Un mal comienzo

El llamado diálogo social entre Gobierno y sindicatos, cuyo objetivo debería ser el desarrollo de la reforma laboral aprobada por el Parlamento, empezó el viernes con un mal paso. Los sindicatos exigieron al Ministerio de Trabajo que el Gobierno renuncie a los recortes "de derechos", tales como la determinación de las causas de despido económico, si quiere contar con ellos en la mesa de negociación. La petición no se sostiene políticamente, puesto que se reclama (quizá como táctica inicial) la abrogación de una norma sancionada por el Congreso; pero, además, revela que ni UGT ni CC OO han aceptado el fracaso final de la huelga general (fuese cual fuese su seguimiento, no iba a torcer la voluntad del Parlamento) ni la debilidad en que actualmente se encuentran.

La reforma laboral debe entenderse como un texto de mínimos. Exige mejoras y desarrollos para que tenga una utilidad real, es decir, para que reduzca la dualidad del mercado de trabajo y estimule la decisión empresarial de emplear, ya que directamente la reforma no creará ni un solo puesto de trabajo. Esos desarrollos y mejoras se pueden señalar inequívocamente: intermediación en el mercado laboral para activar las contrataciones; precisión del arbitraje en las causas de despido; aproximación de los costes de despido en los tipos de contrato y descuelgue de las empresas de las negociaciones sectoriales o territoriales para que los trabajadores puedan, si lo desean, intercambiar empleo por salarios. Estos puntos, entre otros, necesitan de un pacto meditado, pero rápido; y la sensación de que los agentes sociales evitan entrar en una negociación realista no infunde optimismo.

La economía española está estancada y sufre un exceso de endeudamiento, que los inversores financian con costes elevados. El riesgo es que se reproduzca en España una situación como la de Grecia o la que ahora mismo acecha a Irlanda. Las soluciones son conocidas: más ahorro, un plan de ajuste del gasto público, una mejora de la productividad cuyo primer paso debería ser una reforma laboral seria y una reforma de las pensiones que alivie la presión sobre las finanzas públicas. El nuevo episodio de crisis de la deuda acrecienta la probabilidad de que sean necesarios nuevos ajustes de gasto, incluyendo la sanidad, en 2011.

Sorprende que los sindicatos no perciban la gravedad de la situación; y más cuando otros países de probada seriedad, como Reino Unido, proponen recortes públicos más drásticos que el español y aceptan la racionalidad de que los subsidios de desempleo se paguen a quien desea trabajar. Se suele olvidar que patronal y sindicatos tienen atribuidos en la Constitución tareas de negociación que van más allá de la representación de sus asociados. Si la CEOE, UGT y CC OO son incapaces de aceptar la urgencia de este diálogo, tal vez deberían ser remitidos al Ministerio de Hacienda para que se negocie a la baja las cuantiosas subvenciones que reciben por su papel negociador.