Los políticos comen de su mano
Enrique Ortiz es el gran empresario de Alicante. Monopoliza contratas y suelo. Dueño del Hércules. La Operación Brugal destapa sus favores con altos cargos y le sitúa como uno de los cabecillas de la trama. Está imputado por cohecho, tráfico de influencias y fraude
Desde hace tiempo corre por Alicante el dicho de que, sea cual sea el resultado de unas elecciones municipales, gana Ortiz. Y cuando Enrique Ortiz lo escucha, lejos de simular indignación porque una frase de ese tenor viene a corroborar que goza del favor de los políticos, emite una sonrisa de satisfacción. Como es hombre franco al expresarse, responde: "Me gusta ganar siempre". En apenas una década, se ha convertido en el principal empresario de Alicante y en uno de los más poderosos de la Comunidad Valenciana. Su mérito descansa en su capacidad para acumular suelo urbanizable y su habilidad para obtener todo tipo de concursos públicos. En Alicante ejerce casi un monopolio. Lo malo es que esta posición tiene otra lectura: ¿a cuántos políticos ha beneficiado Ortiz para que no se le niegue una contrata?
El crecimiento de sus empresas coincide con la llegada de Alperi a la alcaldía de Alicante y su aproximación a Zaplana
Según un informe de la oposición, el 75% del suelo urbanizable de la ciudad gira en torno a Ortiz y sus empresas
Es campechano. Tiene un Ferrari que apenas usa: "Como buen contratista adoro los coches"
Ortiz es incómodo para los socialistas: algunos aún tienen que dar explicaciones por haber trabajado para él
La víspera de San Fermín, Enrique Ortiz fue detenido y conducido a los juzgados de Alicante para declarar por su participación en ciertos asuntos turbios de la denominada Operación Brugal, una trama de corrupción política en la que estaban también implicados destacados dirigentes populares de la provincia de Alicante, como el presidente de la Diputación (José Joaquín Ripoll), la alcaldesa (Sonia Castedo) y el anterior alcalde (Luis Díaz Alperi), además de otros 27 cargos públicos. Se le acusaba de cohecho, fraude y tráfico de influencias dentro de una investigación que arranca en las irregularidades cometidas por una contrata de basuras en la localidad de Orihuela y que se ha extendido hasta alcanzar 14 poblaciones entre Alicante y Murcia. La fecha de la detención era especialmente incómoda para Enrique Ortiz: estaba reunido con sus amigos de la infancia para disfrutar de las fiestas de San Fermín en Pamplona como hace todos los primeros de julio desde hace 21 años. Si hay un momento particularmente especial es ese, cuando se mete en una caravana con los miembros de la peña Los Chilindrones y se desplaza a Pamplona. "Nos vamos de juerga, sin mujeres", confirma. Ese día en particular, Ortiz llevaba la cabeza casi rapada y así tuvo que presentarse ante el juez, con motivo de una promesa por el ascenso del Hércules a Primera División conseguido unas semanas atrás. Para que no hubiera duda de la omnipresencia de Ortiz en la ciudad, también es el propietario del Hércules, el principal club de fútbol de la capital.
Durante tres años, la policía había intervenido su teléfono, vigilado sus movimientos e investigado sus negocios. Y sus empresas tienen mucho que ver (casi todo) con la gestión pública. Ortiz controla un conglomerado de sociedades (alrededor de 35), cuya matriz es Grupo Cívica, denominación que adoptó en 2007 como una operación a mitad de camino entre el maquillaje y el marketing: el nombre originario de su empresa era Enrique Ortiz e Hijos Contratista de Obras, SA, pero como sus actividades se habían diversificado tanto resultaba que el apellido Ortiz estaba en todas las salsas de la ciudad y llamaba demasiado la atención. Quien había comenzado como un modesto contratista de obras y más tarde se había iniciado en la promoción inmobiliaria, como consecuencia de su habilidad para adquirir suelo urbanizable, era desde el año 2003 un empresario capaz de prestar innumerables servicios a la Administración, tanto municipal como autonómica. Más del 80% de sus ingresos netos en el año 2003 procedían de actividades en el sector privado; en 2006 ese porcentaje bajó al 25%. Desde entonces no se ofrece ese dato, pero a la vista está que sus empresas trabajan casi en exclusiva para el sector público.
Pocos servicios escapan a su control: limpieza de calles, recogida de basuras, concesión de autopistas, gestión de residencias de la tercera edad, tratamiento de residuos urbanos, explotación de aparcamientos y de estaciones de autobuses, concesión de líneas de tranvías, construcción de hospitales y de líneas de metro, incluso la gestión del cementerio. Solo en la ciudad de Alicante, Ortiz participa en contratas públicas por valor de 42,1 millones de euros, cifra que representa el 16% del presupuesto del consistorio alicantino en 2010: su actividad está en la recogida de basuras, limpieza de la ciudad, de las dependencias municipales y de los colegios, arreglo de aceras, aparcamientos y gestión del cementerio.
Todo ello sin contabilizar su presencia en los principales planes de actuación urbanística, donde también suelen aparecer las empresas de Ortiz en solitario o formando parte de UTEs (uniones temporales de empresas) con otras compañías de carácter nacional e incluso bancos. La principal actuación urbanística se concentra en Alicante en el llamado Plan Rabassa, que prevé la construcción de 13.505 viviendas en la periferia norte de la ciudad, de ellas más de 8.000 de protección oficial, y que es la mayor operación de este tipo activa en la Comunidad valenciana. Son poderosas razones para concluir que prácticamente no hay sitio en Alicante para una empresa en la que no esté Ortiz.
Puede decirse que no hay sitio, porque apenas hay suelo disponible en Alicante fuera de su alcance. Según un informe elaborado por la oposición, el 75% del suelo urbanizable de la ciudad gira en torno a Ortiz, quien también controla el 77% de las viviendas pendientes de construcción en la capital. Entre 2003 y 2008, el volumen de sus activos se ha multiplicado por cinco, hasta alcanzar los 1.035 millones de euros.
"Ha sido un empresario avispado, arriesgado. El más atrevido de los que ha tenido la provincia. Es hábil, campechano, se ha ido formando con el tiempo. Es un personaje cercano. No habíamos tenido en Alicante un empresario con influencia en Valencia", dice un ex dirigente socialista. "Los que había no salían de los límites de la ciudad. Y ha apostado por cosas que le interesan a la gente: el Hércules, por ejemplo. Su capacidad le permite cierta omnipresencia". Los competidores consultados por este periódico no emiten opiniones negativas hacia su persona, a pesar de sentirse perjudicados por su ingente actividad y su facilidad para ganar concursos y concesiones: "El culpable de lo que está pasando no es Ortiz", afirma un contratista. "Es el sistema. Somos víctimas desde el punto de vista del empresario. Yo tengo una buena relación personal con él. Debería cambiarse el sistema para que propicie que las concesiones y las contratas se hagan con más transparencia".
"Ortiz no dejaba de ser un contratista de tamaño medio hasta que en 1996 descubre el mundo del suelo gracias a la ley que impulsa Zaplana [presidente de la Generalitat valenciana] y a la figura del agente urbanizador", reconoce un político socialista que no autoriza la divulgación de su nombre. Y es que, incluso para los socialistas, la sombra de Ortiz resulta incómoda: algunos todavía tienen que dar explicaciones por haber trabajado para él. Es el caso de Blas Bernal, ex concejal socialista en Alicante, que llegó a ser director general del Hércules, o de Ángel Luna, abogado, diputado, actual portavoz socialista en el Parlamento valenciano y alcalde de Alicante entre los años 1991 y 1995: años después de perder las elecciones trabajó un tiempo como abogado para Ortiz.
Es curioso. Hay 24 políticos implicados en la Operación Brugal: 22 son del PP y 2 del PSOE, estos últimos, como algunos de sus colegas del Partido Popular, por haber pedido favores personales a Ortiz. Los del PSOE han dimitido de sus cargos. Dentro del PP no se ha producido todavía ninguna renuncia. "Es un hombre que actúa al límite. Sabe siempre darle una vuelta de tuerca a las cosas", dice un ex empleado suyo. "No tiene sentido del ridículo", añade, "y ello le permite proponer cualquier cosa, pero, como tiene un punto creativo, a veces da con la idea adecuada". De todas formas, todas las fuentes consultadas coinciden en afirmar que el crecimiento de sus empresas tiene mucha relación con la llegada a la alcaldía de Alicante del popular Luis Díaz Alperi y su aproximación a Zaplana. Desde ese momento sus empresas crecen exponencialmente, siempre relacionadas con obras públicas y contratas.
Y en ese punto es donde comienza a sospecharse que Enrique Ortiz tiene una enorme facilidad para congeniar con los altos cargos. Es un hombre abierto que no se esconde a la hora de hacer favores. Los informes policiales de la Operación Brugal revelan cómo Enrique Ortiz ha sido muy generoso a la hora de emplear a familiares de altos cargos o de beneficiarles en sus negocios, caso de la empresa de uno de los hijos de la actual alcaldesa de Alicante, a quien ayudó con 30.000 euros en la constitución de la sociedad y ha destinado contratos de sus empresas. El marido de Sonia Castedo trabajó para Ortiz. No es de extrañar que en una de las conversaciones intervenidas por la policía un concejal de Alicante se refiera a Castedo como "tu amiguita", en conversación con Enrique Ortiz. Y Ortiz no se reprime en su familiaridad con la alcaldesa: "Intenta tener el planito y me lo enseñas", le dice a Castedo.
Su íntima relación con el ex alcalde Luis Díaz Alperi tampoco pasa desapercibida. Alperi fue alcalde de Alicante durante 13 años. Un buen día, en 2008, dimitió sin dar demasiadas explicaciones. Ya había tenido problemas con la justicia y había sospechas sobre el crecimiento de su patrimonio personal. Al llegar a la alcaldía, Alperi estaba a punto de ser embargado por las deudas que acosaban a su empresa. Tras dejar la alcaldía, su patrimonio se había incrementado hasta el punto de que, como consecuencia de la Operación Gürtel, se descubrió que le había regalado un reloj valorado en 24.000 euros a Ricardo Costa, mano derecha del presidente Francisco Camps y secretario general del PP en Valencia. A Díaz Alperi le llaman en la ciudad Luis XV desde hace algún tiempo. Por cierto, según el sumario de la Operación Brugal, sus hijos viven alquilados en pisos de las empresas de Enrique Ortiz.
Todos ellos, Castedo, Díaz Alperi y Juan José Ripoll, presidente de la Diputación de Alicante, han disfrutado durante varios veranos del yate Elena, propiedad de Enrique Ortiz. Viajan a las Baleares juntos en compañía de sus cónyuges. En alguna ocasión, incluso, utilizan el yate en ausencia de Ortiz. Confraternizan también en la Feria de Sevilla. La familiaridad entre todos ellos es descarada.
Ortiz hacía otro tipo de favores a los alcaldes. Por ejemplo, en el caso del Hércules. A Ortiz no le gustaba el fútbol. "Jugué de pequeño, pero no lo seguía. Ahora me apasiona", reconoce. Hacia 1999, no dejaba de ser un empresario medio cuando le proponen que se haga cargo del Hércules, un equipo endeudado (9 millones de euros) al borde de la desaparición y que militaba a duras penas en el pozo de la Segunda B. Y Ortiz acepta. Hace el favor. "Entonces", dice un empresario, "adquiere visibilidad y empieza a ser conocido. Conoce el poder que otorga esa popularidad. Y le gusta".
Entre unas cosas y otras, entre celebraciones y favores, las empresas de Ortiz suman contratas y obtienen la aprobación de planes urbanísticos de forma imparable. En Alicante y fuera de Alicante. Se lo dice Ortiz a un subordinado en las grabaciones policiales: "Tenemos que presentarnos, de las consejerías, a toda la comunidad, a las diputaciones igual. A lo de la comunidad, tenemos que presentarnos a todo. ¿No ves que tenemos reparto? Y aquí nos toca. ¡Madre mía, madre mía!".
Su mérito es evidente: ha ganado concursos con ayuntamientos socialistas y populares y, dentro de los populares, con ayuntamientos presididos por partidarios de Camps y por partidarios de Zaplana, cuando es bien sabido que quien hacía negocios con zaplanistas aparecía en la lista negra de los campistas y viceversa. Nadie se resistía a Ortiz.
En estas actividades, Ortiz parece comportarse como un profesional. "Como un buen comercial", según se define a sí mismo. Porque su círculo privado es muy reducido: su familia y sus amigos de la infancia, con quienes comparte correrías. No utiliza un jet privado, ni siquiera usa su Ferrari ("como buen contratista, me apasionan los coches", dice, "por eso tengo un Ferrari, aunque apenas lo uso"): se monta en la caravana con sus amigos. Entrado ya en los 50, no es persona ostentosa, salvo en el uso del yate Elena: viste discretamente y usa su despacho de siempre, ya un tanto pasado de moda. No utiliza el ordenador. Cuando los policías registraban su oficina, les dijo: "Pueden llevarse sin problemas el ordenador. Apenas lo uso". Y era cierto: carecía de información. Durante algunas fases de la investigación, algunos inspectores parecieron acusar cierto síndrome de Estocolmo respecto de Enrique Ortiz. "Este tío parece buena persona", comentaban a los jefes de Madrid.
Según fuentes de su entorno, Ortiz tiene dos iconos. Uno es Zaplana. Hay quien afirma que dejó el tabaco porque un día Zaplana le dijo que fumar era de perdedores. No es cierto: fuma puritos. Su otro ídolo es Florentino Pérez, presidente de ACS y del Real Madrid. Sea como fuere, la Operación Brugal ha puesto en entredicho su forma de hacer negocios. Las consecuencias no se han hecho esperar: no ha podido obtener ninguna contrata de las obras del AVE a Alicante. Cuando hizo gestiones para obtener una explicación obtuvo el siguiente mensaje: "Lo sentimos mucho, pero tenemos órdenes de que a Ortiz ni agua". "Voy a trabajar para recuperarme", dice, perdiendo por una vez la sonrisa. En las circunstancias actuales, el dicho "Ortiz gana" parece haber caducado.
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