aceptando unas ayudas fiscales de entre el 20% y el 25% de la inversión, las haciendas interpretaron que no les era exigible la devolución íntegra del 45% o de las minivacaciones, así que empezaron a restar. Al 45% de las ayudas vascas le restaron el 25% de las europeas, con lo cual sólo tenían que pedir a las empresas que reintegren cómo si les hubieran ayudado con beneficios fiscales del 20% de la inversión. Más o menos la mitad de las ayudas. Pero la cosa no se quedó ahí, y aplicaron también como descuento el resto de las deducciones que estuvieran vigentes, que podían ascender a otro 7% sobre el 45% de las bonificaciones. De este modo, las empresas sólo tendrían que devolver como si hubieran recibido ayudas fiscales del 13% de la inversión.

Así las cosas, las cantidades devueltas por las empresas -290 millones- representan en torno al 28% del total de lo que tienen que devolver.

La reclamación de Europa, que cifra en 587 millones adicionales lo que tienen que recuperar las haciendas vascas por las vacaciones y el crédito del 45% de la inversión, correspondientes a 69 empresas, más unos cien millones adicionales por las minivacaciones fiscales, encaja con ese planteamiento.

La Comisión Europea interpreta que las ayudas que en ocasiones han aprobado del 20% y del 25% de la inversión eran puntuales y estudiadas de manera individualizada. En ningún caso dentro de una ayuda general e indiscriminada. "Eso son ayudas de Estado que Competencia no puede aceptar", aseguró un abogado especializado en temas europeos.

El problema del expediente de las vacaciones fiscales vascas, es que no existen antecedentes sobre un caso similar y, por lo tanto, nadie sabe a ciencia cierta qué es lo que puede pasar a partir de ahora. Las haciendas y el Gobierno vasco -en este caso un convidado de piedra- sospechan que esta misma semana puede ser anunciada la sanción diaria que podría ser muy dura. "Estimamos que puede ser ejemplarizante por las circunstancias que han concurrido en este caso. Han pasado diez años desde que Bruselas pidió, en 2000, los datos de las empresas beneficiarias y las diputaciones los enviaron en 2009", asegura un técnico de la Hacienda alavesa.

Pero otras fuentes creen que la resolución se producirá en torno al 20 de diciembre. Más allá de esas sospechas, nadie sabe si va a haber un expediente sancionador o seis, dos por cada ayuda y por las tres provincias.

El miedo que ya han verbalizado en privado las administraciones públicas es que Europa incorpore en sus expedientes sancionadores el listado de las empresas beneficiarias.