Quién y cómo negocia con la basura

El caso Brugal ha sacado a la luz el extraordinario negocio que supone en la Comunidad Valenciana la gestión de los residuos sólidos urbanos (RSU) que desplazan los municipios a los vertederos autorizados. El Plan Integral de Residuos (PIR) de la Comunidad Valenciana data de 1997, y establecía un periodo de cinco años para que estuvieran construidas las infraestructuras necesarias de los 18 planes zonales. Pero 13 años después, este negocio avistado en su día por el ex presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, es un auténtico despropósito que ha generado numerosas tensiones territoriales y políticas, un ingente tráfico de intereses y dinero y el reparto por zonas de influencia de las diferentes partes del pastel entre un puñado de empresas.

Es difícil calcular los residuos que se generan, su gestión y el beneficio que dan

Varios colectivos denunciaron al Seprona los vertidos sin tratar

Es casi imposible calcular el volumen de residuos que se generan, cómo se gestionan y cuánto dinero ingresan los concesionarios. Los municipios no controlan la basura que recogen las empresas contratadas para retirarla, nadie controla a los receptores autorizados por la administración y nada se sabe de la valorización (reciclaje) de la basura que tratan.

El nuevo Plan Integral de Residuos, que debía sustituir al de 1997 y fue confeccionado en 2008, está todavía en fase de exposición pública. En 1995 cada valenciano generaba unos 400 kilos de residuos, que son ya más de 500 y que en 2020 llegarán a 600, un 33% más en 25 años. Además, según recoge el PIR, en 2020 habrá en la Comunidad Valenciana casi siete 7 millones de habitantes, lo que quiere decir que el Plan no dará cobertura a toda la población si atendemos a la capacidad de las plantas y vertederos previstos.

La necesidad de transportar la basura a centenares de kilómetros y el hecho de que cada concesionario de los diferentes planes zonales marque sus tarifas ha incrementado, en muchos casos hasta el doble, el recibo que los ciudadanos pagan por una tasa que genera rechazo social, entre otras cosas por la falta de información sobre unas instalaciones que pueden ser inocuas si están bien gestionadas. Instalaciones que son vigiladas más por la policía que por la Generalitat, lo que deriva la inspección al ámbito judicial. De hecho, el verano pasado la coordinadora de las partidas rurales de Alicante, Ecologistas en Acción y Salvem Fontcalent presentaron una denuncia al Seprona, dependiente de la Guardia Civil, por "el vertido masivo de residuos sin tratar en el vertedero municipal de Fontcalent", porque "está prohibido por la legislación europea, estatal y autonómica de residuos". Y eso que en algunos casos los incrementos de la tasa se han dejado hasta que pasen las municipales de 2011 para no alarmar a la población.

El ejemplo de lo que hay en juego fue el intento de adjudicación de la recogida de basura de Orihuela en 2008 por 190 millones de euros en 20 años. Siete grupos concursaron para quedarse con el pastel que perseguía Ángel Fenoll, uno de los principales imputados del caso Brugal. Fenoll compareció con la mercantil Colsur y el grupo Urbaser, pero también lo hicieron FCC, Acciona, Cespa-Ortiz, La Generala y la UTE formada por Sufi, Liasur y Gobancast. Esta última resultó la adjudicataria un año antes de un contrato posteriormente anulado por los manejos de Fenoll para comprar voluntades políticas, las grabaciones que él mismo llevó a la Fiscalía y su primera detención en 2007, en lo que ya puede considerarse la primera fase del caso Brugal.

Esta cadena de corrupción tomó el vuelo definitivo tras el verano de este año. La causa fue la adjudicación del vertedero del plan zonal XVII, que en enero de 2008 fue otorgado a Cespa-Ortiz en la finca Lo Cartagena de la pedanía oriolana de Torremendo. Sin embargo, Fenoll, que también se presentó a la adjudicación, consiguió que la planta de basuras fuera trasladada a la finca La Pistola, que había conseguido comprar unos meses antes y con la que pretendía realizar un pelotazo de más de tres millones de euros. Una sucesión de trapicheos y connivencias ha acabado con la detención y posterior imputación, entre otros, de Enrique Ortiz y el presidente de la Diputación José Joaquín Ripoll, que ha destapado, a consecuencia de las grabaciones efectuadas, una larga lista de corruptelas vinculadas a la redacción del nuevo plan general de Alicante, entre otros asuntos.

Una estimación realizada con los datos de la Generalitat, los que proporcionan las plantas de tratamiento y otras valoraciones de expertos, abundan en que en la Comunidad Valenciana se generan unos tres millones de toneladas de residuos, aunque luego cada vertedero cobra una cantidad diferente por cada tonelada que recibe en su planta, que puede variar desde los 25 euros que paga Elche hasta los más de 50 de Alcoi. Sólo puede hacerse una aproximación, pero multiplicando por 35 euros, el tratamiento de la basura en las plantas autorizadas, los residuos valencianos representan un volumen de negocio de más de 100 millones de euros anuales que apenas tiene mecanismos de control y que podrían ascender a casi el doble porque, según fuentes autorizadas, casi todos los vertederos pueden tratar el doble de toneladas que declaran como capacidad máxima.

La Comunidad Valenciana está dividida en 18 planes zonales de residuos, aunque se han constituido finalmente 10 consorcios y otras tres fórmulas asociativas que cubren todo el territorio. En el área de gestión 1 del Plan Zonal III y VIII (Valencia y su área metropolitana), la administración competente es el Emtre (Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos). En Alicante ciudad la administración competente es el Ayuntamiento de la ciudad y en la zona XVIII (Baix Vinalopó y parte del Vinalopó Mitjà) hay un consorcio que funciona desde 1997. En estas tres no tiene presencia la Generalitat que, junto con las diputaciones, controla el resto de entes, es decir, los consorcios del Norte de Castelló, Castelló Centro, Sur de Castelló-Norte de Valencia, Valencia Interior, Las Riberas y Valencia Sur, El Vinalopó, L'Alcoià, Las Marinas y La Vega Baja. Las diputaciones tienen el 15% del voto ponderado, el 25% es del Consell y el otro 60% de los municipios que componen cada consorcio en función de su población. El resultado final es que el PP los dirige todos, hasta el punto que tras la moción de censura de Benidorm, Ripoll convocó una reunión del consorcio de la zona XV (Las Marinas) para trasladar su domicilio social a la sede de la Diputación. La zona XV era la única que mantenía su sede fuera del ente provincial. Los socialistas no presentaron oposición alguna.

El reparto de la gestión de los planes zonales se ha hecho de forma arbitraria, dado que cada ente supramunicipal ha adjudicado su planta de tratamiento, si bien el consorcio de las zonas II, IV y V, de Castelló centro, mantiene la planta de una empresa de capital público propiedad de varios ayuntamientos de la zona que está operativa desde 1998, la planta de la zona XIII (El Vinalopó) en Villena es de Vaersa (empresa pública de la Generalitat), que también tiene el 51% de la planta de Xixona para dar servicio a L'Alcoià, o sea, al consorcio de la zona XIV.

En Castellón han conseguido adjudicaciones empresas locales Tetma, Lubasa y Azahar, SA, esta última en UTE con Teconma (que depende de la SEPI) y el socio tecnológico Ecodeco, una empresa de capital italiano.

En Valencia, FCC interviene en dos de los planes zonales, aunque también han conseguido su parte Florentino Pérez (Urbaser), Sedesa, Lubasa, Sufi, SAV o Cyes.

En Alicante, Cespa comparte accionariado con Vaersa, Enrique Ortiz se lleva la mayor parte con la adjudicación de Alicante ciudad y La Vega Baja (plan zonal XVII), FCC gestiona la planta de Las Marinas y Florentino Pérez comparte con Hormigones Martínez la planta de Elche.