El comité de Mercasevilla destapa un nuevo caso de prejubilación falsa

La sorpresa parece la dieta diaria en Mercasevilla. La empresa pública halló ayer otra persona ajena a la entidad como aspirante a prejubilarse en el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de 2003. Tras el caso de un ex dirigente del PSOE de Baeza que figuraba como trabajador beneficiado en el ERE de 2007 que trascendió el pasado martes, ayer el comité de empresa descubrió que María del Carmen Fontela González, que nunca trabajó en la empresa, estuvo incluida en el estudio de prejubilaciones del protocolo de colaboración del ERE de 2003, aunque no estuvo incluida en los documentos finales ni las pólizas, abonadas por la Junta.

Fontela aparece ligada a la cifra de 156.749 euros en concepto de "coste prima contado", y por otra parte a 174.415 euros en concepto de "coste promedio acumulado". El llamado protocolo de colaboración, firmado en 2003 por Fernando Mellet como ex director de Mercasevilla e imputado en el caso, y Francisco Javier Guerrero, ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta y vinculado asimismo al primer caso del dirigente socialista de Baeza, Antonio Garrido. El presidente del comité de empresa, Rafael Domínguez, definió a Fontela: "Es otra intrusa y no figura en los archivos de la empresa. No la conocemos".

Fontela figura ligada a 156.749 euros en concepto de "coste prima contado"

Tanto el Ayuntamiento de Sevilla como la Consejería de Empleo remitieron ayer toda la documentación sobre estos dos insólitos casos a la juez Mercedes Alaya para que depure responsabilidades. El Consistorio ha abierto una información reservada para aclarar qué ha ocurrido exactamente, aunque fuentes municipales avanzaron que consideran que la responsabilidad es de la autoridad laboral. Es decir, de la Junta. Mientras, el consejero de Empleo, Manuel Recio, ordenó una investigación interna sobre "todos y cada uno de los casos" para averiguar si ambos ERE contienen alguna anomalía más.

Ayer no trascendió la procedencia de Fontela y cómo su nombre pudo ser incluido en el ERE de 2003. Sin embargo, la aparición de Garrido en el listado del ERE de 2007 fue incluido desde la Consejería de Empleo. El primer listado original, propuesto por el comité de empresa y Mercasevilla, no incluía a Garrido entre los 17 trabajadores de Mercasevilla beneficiados. Dicha propuesta fue elevada a la Consejería de Empleo para su aprobación, por lo que tras la firma del ex director general Francisco Javier Guerrero el documento fue devuelto a Mercasevilla con un anexo de trabajadores elaborado por la Junta y al que el ex director Fernando Mellet solo estampó su firma.

A continuación, Mercasevilla remitió el listado de trabajadores beneficiados a la correduría de seguros Vitalia, que entregó el listado al Banco Vitalicio. Una portavoz de la entidad bancaria declaró: "Nos llegó la lista y entendemos que no tenemos por qué dudar. Actuamos de buena fe". Pero los mecanismos de control del Vitalicio fallaron ya que conservaba copia de la resolución enviada en primer lugar a la Junta, y que incluye el listado original. La entidad se escudó ayer en la Ley de Protección de Datos para no confirmar o desmentir los posibles pagos a Garrido.

La cuestión de si el ex dirigente socialista cobró o no los 112.000 euros que reflejan el documento de las pólizas debe resolverla la juez. En ninguno de los informes mensuales que el Banco Vitalicio envió a Mercasevilla entre 2007 y 2009 aparecía el nombre de Garrido vinculado a los pagos. Tampoco desde noviembre de 2009, cuando Mercasevilla comienza a pagar las pólizas a modo de préstamo. Cabe la posibilidad de que los pagos se hicieran a espaldas de la contabilidad conocida por Mercasevilla o se transfirieran a otra persona o entidad ajena a Garrido.

Mientras que el PSOE dijo que espera que la justicia actúe "implacablemente" si alguien cometió ilegalidades, el PP reclamó a los socialistas que aclaren "adónde ha ido el dinero" de las prejubilaciones irregulares. Izquierda Unida exigirá "responsabilidades políticas y transparencia" al Gobierno andaluz en el Parlamento.