El Síndic investigará el fraude de los pisos sociales en Badía

El Síndic de Greuges investigará a la Administración por las ventas irregulares de pisos protegidos que se dieron en toda Cataluña, especialmente en Badia del Vallès, durante los años del boom inmobiliario. A pesar de que estas compraventas se producían entre particulares, el síndic, Rafael Ribó, consideró ayer que las transacciones evidencian la una "falta de coordinación y control" por parte de la Administración competente, que en este caso es la Generalitat.

Precisamente, la secretaria de Vivienda, Carme Trilla, explicó en una entrevista a EL PAÍS que hasta 2008, cuando entró en vigor la ley de vivienda, Cataluña carecía de mecanismos para controlar "de forma sistemática" las compraventas de viviendas de protección oficial.

El organismo aprecia falta de información cuando se firmaron las hipotecas en Badia

Las transacciones irregulares de pisos protegidos han salido a la luz en Badia del Vallès por las particularidades de la localidad. La ciudad es una de las que más sufren los estragos del paro, lo cual ha supuesto que muchos ciudadanos, de momento unas 80 familias, no puedan afrontar sus hipotecas. Esas dificultades, que los dejaron al borde del desahucio, se produjeron porque habían comprado su vivienda de protección oficial (VPO) de régimen general -la más barata de todas las figuras de VPO- a un precio que incluso multiplicaba por 15 el valor tasado del piso. Y eso se dio, y ahí está la segunda singularidad, en un municipio en el que el 99,9% de las casas son sociales.

El Síndic de Greuges consideró que "situaciones como la de Badia del Vallès" han puesto de manifiesto "una falta de coordinación y de control" en las transacciones de viviendas públicas por parte de la Administración. Además, destapan casos en los que el ciudadano, cuando se dirige a su entidad financiera para contratar un crédito hipotecario, "puede no disponer de una información clara y comprensible".

El síndic, Rafael Ribó, coincidió con la secretaria de Vivienda, Carme Trilla, en el diagnóstico: "buena parte" de este problema es de "carácter privado", entre las entidades financieras que otorgaron esos créditos y las personas que los pidieron. Sin embargo, Ribó aseguró en un comunicado que, puesto que el acceso a la vivienda se trata de un "derecho constitucional y estatutario", estudiará las medidas que ha adoptado la Administración para controlar estas transacciones a partir de ahora, ya que la ley establece que, mientras una vivienda esté protegida, no puede venderse a precio libre, sino solo por el valor tasado.

El Síndic se dirigirá ahora al Departamento de Medio Ambiente y Vivienda para pedir información sobre estas medidas. Según el comunicado, la intervención del Síndic se encaminará también a estudiar "propuestas de mejora" de la coordinación de los agentes implicados -Administración, entidades financieras, notarios, registradores y particulares- en las transmisiones de viviendas y fijar los mecanismos para evitar que se vulnere la normativa.

En la nota, el Síndic de Greuges también muestra preocupación por los desahucios que son fruto de la crisis y de las cargas hipotecarias, lo que es "especialmente grave" para quienes no pueden cubrirlas y se quedan en situación de exclusión social. Según Trilla, la Generalitat no ha podido cerrar un acuerdo con todas las entidades financieras que operan en Cataluña para que realicen daciones en pago con quienes no puedan pagar la hipoteca, es decir, ejecutar el crédito y quedarse el piso, pero no echar a su ocupante, que pasaría a pagar un alquiler a la entidad. Aun así, la Generalitat ha puesto en marcha la oficina Ofideute, que trata de mediar entre personas que podrían quedarse sin casas y bancos y cajas.